Francisca Verdejo, jueza titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Barcelona, recibe a eldiario.es en la Ciudad de la Justicia. La magistrada tiene muy claro el porqué de los discursos retrógrados, con datos falsos incluidos, sobre la violencia de género que PP y Vox han jaleado en las últimas semanas: captar votos. “Lo hacen obviando el contenido de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina constitucional”, añade.
En la entrevista, Verdejo también hace balance de los 15 años de la aprobación de la ley integral contra la violencia de género. “No se ha conseguido reducir la violencia de género conforme a las expectativas que se habían generado”, lamenta, además de reclamar más medios en la prevención del delito: “Cuando la mujer llega aquí a los juzgados la bofetada, el empujón o el insulto ya se han producido, y sería mucho mejor que se evitaran”.
Este 2019 se cumplen 15 años de la ley integral contra la violencia de género. ¿Qué balance hace desde el juzgado?
La ley supuso un hito legislativo importantísimo. Intentó combatir la violencia de género desde una perspectiva integral y transversal implicando a todos los agentes tanto en la prevención como en el momento en que se produce el hecho y, posteriormente, a nivel de erradicación. Y esto está totalmente vigente. La ley ordenaba al poder legislativo alrededor de 70 reformas que afectaban al ámbito sanitario, educativo, social o la publicidad pero no todas se han hecho. Es verdad que hubo retoques en la ley de publicidad o en las leyes laborales y que ha habido avances como el pacto del Estado, pero yo creo que no se ha conseguido reducir la violencia de género conforme a las expectativas que se habían generado.
¿Por qué?
Porque la ley no ha conseguido implicar a la sociedad y que la sociedad vea la violencia de género como un problema que nos afecta absolutamente a todos. Hasta que no haya este reconocimiento posiblemente no hagamos muchas cosas. Sin embargo, el reconocimiento no se va a producir si no se actúa como dice la ley, y no se ha actuado así hasta ahora en el ámbito preventivo, lo que implica a médicos, familia, escuela y a una gran variedad de actores.
El artículo I de la ley dice: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad”.
Es una declaración muy solemne y rimbombante pero que limita el concepto de violencia de género y se queda corta. Ya desde la exposición de motivos y el preámbulo de la ley se está eliminando del concepto de violencia de género, un tipo de violencia que es bastante importante y que las mujeres sufren de manera indirecta. Por ejemplo, en el delito de impago de pensiones el sujeto que sufre el impago no es la mujer, es el menor, pero en muchas acciones se deja de pagar la pensión para fastidiar a la mujer. Este delito está extraído del ámbito competencial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y además la ley excluye expresamente la violencia económica.
¿Habría que cambiar la ley en este sentido?
No. El cambio legislativo prioritario tiene que llevar a que se invierta más dinero donde se tiene que invertir, que es en la prevención del delito y en la educación. Hay que empezar por la escuela y por la familia. Muchas veces los padres desplazan la responsabilidad de la educación a los maestros, pero la educación tiene que ser algo compartido. Es verdad que no se han introducido o se han introducido poco en los programas y leyes de educación asignaturas que enseñen en igualdad, que expliquen el concepto de género y que expliquen cómo se tiene que eliminar la violencia.
Pero imaginemos una situación casi utópica con asignaturas y programas con una periodicidad semanal sobre violencia de género en todos los centros educativos. Tendríamos una situación contradictoria: el niño en la escuela está recibiendo este mensaje y llega a casa y ve el padre pegar a la madre. ¿Cómo conseguir esa implicación, que vayamos todos de la mano y que el tratamiento sea integral y transversal? Ojalá lo supiera, es muy difícil. Pero la realidad es que no estamos consiguiendo erradicar la violencia de género porque las conductas se están retirando y reproduciendo, muchas veces por imitación. Científicamente está probado que el niño que está viendo en su casa el maltrato a la madre tiene bastantes posibilidades de ser un maltratador.
¿Qué opina sobre el movimiento para ampliar el concepto de violencia de género, por ejemplo las violencias no infligidas por la pareja o expareja?
