El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aceptado el recurso de la Fiscalía y ha reabierto la causa por un presunto delito de desobediencia contra el actual conseller de Interior, Miquel Buch, por promover el 1-O entre los alcaldes cuando era el primer edil de Premià de Mar y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM).
En un auto, la sala civil y penal del TSJC afea al instructor de la causa que no valorara al archivar la causa las diligencias que la Fiscalía de Mataró abrió a Buch en septiembre de 2017 y que no practicara ninguna diligencia “para su verificación”. En concreto, se trata de las diligencias que la Fiscalía abrió a centenares de alcaldes por su apoyo al 1-O y por presuntamente ofrecer locales municipales para la votación.
El magistrado Buch, ahora conseller de Interior y por entonces alcalde de Premià de Mar y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), y Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova y la Geltrú y presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), por correos electrónicos enviados el 6 y 7 de septiembre a los centenares de alcaldes de ambas asociaciones.
En los correos se adjuntaban instrucciones para que los municipios confirmaran a la Generalitat la disponibilidad de los locales para votar el 1-O, así como un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político a la votación. Y en otro correo seis días después, remitieron a los alcaldes el modelo de carteles de fomento de la participación y, en el caso de la AMI, de defensa del voto afirmativo.
El juez concluyó que Buch y la exalcaldesa de Vilanova i la Geltrú y expresidenta de la Asosciación de Municipios para la Independencia (AMI), Neus Lloveras, no enviaron correos electrónicos de promoción del 1-O como alcaldes sino en ejercicio de funciones “no institucionales y eminentemente políticas” como responsables de asociaciones municipalistas que trabajan “fuera de los cauces institucionales”. Asimismo, destacó que los correos se enviaron antes de que les fuera notificada la suspensión de la ley del referéndum aprobada el 6 de septiembre.