El Govern de la Generalitat ha retomado este jueves, después de casi ocho meses de intervención, su acción ejecutiva ordinaria. Una de las primeras decisiones tomadas y que pretende marcar el carácter de toda la legislatura es la de personarse ante el Constitucional para defender las 12 leyes suspendidas que todavía no tienen sentencia. También recurrirán la aplicación del 155, que desde el Govern consideran que ha sido un “golpe de Estado”.
La nueva portavoz del Ejecutivo, la consellera de la Presidència Elsa Artadi, ha enumerado las 12 leyes, relativas a cuestiones como la cobertura sanitaria a migrantes irregulares, el impuesto a pisos vacíos, la creación Agencia Catalana de Ciberseguridad, la ley contra el cambio climático o la protección contra los desahucios. “Son medidas pensadas para defender derechos de la población y el impulso económico, creemos que con un Gobierno en Madrid que se dice progresista estos litigios no deberían de existir”, ha considerado Artadi.
La Generalitat había perdido su capacidad de personarse ante los recursos del Gobierno ante el Alto Tribunal, razón por la que también habían quedado paralizados los plazos administrativos habituales. El Govern pretende ahora presentar alegaciones en todos los casos, pero también negociar a través de la comisión bilateral que mantiene el Gobierno central con cada autonomía.
Igual que en el caso de las leyes suspendidas, el Gabinete de Torra presentará alegaciones contra el 155. El Govern considera ilegal tanto la forma de tramitar la intervención como por las medidas aprobadas por el Senado el 27 de octubre. “Fueron un abuso del artículo constitucional”, ha considerado la portavoz, confirmando que piensan personarse por su cuenta contra ese acuerdo de la Cámara Alta, además de sumarse al recurso que hizo en su día el grupo de Unidos Podemos.
En una legislatura que se prevé de gran calado judicial, el Govern también ha anunciado la decisión de ampliar la querella que Torra interpuso, a título individual, contra Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, por su negativa a publicar el primer decreto de nombramientos de los consellers. Sobre este, Artadi ha explicado que todos los consellers que habían sido nombrados en aquel decreto han decidido secundar la querella.
Comisionado del 155 y Oficina de Derechos
La recuperación de leyes recurridas, suspendidas o anuladas, será la espina dorsal de este arranque de la actividad gubernativa catalana. Por eso, además de litigar por las que todavía están sometidas a juicio del Constitucional, el Govern ha creado la figura del Comisionado para el Despliegue del Autogobierno conocido como el “del 155”. El trabajo de este nuevo cargo, para el que aún no hay ocupante, será estudiar la forma de recuperar medidas contenidas en leyes que han sido anuladas mediante sentencia firme.
De forma paralela al comisionado del 155, que colgará del departamento de la Presidència, la Vicepresidència ha creado la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, centrada en la defensa de la ciudadanía ante eventuales vulneraciones de derechos en este ámbito.
En el capítulo de nombramientos, el Govern ha puesto desde este martes nombre y apellidos a buena parte del 'sottogoverno', como son secretarios y directores generales de los principales departamentos. Entre la lista aparece la “restitución” como nuevo secretario de Comunicación de Antoni Molons, quien fuera cesado por el 155 tras ser detenido en marzo pasado en una operación contra la supuesta financiación del referéndum.
Normalización de las relaciones
Una de las voluntades más firmes del nuevo Govern es mantener la reunión con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Preguntada por el acercamiento que el Ejecutivo central intentará antes de este verano, Artadi se ha mostrado satisfecha y ha asegurado que el Govern atenderá “con mucho gusto” este acercamiento. La portavoz ha considerado además que la reunión con Torra “es una de las prioridades que tiene el nuevo Gobierno de Sánchez”.
Pero en la agenda de reuniones del nuevo Govern no solo figura la Moncloa. Torra ha tiene previsto iniciar una ronda de contactos con todos los líderes de los partidos presentes en el Parlament, para normalizar las relaciones y explicar sus objetivos de legislatura. La líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha contestado sin embargo que no se reunirá con el president mientras en la fachada del Palau siga la pancarta que denuncia la existencia de “presos políticos”. “No se quitará hasta que los presos políticos vuelvan a casa”, ha asegurado contundente la portavoz.
El president Torra tiene además la intención de enviar una carta a los principales mandatarios europeos con el objetivo de dar cuenta de la nueva situación de la Generalitat, denunciar la “excepcionalidad” de la existencia de políticos en prisión y perseguidos por la justicia, y mostrarles el compromiso de su Ejecutivo con el diálogo y los Derechos Humanos, según ha explicado Artadi.