Yo diría que para qué vamos a poner etiquetas. El asesinato de esa chica en la que todos estamos pensando tiene la misma pena que si el hombre mata a la mujer en el ámbito de la pareja e incluso puede tener el agravante de género si en el procedimiento penal y más concretamente en el juicio se acredita que los elementos de la agravante de género se han dado en la comisión del delito. A veces esto de poner etiquetas a las cosas queda bien, ayuda a lo mejor a conseguir otras, pero no es tan importante. Lo que sería importante sería poner en consonancia ese concepto de violencia de género con la realidad y con la exposición de motivos de la ley integral.
¿En los juzgados de violencia de género hay un problema de medios? Hay casos en los que se tarda más de un año en llegar a juicio.
En determinados casos los informes de los equipos de asesoramiento técnico penal y de familia tardan mucho porque se han incrementado las peticiones y los técnicos se han reducido, pero no todo lo que investigamos es maltrato habitual. Hay muchos procedimientos que llegan al juzgado de violencia de género que terminan el mismo día que se reciben en una guardia.
Es verdad que se está incumpliendo la ley pero no porque los miembros del Poder Judicial queramos. Aquí en Barcelona lo que debiera ser el juicio que se celebrará en 15 días porque ha sido un trámite urgente se está señalando al cabo de un año. Se dilata el acto de enjuiciamiento porque no hay medios los informes. En los juicios donde se investiga un delito de maltrato habitual desgraciadamente se tarda mucho porque los técnicos no pueden hacer más de lo que hacen. Desde que empezó la crisis tengo tres funcionarios menos. Claro que hay que incrementar los medios judiciales, pero no en mi juzgado, sino en todos.
El mayor problema, a su juicio, es en la prevención.
El problema es que no se está invirtiendo y actuando en prevención. Cuando la mujer llega aquí a los juzgados la bofetada, el empujón o el insulto ya se han producido, y sería mucho mejor que se evitaran. Cuando alguien incumple un contrato entre un banco y un particular, si nos preguntamos cómo podemos prevenirlo pues a lo mejor se puede dar más educación a las partes para no caer en las artes de los bancos. Pero en el caso de la violencia de género, donde se tienen que incrementar los medios no es sólo a nivel judicial, es sobre todo antes, para evitar la bofetada. Si vamos a depender de que el juzgado vaya más rápido o menos rápido estamos olvidando la esencia de la lucha que es prevenir la violencia de género. La prevención del delito es lo fundamental.
¿Qué piensa cuando un excompañero de carrera como el líder andaluz de Vox, el exjuez Serrano, dice que se dan ayudas a 100 mujeres maltratadas “cuando sólo tres son reales”?
Me da igual que sea el juez Serrano o quien sea, son unos impresentables. El delito peor que puede cometer un juez, y no lo digo por él, al margen de un delito contra la vida, es un delito de prevaricación. Y este señor fue condenado por un delito de prevaricación. Desde el momento en que hay unos hechos probados en que se ve claramente que este señor cometió un hecho subsumible en el delito de prevaricación, su opinión me merece la misma opinión que otro representante de su partido político. Es absolutamente reprobable, pero no me paro ni 30 segundos en escucharlo. Cuando lo veo en el telediario, cambio de canal, aunque sea para ver anuncios, no me van a condicionar.
¿Cuándo el PP o Vox no hablan de violencia de género sino de “violencia doméstica” o “intrafamiliar”, van contra el espíritu de la ley integral contra la violencia de género? Cuándo el PP o Vox no hablan de violencia de género sino
Lo hacen para captar votos. Saben perfectamente de lo que hablan, y cuando hablan en estos términos están yendo en contra de sus propios actos, en contra de lo que algunos de ellos mismos firmaron en el Pacto de Estado y en contra de la ley integral. Van en contra de lo que han dicho para captar votos, porque saben que son conceptos absolutamente diferentes y precisamente uno de los méritos de la ley integral fue dar visibilidad a la violencia de género, a la violencia que se producía en el ámbito de la pareja.
