La ley 24/2015 para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética, impulsada por la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Obervatorio DESC y aprobada por unanimidad en el Parlament el pasado julio, se encuentra a las puertas ser impugnada en el Tribunal Constitucional. El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy tiene hasta el próximo día 5 de mayo para hacerlo y la PAH teme que lo haga en el Consejo de Ministros del 29 de abril. El recurso dejaría en suspenso la aplicación de la ley a la espera de un dictamen.
Este martes tiene lugar una reunión entre técnicos del Ejecutivo central y del gobierno catalán para discutir la constitucionalidad de la ley. El pasado octubre el Constitucional ya suspendió por un recurso del gobierno de Rajoy medidas contra la pobreza energética y los abusos hipotecarios vinculadas al Código de Consumo catalán, que quedaron definitivamente anuladas la semana pasada. El ejecutivo también comunicó a la Generalitat que consideraba de “discutible constitucionalidad” algunos artículos de la ley fruto de la ILP de Vivienda, aunque el PP catalán votó a favor, con todos los demás grupos del Parlament. Con la fecha límite para la impugnación en contexto preelectoral, el PP optó por no llevar esta ley directamente al TC, sino proponer a la Generalitat la creación de una comisión bilateral que le daba seis meses más de margen para la impugnación.
El 5 de mayo es la fecha límite para el recurso después de este aplazamiento, y funcionarios de la Generalitat paralizan parte de su desarrollo porque ya dan por hecho que la ley será recorrida y suspendida cautelarmente. La PAH considera que este sería “el último servicio a la banca y las empresas suministradoras” del Gobierno en funciones del PP, pero anuncia acciones de presión en las próximas tres semanas para conseguir hacer cambiar de parecer del ejecutivo de Rajoy. De momento han convocado concentraciones ante las sedes del PP el próximo lunes a las 18:30.
Efectos en otras comunidades
“Las próximas semanas son críticas y decisivas para evitar que suspendan la primera de las leyes que ha conseguido aprobar la PAH para acabar con la emergencia habitacional”, aseguran en un comunicado. Y dicen la primera porque han llevado proyectos de ley que siguen el ejemplo de la ley catalana en trece parlamentos autonómicos. Actualmente se están desarrollando en Baleares, el País Valencia y la Comunidad de Murcia leyes que podrían verse afectadas por una sentencia contraria a la ley vigente en Catalunya.
En cuanto al Gobierno catalán, la PAH hace meses que exige valentía en la aplicación de las medidas aprobadas por unanimidad en el Parlament desde julio. El domingo se cumple el período de un mes que los promotores de ILP dieron al Govern para poner el convenio para el cumplimiento de la ley sobre la mesa de las compañías suministradoras. “Lo que debe hacer la Generalitat es aplicar las leyes cuando están vigentes y no defenderlas cuando las tumban”, sentencia el portavoz de la PAH Carlos Macías.