Aunque amagó con la posibilidad de negarse a participar, el president de la Generalitat, Quim Torra, no solo tiene interés en la mesa de negociación entre gobiernos que ERC ha pactado con el PSOE sino que este miércoles incluso ha optado por tomar las riendas, con la imposición de nuevas condiciones y puenteando algunos de los acuerdos alcanzados por sus socios de gobierno republicanos. De entrada el jefe del Govern reclama que, antes de nada, Pedro Sánchez lo reciba personalmente. El equipo de Torra quiere que sea esa reunión donde se establezcan los parámetros de la mesa entre gobiernos.
Sánchez y Torra han mantenido este jueves una conversación telefónica en la que han quedado en reunirse cuando Sánchez haya formado su Gobierno. Según Moncloa, el presidente del Ejecutivo ha señalado al de la Generalitat su “voluntad sincera de intentar arreglar el conflicto político en Catalunya”. El Govern ha informado en otro comunicado de que para Torra la reunión con Sánchez deberá “servir para encauzar la mesa de negociación”.
La nueva condición de que la reunión entre ambos se celebre antes de iniciar la negociación hizo que este miércoles la portavoz del Govern desdeñase el calendario pactado previamente entre el PSOE y ERC. Según el documento aprobado por ambos partidos, la negociación se abriría a los 15 días de formarse el nuevo gobierno. “La negociación comenzará cuando Sanchez y Torra lo acuerden, cuando se reúnan entre los dos”, dijo Budó para impugnar el acuerdo entre socialistas y republicanos.
Desde el Govern se limitan a asegurar que cuanto antes sea el encuentro antes podrá comenzarse con la negociación. Antes de la investidura Sánchez anunció que querría verse con los presidentes autonómicos, siempre manteniendo el estricto orden de antigüedad, es decir, con el lehendakari antes que con el president catalán. Esta cláusula de Sánchez podría aplazar aún más el inicio del diálogo.
Pero la entrevista entre Sánchez y Torra no es la única condición que el Govern ha establecido para iniciar el diálogo. Budó ha puesto también deberes a las formaciones y entidades independentistas, a quienes el Ejecutivo tiene previsto convocar en una mesa paralela, una idea lanzada por Carles Puigdemont. Torra desea incorporar, además a los socios del Govern, a la CUP, a Òmnium, la ANC y la Asociación de Municipios por la Independencia, entre otros.
El objetivo de ese espacio es que el independentismo llegue a posiciones comunes que después el Govern pueda defender en la mesa ante el Gobierno. Se trata, según la portavoz del Govern, de que Torra acuda a la negociación con el Ejecutivo central “con la máxima fuerza” y representando al conjunto del independentismo. Una pretensión que llega en el momento en el que ERC y JxCat han mostrado una distancia mayor respecto a sus planteamientos.
Tensión creciente por el acuerdo
Esta divergencia de posiciones entre lo que opina oficialmente el Govern y lo que aparece en el acuerdo que posibilitó la investidura de Sánchez es el último desencuentro entre JxCat y ERC a cuenta de una negociación que los primeros siempre han mirado con recelo. Los socios han mantenido enfoques diferentes sobre las conversaciones con el PSOE, hasta el punto de que acabaron votando diferente en el Congreso.
A medida que republicanos y socialistas avanzaban en su acuerdo, la formación postconvergente ha ido aumentando la presión con nuevas condiciones para aceptar la mesa, como que se hiciera un reconocimiento explícito de Torra y, después, que se dispusiera su participación. En varios momentos el president de la Generalitat ha acusado a sus socios de deslealtad por no circunscribir la negociación con los socialistas al decálogo de peticiones pactadas dentro del Govern tras la sentencia del juicio del procés.
Finalmente la situación acabó estallando la semana pasada, cuando Esquerra aprobó y dio a conocer el texto del acuerdo. En ese momento Torra manifestó su rechazo al documento pactado y llegó a llamar al vicepresident Pere Aragonès al Palau para comunicarle que el Govern no asumía lo pactado.
Budó irrita a ERC
La negociación con el Gobierno no es el único punto de tensión entre los socios independentistas. La consellera de Presidencia ha irritado a ERC al insinuar este martes que el Govern, por indicación de Torra, tiene “mecanismos” –que no ha concretado– para garantizar que Junqueras esté físicamente en el Parlamento Europeo este lunes después de que el Tribunal de Justicia de la UE reconociera su inmunidad.
Fuentes de ERC entienden que las palabras de Budó son una presión a la conselleria de Justicia, que lidera la republicana Ester Capella, de cara a la clasificación penitenciaria de los presos del procés. Y es que Justicia tiene que decidir como máximo en una semana si mantiene en segundo grado a los presos, tal y como propusieron las juntas de tratamiento de las cárceles, o si les concede el tercer grado, tal y como reclama JxCat, lo que les permitiría ir a prisión solo a dormir.
Todo ello a la espera de que el Tribunal Supremo decida si da un permiso a Junqueras para salir de la cárcel e ir a la Eurocámara en aplicación de la sentencia del TJUE. Preguntado en RAC-1 por el “mecanismo” aludido por Budó para garantizar la presencia de Junqueras en la Eurocámara, el abogado del líder de ERC, Andreu Van den Eynde, ha sido contundente: “Es el Tribunal Supremo quién tiene que decidirlo. Hablar de mecanismo es hablar de un mundo de fantasía”.