Pero saben perfectamente lo que dicen, lo dicen intencionadamente sabiendo que es una manera de captar votos. La ley integral tuvo, entre otros efectos, dividir ideológicamente a la sociedad entre los que estaban a favor de la ley y los que estaban en contra. Son unos mentirosos y están haciendo unas declaraciones obviando el contenido de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina constitucional, porque saben que la ley fue declarada constitucional. Lo hacen para captar votos, única y exclusivamente.
¿Se siente presionada por los discursos de los últimos días de Vox y el PP?
No no me siento presionada ni por ellos ni por nadie. Si me sintiera presionada creo que no sería libre y en todos los actos de mi vida, no solamente en los juzgados, lo más valioso que tengo además de la vida es la libertad de decir siempre lo que quiero. Cuando me pronuncio a través de las resoluciones que dicto estoy convencida de que lo hago totalmente ajustada derecho, a derecho con mayúsculas. Sé que desde diferentes sectores soy muy criticada pero si yo tuviera que estar pendiente de lo que dicen de mí estaría con las manos atadas.
¿Cómo desplazar estos discursos del debate público?
No hay que hacerles ni caso, este protagonismo que han conseguido es porque se les ha hecho caso y se lo tenemos que quitar entre todos. Los medios de comunicación también tenéis una responsabilidad para quitarles el protagonismo. Captan votos diciendo cosas que son absolutamente falsas y que alguna gente no se preocupa en comprobar. Dicen 'es verdad, si hay denuncias falsas todos los recursos se van por ahí', lo que genera una opinión falsa a partir de una información falsa.
El discurso de Vox sobre que en los juzgados de violencia de género se va contra la presunción de inocencia les pone en la picota.
Es verdad, indirectamente también dicen que los jueces están prevaricando. Yo siempre invito a la gente a que vea cómo estamos trabajando. En este sentido, creo que el Consejo lo hace bien con programas como 'Educando en Justicia'. A lo mejor también tenemos que dejar que la gente vea de forma neutral lo que estamos haciendo en el juzgado diariamente para que vean que lo que están diciendo estos sujetos es mentidas.
En una declaración, yo digo a las mujeres que lo que les voy a preguntar les puede molestar y les molesta, pero es que se lo tengo que preguntar porque yo tengo la obligación de investigar lo que ellas me dicen. La propia ley integral dice que en los procedimientos, como no puede ser de otra manera porque si no sería inconstitucional, se respetarán todos los derechos del imputado y los derechos de la víctima. Este equilibrio está en todos los procedimientos penales, y por primera vez con la ley integral se crea el estatuto de la víctima de violencia de género. Tenemos que hacer el contraataque con lo que sabemos, que es el trabajo que hacemos. Será complejo, pero comunicar nuestro trabajo a la gente puede tener un efecto multiplicador y desacreditar el discurso que está haciendo esta gente.
Las estadísticas oficiales señalan un porcentaje de 0,078% de condenas por denuncia falsa frente a las 1.222.172 denuncias interpuestas desde el 2009 por mujeres. ¿Cree que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como institución del Estado, debería tener un papel más proactivo en desmontar con datos las tesis de Vox?
No. El Consejo hace lo que tiene que hacer, los pronunciamientos del Consejo se reflejan en las estadísticas oficiales y los datos son los que son: un 0,07% de denuncias falsas. A mí me gustaría tener delante a esa gente y preguntarle cuántas denuncias falsas de robo hay para cobrar las indemnizaciones de las compañías de seguros. Cuando las compañías aseguradoras presentan sus balances, la vía por la que pierden mas dinero es por las denuncias falsas por robo. A esta gente ésto no le interesa porque no son votos. ¿Alguien de ellos ha dicho alguna vez que se refleje en las estadísticas judiciales las denuncias falsas por los delitos de robo? No. Si el Consejo tuviera que salir al paso de estas declaraciones olvidaría cosas en las que tiene que estar atento: reforzar la planta judicial, atender y ver si los juzgados están debidamente atendidos, etc.