Dos técnicos contratados por la Generalitat para la consulta del 9-N han admitido este jueves que instalaron la aplicación informática usada en la votación tras la suspensión del Tribunal Constitucional y han asegurado que ésta se confeccionó con callejeros pero no con bases de datos personales públicas.
Según han informado fuentes judiciales, dos técnicos de la empresa T-Systems han declarado este jueves como testigos, a propuesta de la Fiscalía, ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que investiga al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega por mantener la consulta del 9-N tras la suspensión del Constitucional.
La Fiscalía pretendía aclarar si la empresa siguió adelante con los encargos relacionados con el 9-N, tras la suspensión, y si utilizó bases de datos personales públicas -registro de asegurados del Servicio Catalán de Salud y del Registro de Población de Catalunya- para elaborar las aplicaciones informáticas usadas en la votación.
Los técnicos de T-Systems, empresa que creó las aplicaciones informáticas del 9-N, han reconocido que apuraron al máximo los plazos de ejecución del encargo, de forma que éstas se instalaron en los ordenadores portátiles usados para la votación entre el 7 y 8 de noviembre, días después de que el Constitucional suspendiera la consulta de independencia.
Además, han reconocido que técnicos de la empresa trabajaron la jornada del 9-N para asesorar a los voluntarios ante las incidencias que pudieran surgir durante la votación y permanecieron de guardia por si era preciso que actuaran para repeler ataques informáticos a la web de la votación.
Según consta en el sumario, el mismo día en que se suspendió el 9N, T-Systems envió una carta a la Generalitat para saber si debía seguir adelante con sus gestiones para la votación, a lo que el Gobierno catalán le respondió el 7 de noviembre que, consultados los servicios jurídicos de la Generalitat, ninguna de las actividades del encargo resultaban “explícitamente afectadas” por la resolución del Constitucional.
De hecho, la investigación del TSJC se centra principalmente en averiguar si la Generalitat mantuvo los preparativos sobre la votación una vez que el Tribunal Constitucional había suspendido la consulta, por si ello pudo constituir un delito de desobediencia.
Asimismo, los testigos citados para hoy han negado que el programa informático que crearon para los ordenadores utilizados en la votación incluyera información de bases de datos públicas y han precisado que éste fue confeccionado a partir de mapas callejeros de poblaciones.
En la aplicación informática, han añadido, los voluntarios del 9N se limitaban a introducir el DNI de los ciudadanos para comprobar si acudían a la urna correspondiente y si no habían votado antes, sin que los ordenadores portátiles utilizados estuvieran conectados entre sí en una red.
Los técnicos han sido interrogados además en relación con el proyecto “Invictus”, una base de datos que admiten que la Generalitat les encargó en 2013, sin vincularla al 9-N, en la que recabaron informaciones de identidades personales basadas en el registro de asegurados del Servicio Catalán de Salud.
Los testigos, han añadido las mismas fuentes, han afirmado que desconocen si el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI), que les hizo el encargo, usó esa base de datos para alguna de las gestiones relacionadas con el 9N, aunque tampoco lo han descartado.
Según los testigos, el CTTI les encargó ese censo con el fin de utilizarlo en distintos servicios telemáticos de la Generalitat y la base de datos se entregó a la administración entre febrero y marzo de 2014, meses antes de que se convocara el 9-N.