El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha hecho este lunes, pasado el mediodía, acuse de recibo de la notificación con la que el Constitucional le ha advertido de que celebrar una sesión de investidura en ausencia de Carles Puigdemont conllevaría una querella por desobediencia. A menos de 24 horas de que comience un pleno que, de momento, está convocado, la decisión recae sobre sus espaldas: exponerse a una inhabilitación o suspender la investidura del candidato.
En la disyuntiva a la que se enfrenta el presidente junto a los cuatro miembros independentistas de la Mesa pesa, por un lado, la sensación de que dejar caer el pleno es claudicar. “Si cedemos en la presidencia de la Generalitat cedemos en todo”, aseguró el pasado viernes el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, una frase que resume el espíritu con el que el círculo partidario del president encara el arranque de la legislatura.
Pero, por otro lado, en sectores de ERC hay un cálculo sobre los costes y beneficios de la desobediencia. En el balance de costes sitúan una posible querella contra los cuatro miembros independentistas de la Mesa, que podría acabar en una inhabilitación. Un precio pagable, admiten, si no fuera porque entre los beneficios solo cuentan una investidura de Puigdemont que no llegaría a materializarse por la segura suspensión inmediata del Constitucional.
Esta diferencia de estrategias, entre el “legitimismo” de Puigdemont y el “realismo” de ERC, ha separado a los dos principales partidos independentistas desde al menos la campaña electoral. Pero este martes la discrepancia pasará su prueba de fuego, cuando pase de debate interno a decisión sobre una cita clave como es la investidura. Un acuerdo a medio camino al que señalan algunas fuentes es el aplazamiento del pleno por 10 días, hasta que el Constitucional decida si acepta a trámite el recurso del Gobierno. Esta vía ha sido puesta sobre la mesa pero, a menos de 24 horas, no había acuerdo para su activación.
La reunión de la Mesa, clave
Uno de los momentos decisivos será la reunión de la Mesa del Parlament, que comenzará a las 10:00 horas. Entre los asuntos presentes en el orden del día está la aceptación de la delegación de voto de los dos presos, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez, o la aceptación de las credenciales de los diputados que sustituyen a las últimas tres bajas, las de los exonsellers que se encuentran en Bruselas.
La Mesa, donde los independentistas tienen mayoría, podría también decidir en esa reunión suspender el pleno en vista de que es objeto de un procedimiento judicial en curso. El PSC ya ha anunciado que lo reclamará así, considerando que tras la decisión del TC el presidente debería hacer otra ronda de consultas a los grupos con el objetivo de proponer otro candidato viable.
La reunión de la mañana no es, sin embargo, el último momento en el que se podría decidir la suspensión. La Mesa podría seguir adelante con el pleno y llegar a abrir la sesión, pero cancelarla en el momento que se constate que el candidato a la investidura no se encuentra entre los presentes. Todo ello mientras el Constitucional se reunirá a las 13:00h. para decidir si levanta la prohibición de la investidura a distancia antes del pleno, que está convocado a las 15:00h.
Con todo, en las vísperas del pleno el ánimo de los independentistas no se decantaba hacia la suspensión del debate. Fuentes independentistas interpretaban el domingo que la votación estaba “igual de suspendida que el viernes”, es decir, no suspendida, razón por la que, a su entender, debía producirse.
Lo que sí había cambiado con el auto del Constitucional es precisamente la advertencia a los miembros de la Mesa. Como atestiguó la pasada legislatura, recibir una de estas notificaciones de apercibimiento es, en muchos casos, el paso previo a comparecer ante un juzgado. Hasta el sábado el bloque independentista pensaba poder sortear estas advertencias al menos hasta pasar el pleno del Parlament, incluso forzando el reglamento. Esto ya no será así.
El soberanismo pugna por seguir adelante
La presión sobre Torrent ha ido en aumento durante el fin de semana, desde que el sábado se conociera la decisión del tribunal. El mismo sábado por la tarde la CUP anunció su apuesta nítida por la desobediencia, que le lleva a apoyar únicamente a Puigdemont y no a ninguna otra alternativa.
También JxCat llamó el domingo a “persistir” en la vía de Puigdemont. “No hay plan B a la democracia. El plan B es más democracia”, aseguró el portavoz de la formación, Eduard Pujol, mientras los diputados de JxCat aseguraban que el martes a las 15 horas estarían en sus escaños esperando para votar por Puigdemont.
ERC ha esperado hasta este lunes para reaccionar, pero lo ha hecho en sentido similar. “Sabemos a qué nos exponemos pero no podemos ceder a las presiones”, ha considerado el portavoz republicano, quien ha asegurado que la respuesta al Constitucional solo podía ser la “firmeza” de los independentistas.
Incluso Catalunya en Comú ha manifestado su oposición a las medidas dictadas por el Constitucional apostando por mantener el pleno del candidato Puigdemont, a quien han reiterado que no apoyaran. Pese a eso, los 'comuns' han asegurado que se mantendrán en el pleno, participarán en el debate y votarán -en contra- en la investidura, a diferencia del resto del bloque de la oposición, que optará por no participar.