La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acordó el pasado viernes la creación de un “grupo de seguimiento” durante el próximo 1 de octubre para facilitar “vías directas de comunicación” y apoyo a los juzgados que estén de guardia durante la jornada del referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.
Este grupo fue aprobado por el pleno de la sala de gobierno del TSJC el pasado viernes, cuando la reunión fue presidida de forma excepcional por el presidente del Tribunal Supremo (TS), Carles Lesmes, aunque no fue comunicado a la prensa el viernes sino este lunes, cuando se ha publicado en la web del TSJC.
El acuerdo prevé crear ese grupo de seguimiento de apoyo a los juzgados “ante la voluntad manifestada por los responsables políticos” de celebrar un referéndum el 1 de octubre próximo, “en abierta confrontación con las expresadas resoluciones del Tribunal Constitucional, en le eventualidad de que su desarrollo efectivo pudiere comprometer decisiones judiciales adoptada el mismo día”.
El objetivo del grupo de apoyo a los jueces de guardia, según expone el acuerdo del TSJC, es “asegurar el normal funcionamiento de los órganos judiciales y la efectividad de sus resoluciones”.
Para ello, el grupo, que estará situado tanto en el TSJC como en las cuatro Audiencias Provinciales, “procurará dar respuesta y articular las soluciones a las que [los jueces de guardia] no puedan llegar por sus propios medios” ante “los diversos escenarios de compromiso operativo en que puedan encontrarse los juzgados de guardia durante la jornada del próximo 1 de octubre”.
Fuentes del TSJC han remarcado que el grupo de seguimiento no se encargará de cuestiones procesales, ya que esto iría en contra de la independencia de los jueces, sino de cuestiones de “logística e intendencia”, en especial de cara a los edificios de juzgados de poblaciones catalanas más pequeñas que permanecen cerrados los domingos aunque su titular esté de guardia.
En declaraciones a TV3, dos miembros de la magistratura han mostrado su apoyo y su rechazo al acuerdo del TSJC. La portavoz catalana de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Patrícia Batlle, ha valorado que “no se trata de imponer ni de controlar las decisiones que puedan adoptar los jueces de guardia el día 1 de octubre, sino simplemente de crear un soporte para solucionar cualquier incidencia o situación imprevisible”.
Por contra, el juez Josep Maria Noales, miembro de Jueces para la Democracia, ha opinado, a título personal, que el grupo de apoyo creado por el TSJC “está fuera de las atribuciones” del alto tribunal catalán, y ha considerado que algún magistrado “se podría sentir inquietado, perturbado, en su independencia”, al leer el acuerdo.