El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido apartar al presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, del juicio al expresident del Parlament, Roger Torrent, al considerar que su apariencia de imparcialidad está “comprometida”. La vista, prevista para el 12 de julio, ha sido suspendida.
Así lo ha decidido el organismo en una resolución sin votos discrepantes al estimar la recusación presentada por el exdiputado de Junts, Josep Costa. A su vez, ha rechazado una petición similar respecto a otros dos miembros del tribunal.
Según el TSJC, la actuación de Barrientos en un acto institucional en febrero de 2018 pudo generar “razonablemente dudas” a los acusados y también “sobre la necesaria percepción por la sociedad de quien juzga como un tercero ajeno a los intereses de las partes en conflicto”. Durante ese acto, el presidente del TSJC abandonó la sala junto a la fiscal jefe de Barcelona y el fiscal superior de Catalunya mientras Torrent pronunciaba un discurso en el que aseguró que había “presos políticos” y que los tribunales impidieron “materializar” la “voluntad de la ciudadanía” durante el procés independentista.
La Sala afirma que no tiene dudas sobre la imparcialidad del presidente del TSJC. “Pero que nosotros no dudemos no significa que no existan serias y fundadas razones para que el recusante fundamentalmente, y también parte de la sociedad, puedan tenerlas”, remacha en el auto.
De esta manera, el presidente del TSJC no dirigirá ni participará en el juicio a Torrent y a otros tres exmiembros de la mesa de la cámara catalana: el mencionado Josep Costa, Eusebi Campdepadrós (Junts) y Adriana Delgado (ERC). Los cuatro están citados para el 12 de julio para declarar por presunta desobediencia por haber permitido la tramitación y votación de una serie de mociones vinculadas al procés en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Una de ellas trataba sobre la autodeterminación y la otra reprobaba a la monarquía, en contra de lo ordenado por el Alto Tribunal.
La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Torrent y sus dos compañeros independentistas en la Mesa. A Adriana Delgado, que participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.