El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha reconocido este martes que no verbalizó ni entregó ningún documento a jueces y fiscales sobre los planes de detención del Govern de Carles Puigdemont antes de la DUI. Esta circunstancia ha sido utilizada por la Fiscalía para desacreditar el dispositivo para arrestar el Ejecutivo.
Sin embargo, documentos del sumario del caso confirman que la cúpula policial catalana sí tenía pensado cómo proceder al arresto del Govern en caso que se lo pidiera la autoridad judicial. Incluso se había planteado usar un helicóptero para trasladar president y consellers hasta el complejo Egara, sede central de los Mossos, donde los arrestados permanecerían en despachos de comisarios hasta pasar a disposición judicial.
El plan para arrestar a Puigdemont y todo el Govern si se lo ordenaban los jueces es la sublimación de la tesis de defensa de Trapero: como major, no estaba solo alejado y enfrentado al Govern por el proceso soberanista, sino que incluso estaba dispuesto a detener al president y a los consellers. La Fiscalía opina la contrario y pide once años de cárcel para el major al considerarle alineado con la vía unilateral. En consecuencia, el fiscal Miguel Ángel Carballo se ha esforzado este martes en cuestionar y restar relevancia al plan de los Mossos para detener al Ejecutivo catalán.
Que la petición de Trapero a sus colaboradores no fue solo verbal lo apuntala un correo electrónico del 25 de octubre de 2017, esto es, dos días antes de la DUI. Se tata de un mensaje enviado al número dos del cuerpo, Ferran López, en el que el comisario Francisco Javier Gámez le encarga “por indicación del major” planificar el dispositivo policial para arrestar al Govern en caso de que lo ordenaran los jueces.
En el correo, cuya imagen encabeza esta información, se detallan los aspectos que debe contemplar el plan, como por ejemplo la utilización de helicóptero o “medidas extraordinarias a adoptar”, como el cierre de accesos al transporte público o del parque de la Ciutadella, donde está ubicado el Parlament en el que se votaría la DUI dos días después.
Los detalles del plan elaborado por López por indicación de Trapero, adelantados por TV3, contemplaban que las detenciones se llevarían a cabo por un comisario y un intendente, esto es, dos miembros de la escala superior del cuerpo. “Se elaboró un listado donde constaba la dirección particular y profesional de cada uno de los miembros del Gobierno”, aseguran López y el jefe de la comisaría de movilidad, Joan Carles Molinero, en un informe aportado a la Audiencia Nacional en julio.
“Se garantizó la disponibilidad del helicóptero policial para su posible utilización tanto en el ámbito del Palau de la Generalitat, del Parlamento de Catalunya y del complejo policial Egara por si resultaba necesario realizar el traslado urgente y seguro de los detenidos”, abunda el documento de López y Molinero. El espacio de custodia de los consellers detenidos mientras no pasasen a disposición judicial serían los despachos de los comisarios del complejo Egara, en los López y Molinero aseguran que se había previsto “extraer las manillas de apertura de las ventanas”.
Con la finalidad de coordinarse con el TSJC en relación a las posibles órdenes de detención -en aquel momento la única causa abierta en relación al 1-O estaba en el alto tribunal catalán y no sería hasta la semana después de la DUI que la Fiscalía presentaría la querella por rebelión en la Audiencia Nacional-, López y Molinero relatan que el inspector Jordi Garcia acudió al alto tribunal catalán a comunicar a su presidente, Jesús María Barrientos, que la policía catalana estaba en disposición de poder llevar a cabo los arrestos.
Garcia no logró contactar personalmente con Barrientos en el Palacio de Justicia de Barcelona, si bien trasladó la disposición de los Mossos para arrestar al Govern a través de la secretaría del TSJC “y de sus escoltas personales”, quienes le agradecieron “el ofrecimiento”, concluyen López y Molinero.