Los magistrados del Tribunal Supremo ya tienen los escritos con los que los líderes del proceso soberanista se defienden de las acusaciones de rebelión, sedición y malversación. Más allá de los alegatos políticos o jurídicos, los escritos permiten configurar el tablero de ajedrez del juicio. El tribunal tendrá que decidir con cuántas fichas, es decir, con qué pruebas, documentos, testigos y peritos contará cada una de las partes. Varias de las defensas han presentado batalla para que las pruebas clave de la Fiscalía queden fuera del juicio y han aportado vídeos y documentos para contrarrestar el relato de las acusaciones.
De entre las decenas de peticiones que impugnan pruebas solicitadas por la Fiscalía, destaca la efectuada por las defensas de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart y Carme Forcadell para que quede fuera del juicio la pericial de inteligencia de dos agentes de la Guardia Civil sobre los documentos incautados el 20 de septiembre de 2017. Estos acusados arguyen que los dos guardias no pueden ejercer de peritos por falta de imparcialidad.
Así, las defensas creen que los dos agentes no sirven para ilustrar al tribunal con el conocimiento científico e imparcial de un perito, sino que le trasladarán la interpretación subjetiva de la Guardia Civil sobre documentos como 'Enfocats' o la célebre libreta Moleskine, dos pruebas clave que para los fiscales demuestran que los dirigentes soberanistas contemplaban el uso de violencia para lograr la independencia. Los abogados y abogadas sostienen además que los atestados de la Guardia Civil han estado alineados en toda la causa con las tesis de las acusaciones, por lo que aceptar a los dos agentes como peritos “impide observar con imparcialidad” su declaración y vulnera el derecho a la defensa.
Además, Junqueras y Romeva han impugnado el conjunto de la investigación sobre los preparativos del 1-O que realizó el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que ha servido para nutrir la causa por rebelión del Supremo. Considera el letrado Andreu Van den Eynde que se trata de una prueba “ilícita” porque los documentos y pinchazos telefónicos se han obtenido vulnerando derechos fundamentales.
Por contra, la defensa de Santi Vila, que ejerce el letrado Pau Molins, ha pedido incorporar todo lo investigado por el juzgado de instrucción 13 al no haber incluido la causa del Supremo los “elementos objetivos y argumentos de descargo” que puedan hallarse en la investigación de Barcelona, sino solo lo que beneficia a las acusaciones. Es el caso del informe de Hacienda aportado a la causa de Barcelona que redujo ostensiblemente la cantidad presuntamente malversada por el Govern respecto a lo que calculan la Fiscalía o la Guardia Civil.
Los supuestos tuits del coronel
Asimismo, los abogados Jordi Pina y Olga Arderiu, que defienden a Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Carme Forcadell, han impugnado los 18 atestados y 17 diligencias de la Guardia Civil obrantes en la causa instruidas por el coronel Daniel Baena, al que no consideran “en absoluto imparcial” sino “parcial” y alineado con las acusaciones –de hecho, en varios atestados los agentes de la Guardia Civil son presentados como supuestas víctimas del plan independentista.
El motivo son los tuits que habría enviado Baena desde una cuenta bajo pseudónimo en los que el agente habría escrito “Barcelona para la España invicta de Franco” o “ponga las urnas en el suelo, levante las manos detrás de la cabeza y gire sin movimientos bruscos”. Junto a otras defensas, también piden a Twitter que analice las supuestas cuentas de Baena. Ésta será sin duda una de las cuestiones previas más controvertidas que se tendrán que dirimir al inicio del juicio. La Fiscalía y el resto de acusaciones se opondrán, previsiblemente, a las impugnaciones planteadas por las defensas.
Otra de las pruebas que han impugnado las defensas es un vídeo clave para la Fiscalía sobre las protestas del 20 de septiembre por haber sido “manipulados y editados”, según Van den Eynde y Arderiu. Se basan las defensas en que la Fiscalía menciona expresamente que “ha seleccionado unos segundos” de una grabación más larga y que el ministerio público no precisa la autoría de la grabación.
