El Parlament de Catalunya ha decidido presentar alegaciones ante la Junta Electoral Central (JEC) en contra de la inhabilitación exprés del president de la Generalitat, Quim Torra, que han reclamado PP, Ciudadanos y Vox. En un escrito, el letrado mayor de la Cámara, Joan Ridao, alerta de que si la JEC aparta a Torra de la presidencia sin esperar a la resolución del recurso en el Supremo de la condena por los lazos “se podría llegar a ocasionar un daño irreparable no únicamente” a Torra “sino también al cuerpo electoral en su conjunto”.
Torrent encargó el pasado viernes la presentación de alegaciones, que se han registrado este martes ante la JEC. El ente electoral tiene previsto decidir este viernes sobre los recursos de las tres formaciones de derecha y ultraderecha en contra de la decisión de la Junta Electoral de Barcelona, que rechazó inhabilitar ya a Torra como pretenden PP, Ciudadanos y Vox.
En su escrito, el letrado mayor de la Cámara argumenta que la JEC no es el organismo competente para dirimir “asuntos que afectan al estatuto de los parlamentarios ya electos”, como es el caso de Torra, ni tampoco “la posible incompatibilidad en la que haya incurrido un diputado”, pues es al Parlament “a quien le corresponde hacerlo”.
“Las causas del cese del president de la Generalitat las dirime el Parlament”, apostilla el escrito, en el que el letrado mayor del Parlament alerta de que la inhabilitación de Torra como diputado “conllevaría” la pérdida del cargo de president de forma automática, ya que para ser escogido president antes se debe ser miembro de la Cámara.
La interpretación y aplicación de la legislación penal, continúa el escrito, corresponde a los tribunales, mientras que la ejecución de la normativa sobre incompatibilidades de diputados del Parlament y de la pérdida de condición de parlamentario es función de la Cámara catalana, pero en ningún caso de la Junta Electoral.
PP, Ciudadanos y Vox quieren que se inhabilite a Torra sin esperar a que el Supremo confirme la condena mediante una norma pensada para evitar que los afines a ETA entrasen en las instituciones. El president fue condenado a un año y medio de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por negarse a descolgar los lazos amarillos tras una orden precisamente de la JEC, que este viernes tendrá en su mano apartarle del cargo.