El 3% de Convergència se va a Madrid. El titular del juzgado de instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), tal y como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, se ha inhibido de la investigación a favor de la Audiencia Nacional, para que sea esta instancia la que finalice la instrucción del caso, y lo juzgue en el caso de que decida procesar a los investigados por financiar ilegalmente al partido nacionalista.
En un auto, el juez avala el principal argumento de la Fiscalía para enviar el 3% a la Audiencia Nacional, esto es, la complejidad y la magnitud de la causa, que encajan con la competencia de este segundo tribunal para investigar las “defraudaciones” que generan una “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía”.
Según el juez, el “grave perjuicio para la economía nacional” de la trama del 3 % lo provocaría la “aparente generalización de la manipulación de los concursos públicos” licitados por entes públicos controlados por CDC, donde “únicamente resultarían adjudicatarias de obras y proyectos las empresas que efectuaran donaciones a las funciones de Convergència”.
A criterio de Anticorrupción, podrían haberse cometido varios delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, malversación, fraude contra la Administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos en concurso con una supuesta malversación y fraude contra la administración.
En un reciente informe, la Guardia Civil cifró las comisiones que habría recibido CDC en 1,04 millones de euros, cobrados presuntamente entre 2008 y 2013 –ya con Artur Mas en la presidencia del partido y de la Generalitat– a cambio de 24 obras públicas. También se habrían producido dádivas como entradas a partidos de fútbol, viajes, noches de hotel y cacerías.
El sistema de comisiones, apuntan los investigadores, se articuló a través de donaciones a tres fundaciones vinculadas al partido: la CatDem, la Barcelona Forum y la fundación privada Omnium. Partido y fundaciones funcionaban, añaden, bajo un sistema de “caja única”, tesis que avala el juez de El Vendrell antes de desprenderse del caso.
El 3% lo investigaba desde hace más de tres años el juzgado de instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona). En total en el 3% hay una veintena de imputados, entre personas físicas y jurídicas, como el exconseller de Mas, Germà Gordó, y los extesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osàcar (condenado por el caso Palau), así como varios constructores.