Instrucción veloz la de la causa contra Quim Torra por no retirar lazos amarillos. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos ha completado la investigación del caso en tres meses y ha dejado este jueves al president de la Generalitat a un paso de ir a juicio por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le instaba a retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos.
En un auto, el magistrado concluye que la actitud de Torra al negarse a retirar la pancarta en favor de los presos independentistas de la Generalitat puede suponer un presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, de denegación de auxilio a la autoridad, ambos delitos castigados con un máximo de dos años de inhabilitación. En consecuencia, rechaza archivar la causa, como pedía Torra, e insta a la Fiscalía y a la acusación popular que ejerce el partido de extrema derecha de Vox a presentar acusación.
Torra declaró como imputado el pasado 15 de mayo, menos de dos meses después de la querella de la Fiscalía por desobediencia. El president alegó que mantener los lazos amarillos en periodo electoral era libertad de expresión, pero el magistrado no ha atendido sus argumentos y lo ha dejado al borde del banquillo. Tampoco acepta el instructor que la JEC no fuera la autoridad competente para ordenar la retirada de lazos, tal y como adujo Torra. “Se trata de un argumento de conveniencia que no merece ningún crédito”, zanja el magistrado.
“Es evidente que la posibilidad de cumplir los mandatos de la JEC estaba perfectamente al alcance” de Torra, concluye el juez, que añade que el president “pretendió persistir en la desobediencia” al sustituir la pancarta a favor de los “presos políticos” del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con lazo blanco con una franja roja en vez del amarillo.
Ello motivó una nueva resolución de la JEC, que acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a los Mossos que retiraran los símbolos de apoyo a los políticos presos y abrir un expediente sancionador al presidente catalán. Finalmente, Torra decidió colgar el 22 de marzo por la mañana una nueva pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat con el lema “Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, que la JEC no vio partidista, por lo que no instó a su retirada.
A criterio del juez, las maniobras de Torra ante los requerimientos de la JEC muestran “clara voluntad obstativa a su cumplimiento” por parte del president, ya que retirar los lazos y las pancartas estaba “perfectamente” a su alcance.
Los símbolos en favor de la libertad de los presos, precisa el magistrado, pueden ser “legítimamente utilizados” por las formaciones políticas que lo deseen en su propaganda electoral, “pero no pueden ser exhibidos por las administraciones y por los poderes públicos sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad, al menos no durante los periodos electorales”.