En el vídeo se entremezclan vídeos de las movilizaciones frente a Economía y otros relativos a las protestas que también se llevaron a cabo el 20-S en las inmediaciones de la sede de la CUP. Para la defensa de Cuixart, juntar imágenes de ambas manifestaciones responde al “objetivo de reforzar el relato de falsa violencia en las protestas del 20 de septiembre”. Es uno de los días clave para los fiscales, junto al 1-O, en el que sustenta la supuesta violencia del 'procés' que justifica el delito de rebelión.
En el vídeo se observan, entre otras cosas, manifestantes subidos a los coches de la Guardia Civil frente a la conselleria de Economía, pero también momentos de tensión acaecidos en las inmediaciones de la sede de la CUP, cuando dos furgonetas de la Policía Nacional abandonan el lugar rodeados por manifestantes que les abuchean, momento en el cual varios agentes bajan del vehículo y disparan salvas al aire.
Pero los vídeos también son clave como pruebas de descargo presentadas por los propios acusados. Por ejemplo, Sànchez y Cuixart han reclamado que se aporten al juicio las grabaciones de cámaras de seguridad del interior y exterior de la conselleria de Economía del 20–S. Con ellas pretenden mostrar que en ningún momento entorpecieron la labor de la comitiva judicial que registraba el departamento y que no llamaron a la violencia, sino que ejercieron su derecho de manifestación en contra del operativo.
Las cámaras también deberían haber captado la imagen icónica –para las acusaciones– de la rebelión de los 'Jordis', su subida al coche de la Guardia Civil. Subieron al coche para desconvocar la protesta, para enfado de los independentistas más alterados. Para intentar mostrar que ambos activistas son cabezas de turco de una protesta de 40.000 personas, la defensa de Sànchez también ha pedido saber si se han abierto diligencias judiciales contra el hombre al que se halló su DNI en una riñonera dentro de un coche de la Guardia Civil. Y es que la defensa sospecha que los Jordis son los únicos investigados por la protesta en Economía y lo están por rebelión sin que haya otros imputados por desobediencia a la autoridad o desórdenes.
Traducciones y documentos
El apartado de impugnaciones también incluye un capítulo relativo a las traducciones en catalán realizadas por los investigadores que las defensas ven equivocadas. De ahí que Pina y Arderiu impugnen “cualquier traducción efectuada de documentación” de la causa que no esté en castellano al no haberse producido por profesionales identificados “y por la existencia de errores constantes en la traducción de documentos” del catalán al castellano.
De hecho, los matices en la traducción al castellano de documentos en catalán –ya sea los incautados durante las pesquisas del 1-O como informes policiales de los Mossos– fundamentan también pruebas periciales solicitadas por las defensas para contrarrestar las acusaciones. Por ejemplo, el exconseller de Interior Joaquim Forn ha solicitado un informe de expertos filólogos de lengua catalana y castellana sobre la traducción al castellano del informe de la comisaría superior de coordinación central de los Mossos d'Esquadra.
Como pruebas de descargo para negar las tesis acusatorias, destaca también la batería de documentos que Forn ha pedido incluir en el juicio. Para contrarrestar el papel clave al frente de los Mossos d'Esquadra que la Fiscalía otorga a Forn para que la policía autonómica permitiera el 1-O, su defensa ha reclamado la correspondencia entre el exconseller y el exministro Zoido y los whatapps con el exdelegado del Gobierno Enric Millo. También ha solicitado saber si el Gobierno valoró declarar el estado de sitio o movilizar al ejército ante el 1-O. La tesis es que si había una rebelión en ciernes, el Gobierno tendría que haber tomado medidas excepcionales que en realidad no fueron adoptadas.
Tanto el letrado de Forn, Xavier Melero, como Pina también han hecho énfasis en su petición de prueba en el dispositivo policial del 1-O. Han reclamado al Supremo que pregunte a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior por las instrucciones orales y escritas dadas a los agentes del 1-O, los criterios por elegir los colegios en que hubo cargas y el mando que dio la orden de cargar y que no hubiera más cargas desde el mediodía, aspectos del operativo que siguen siendo en buena medida un misterio.