El principal perjudicado de la intención de Carles Puigdemont de repetir como president puede ser Roger Torrent. Si permite una investidura no presencial, el presidente del Parlament se expone a una sesión bronca como las de principios de septiembre y a que el Estado active su maquinaria judicial, que podría finalizar con una querella de la Fiscalía por desobediencia al Tribunal Constitucional.
El primer aviso a Torrent se lo ha dado este viernes el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. El portavoz del Gobierno le ha instado a no cometer los “errores” de su antecesora y ha recordado que Carme Forcadell “tuvo que rendir cuentas ante los tribunales”. “No puede pretender ser el presidente de todos y luego convertirse en el de una parte”, ha advertido Méndez de Vigo, para añadir que el Gobierno no juzga “intenciones” sino actos, y que ahí será “firme y sólido como hasta ahora”.
El catedrático de derecho constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Xavier Arbós cree que Torrent puede proponer a Puigdemont para la investidura porque el expresident no está inhabilitado. En la misma línea se han expresado a eldiario.es fuentes del Tribunal Constitucional, que este jueves recordaron que si Torrent propone a Puigdemont como candidato sin referencia a la investidura telemática “es muy difícil recurrirlo, porque sería como recurrir el cumplimiento del reglamento”.
La ronda de consultas de Torrent con los grupos parlamentarios ha finalizado este viernes y se ha constatado que Puigdemont es el único candidato para acudir a la investidura. El expresident ha llamado a la “esperanza” para “restituir” al Govern a través de una investidura no presencial, un sentimiento que no comparten ni los letrados del Parlament ni los grupos de la oposición.
Una opción que se baraja como probable en círculos políticos es que, al inicio de la sesión de investidura, al constatar que Puigdemont no se encuentra en el hemiciclo, los grupos de la oposición pidan la palabra por una cuestión de orden y pregunten dónde está el candidato. Si Torrent y la mayoría independentista de la Mesa acuerdan seguir adelante con la investidura, la oposición ya tiene preparados los recursos de amparo ante el TC para que se suspenda la decisión de permitir la investidura no presencial.
“El Constitucional no puede advertir a Torrent por iniciativa propia, sino que tiene que hacerlo atendiendo a una medida cautelarísima incluida en un recurso de amparo de algún grupo parlamentario o como parte de la impugnación que realice el Gobierno central”, explica Arbós. El catedrático señala además que los plazos entre la presentación del recurso de amparo y la resolución del TC “podrían durar horas”, todo ello con el debate sobre la investidura empezado en el Parlament.
Arbós considera que el quid de la cuestión está en si se consigue parar el proceso de investidura entre el Parlament y el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Aunque el Parlament le vote, Puigdemont no es automáticamente el presidente de la Generalitat. Hace falta que sea nombrado [mediante un decreto del BOE firmado por el rey Felipe VI]. En el ínterin entre la votación y el BOE sí puede haber más tiempo para que el TC suspenda la investidura”, asevera. En este supuesto, el rey no podría nombrar a Puigdemont como president si su investidura está suspendida.
“La decisión de la Mesa de permitir una investidura a distancia, ya sea por delegación o por Skype, por sí sola, no puede ser objeto de querella”, valora el profesor de derecho penal de la UOC, Josep Maria Tamarit. Un caso distinto, apunta Tamarit, es que el TC suspenda la decisión de la Mesa de permitir un debate de investidura sin Puigdemont en el hemiciclo a raíz de los recursos de amparo de los grupos de la oposición.
Si Torrent no hace caso de la suspensión del Constitucional y permite un debate que termine con la investidura de Puigdemont a distancia, aumenta el riesgo de que el presidente del Parlament se estrene en el cargo con una querella. “La querella de la Fiscalía sólo es previsible si antes hay un acuerdo del Constitucional para suspender la decisión de la Mesa de permitir la investidura a distancia y una advertencia”, asevera Tamarit.
Carme Forcadell no dudó en hacer oídos sordos al Constitucional y permitir debates parlamentarios que terminaron con cuatro querellas de la Fiscalía. La sesión de investidura tiene todos los números para convertirse en el primer examen del “realismo” que propugna ERC de cara a la nueva legislatura y, personalmente, en la prueba de fuego de Torrent. ¿Realismo republicano o esperanza de Puigdemont (y amenaza de querella)? La respuesta, antes del 31 de enero.