Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya juzgó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la celebración de la consulta del 9-N, condenó al expresidente a dos años de inhabilitación, a Ortega a 21 meses y a Rigau a 18 meses por haber cometido un delito de desobediencia al impulsar la celebración de la votación celebrada en el 2014 pese a la advertencia del Tribunal Constitucional. La Fiscalía había descartado acusarlos por malversación, el único delito que podía conllevar cárcel, porque entendió que los posibles gastos vinculados al 9N fueron comprometidos con anterioridad a la suspensión del Constitucional. El Ministerio Público defendió su postura “desde la imparcialidad y objetividad” con la que debe desempeñar su labor. El Sindicato Profesional de Policía, Unión Federal de Policía, Asociación Arca Ibérica y el sindicato Manos Limpias, que ejercían la acusación popular, insistieron en reclamar que se les acusase de malversación, pero el tribunal lo desestimó por considerar que no existía base jurídica para atribuir gastos ilegales a los altos cargos del Govern que se sentaban en el banquillo.
Ni la Fiscalía ni los jueces consideraron que se hubiese producido una malversación pero su imparcialidad y objetividad no fue apreciada como tal por Sociedad Civil Catalana y por la entidad Abogados catalanes por la Constitución, que llamaron a la puerta del Tribunal de Cuentas y en el 2018 lograron lo que la Justicia había desestimado un año y medio antes: una condena que obligaba a estos tres exmiembros del Govern así como al exconseller Francesc Homs a reintegrar al Estado un total de 4,9 millones de euros. El mismo tribunal había ya ordenado el embargo de la vivienda de Mas y de otros bienes de los demás implicados para afrontar una fianza de 5,27 millones de euros. Además de los políticos ya juzgados por el TSJC, el Tribunal de Cuentas amplió su condena a algunos de sus subordinados en el Govern: Luis Bertrán, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana, Jaume Domingo y Teresa Prohias.
La autora del informe fue la exministra del PP, Margarita Mariscal de Gante. No solo ella procede de un partido. El Tribunal de Cuentas está plagado de expolíticos y con una clara mayoría conservadora. En otro habitual reparto de cartas, hasta ahora PP y PSOE siempre se han puesto de acuerdo para repartirse los puestos cuando expira cada mandato, con una duración de nueve años. Los nombramientos a dedo van más allá de los que hacen los partidos con los consejeros. Una buena parte del personal está compuesto por familiares de altos cargos. De los alrededor de 700 trabajadores que conforman la plantilla, un centenar tiene lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros, según desveló El País.
A diferencia de lo que pasó con el 9N, con el referéndum del 1-O no solo Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana han buscado el apoyo del Tribunal de Cuentas. A finales de 2017, la Comisión Mixta (Congreso-Senado), a instancias del PP y con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, reclamó un informe para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior catalana se habían utilizado “conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia”. Es el conocido como informe sobre las embajadas catalanas. El Tribunal concluyó que las delegaciones de la Generalitat en el extranjero gastaron al menos 27,2 millones de euros en actividades sin que sea posible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto.
El informe, de 700 páginas, se aprobó con un único voto en contra, el de la consejera María Dolores Genaro, que presentó un voto particular, por considerar que se había aprobado de forma precipitada y que el cálculo hecho carecía del rigor contable necesario. Genaro se quejó de que no se les había dado tiempo para leerlo y poder presentar las observaciones que considerasen. Otros dos consejeros, también elegidos a propuesta del PSOE, Enriqueta Chicano y Felipe García, presentaron un voto concurrente, que es la forma de expresar la discrepancia con la argumentación de un informe aunque se comparte la resolución.
El cálculo hecho por el Tribunal de Cuentas abarca la gestión de los gobiernos catalanes entre el 2011 y 2017 y el presunto desvío de fondos para destinarlos a impulsar la independencia. 40 ex altos cargos se enfrentan ahora al embargo de sus bienes y a multas millonarias. El próximo martes se les aclarará cuál es la cuantía que se les reclama por supuesta responsabilidad contable por gastos indebidos. Entre los investigados figuran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell, en tanto que exconsejeros de Economía, o Raül Romeva por haber sido el titular de Exteriores. Además hay otros exconsellers, incluidos los indultados por el Gobierno, y ex altos cargos de la Generalitat.
Alexandre, uno de los hijos de Andreu Mas-Colell, economista como él y profesor de la Universidad de Princeton, denunció hace unos días en Twitter la situación de su padre. “En dos semanas, la casa de mis padres, su pensión y su cuenta bancaria podrían pasar a manos de las autoridades”, escribió en inglés. Su padre dejó de ser conseller en el 2015. Se le acusa por haber sido el máximo responsable del presupuesto de la Generalitat en el Govern de Artur Mas. Su hijo recordaba en las redes que su padre no tuvo nada que ver en la organización del 1-O. Su mensaje despertó una ola de apoyos en el mundo académico, donde el exconseller Mas-Colell es una figura muy respetada a nivel internacional. 33 premios Nobel y una veintena de economistas firmaron esta semana un artículo en 'El País' en el que se solidarizaban con él.
“Aquellos de nosotros que hemos tratado al profesor Mas-Colell durante muchos años como colegas, estudiantes y coautores, sabemos que es una persona de la máxima integridad. También es reconocido por ser una persona dedicada al bien público, como lo demuestra su marcha de Harvard para regresar a casa y fundar una nueva institución educativa española, así como su disposición a desempeñar responsabilidades de gobierno en España y en Europa. España fue muy afortunada de que un economista de la capacidad y la talla del profesor Mas-Colell estuviera dispuesto a dedicarse al servicio público”. La carta estaba firmada entre otros por Joseph Stiglitz, Daniel Kahneman, George Akerlof o Paul Milgrom.
Mas-Colell tiene 76 años. El martes, el día que debe comparecer junto al resto de investigados ante el Tribunal de Cuentas, cumplirá los 77. Las fianzas que se les impongan pueden implicar que se les embargue todo su patrimonio y que no haya cajas de solidaridad suficientes para hacer frente a las cuantías que les exigirá este organismo, que no forma parte del poder judicial, aunque esta vez lo parece.