La reactivación de los plazos judiciales ha dado un nuevo impulso a las dos causas judiciales derivadas del procés que permanecían varadas en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El alto tribunal ha decidido, por un lado, enviar a juicio al actual conseller de Exteriores, Bernat Solé, por haber impulsado el referéndum del 1-O en su etapa como alcalde de Agramunt (Lleida), y por el otro ha citado como imputado al titular de Interior, Miquel Buch, por el caso del escolta del expresident Carles Puigdemont en Bélgica pagado con dinero público.
El nuevo conseller de Exteriores, que sustituyó a Alfred Bosch tras las denuncias de acoso sexual de su jefe de gabinete, se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de un año y medio de inhabilitación y multa de 24.000 euros por un presunto delito de desobediencia el 1-O al permitir el referéndum en su municipio y ceder una escuela para la votación, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.
En un auto, la magistrada Mercedes Armas abre juicio oral contra Solé y da diez días al conseller para que formule su escrito de defensa antes de fijar la fecha de la vista. Según el fiscal, Solé fue quien tomó la decisión de esconder las urnas “por temor a que fueran descubiertas por la policía encargada de impedir el acto”, volverlas a colocar en la escuela y esconderlas en varias ocasiones, cada vez que eran avisados por observadores colocados en puntos exteriores a la población.
Un poco menos avanzada está la causa de Buch, cuya declaración como imputado prevista para finales de marzo se suspendió por la pandemia. Ahora la magistrada lo cita nuevamente para el 16 de junio a comparecer como investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, delito castigado con penas de prisión, por permitir que un sargento de los Mossos –que declarará como imputado el 18 de junio– realizara labores de escolta de Puigdemont en Bélgica mientras percibía un salario público como asesor del departamento.
La Justicia tendrá que determinar si, como cree la Fiscalía, el sargento Lluís Escolà fue nombrado por Buch asesor de Interior para enmascarar sus labores de escolta del expresident en Bélgica. El exsargento percibió un el sueldo de 52.712,26 euros entre julio de 2018 y marzo de 2019.
Escolà fue uno de los mossos que, fuera de servicio, condujo a Puigdemont hasta Bélgica por carretera en su huida el 28 de octubre de 2017, un día después de la DUI. Un informe de la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra incorporado a la causa avala las tesis fiscales de que el nombramiento de Escolà como asesor fue una tapadera para proporcionar un escolta a Puigdemont con cargo a fondos públicos.
Según la investigación del propio departamento de Interior, los resultados de Escolà como asesor de Interior fueron más bien pobres. Escolà presentó varios informes al conseller, si bien solo dos por correo electrónico, pero no existe registro de entrada de los documentos en el gabinete del conseller. Ninguno ocupa más de cinco páginas y están basados en generalidades e incluso copias de estudios anteriores, destaca el fiscal.
Además, en su etapa como asesor de Interior, Escolà tuiteó que se encontraba en Waterloo (Bélgica) “cuidando” a Puigdemont, en agosto y dos meses después, publicó en la misma red social la lista de países que había compartido con Puigdemont tras 45 semanas con el expresident –Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania Dinamarca, Escocia y Suecia–, a los que el 11 de octubre añadió Suiza y las Islas Feroe.
La Fiscalía salva a Mas de otra causa
Por otro lado, la Fiscalía Superior de Catalunya ha descartado que Artur Mas burlara la pena de inhabilitación que le impuso el TSJC por la consulta del 9-N al seguir cobrando la pensión mensual que le corresponde por su condición de expresident de la Generalitat.
En un informe remitido al TSJC, el ministerio público sostiene que, de acuerdo con una interpretación restrictiva de la pena, no se puede extender a la pensión que cobraba Mas el concepto de “honores anexos” al cargo público por el que fue inhabilitado. La Fiscalía responde así al requerimiento del presidente del TSJC, que le pidió que se pronunciara sobre la pensión compensatoria que Mas cobró por su condición de expresidente, antes de dar por liquidada la condena de trece meses de inhabilitación que se le impuso por organizar el 9-N.