La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, ha recurrido ante el Tribunal Supremo su inhabilitación como diputado ordenada por la Junta Electoral Central (JEC), a la que acusa de “usurpar funciones” del Parlament y de los tribunales porque no es competente para retirarle el escaño.
En su escrito, Torra argumenta que la JEC solo puede actuar dentro del periodo electoral y que su función nunca es retirar la credencial de diputado, sino decidir previamente si un candidato es elegible o no. Asimismo, pide al Alto Tribunal la suspensión cautelar de la decisión de la JEC para evitar un “daño irreparable”, tal y como ya solicitó este martes el ente electoral.
Según el recurso, el acuerdo de la JEC confunde “inelegibilidad e incompatibilidad” de forma “interesada”. La defensa subraya que la Junta cita diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, pero siempre sobre personas que pretendían ser proclamadas como candidatas en periodo electoral, pero no sobre cargos ya proclamados electos una vez acabado el plazo para la interposición del correspondiente recurso, como es su caso.
El acuerdo de la JEC, continúa Torra, es “completamente absurdo” y “aberrantemente antijurídico”, y constituye una “vulneración grosera del ordenamiento jurídico”. “Tanto como si el Parlament de Catalunya se le ocurriera declarar el cese o dejar sin efecto el nombramiento de los vocales de la Junta Electoral Central”, tercia el president.
Por todo ello, Torra acusa a la JEC de una “persecución de tipo político” para cesarle, y advierte al Supremo de que el acuerdo para retirarle el acta de diputado está viciado de la “más radical de las nulidades” y comporta una “vulneración grosera” del ordenamiento jurídico.
De esta forma, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo deberá decidir si inhabilita de forma exprés a Torra como diputado después de que la JEC precisara este martes que su cese como president al perder el acta de diputado corresponde al Parlament. En paralelo, el president también ha recurrido ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal la sentencia del TSJ catalán que le condenó a un año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat.