La Ley del Audiovisual se ha convertido en una de las grandes batallas políticas en el escenario catalán después de que ERC la fijara como una de las condiciones para no rechazar de entrada los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Gobierno y la Generalitat llevan meses chocando por el articulado de la norma y, en concreto, una de las cuestiones que genera más roces es la posibilidad de establecer la llamada “subcuota para el catalán”, es decir, un porcentaje en esta lengua del total de producción de contenidos que ofrezcan plataformas como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus. Los republicanos reclaman que la ley incorpore una reserva del 7,5% a repartir entre el catalán, gallego y euskera, mientras que el Gobierno recela de imponer cuotas.
Esta es la guerra lingüística que está de actualidad, pero no es ni mucho menos la primera que sacude el sector audiovisual catalán. El antecedente directo al debate sobre las cuotas es la Ley del Cine de Catalunya, última norma aprobada por el Govern 'tripartit' en el año 2010 y que preveía una exhibición del 50% de las películas que no fueran originalmente en castellano y que debía estar dobladas al catalán, porcentaje que fue siendo rebajado por diferentes embates judiciales, hasta que el Constitucional lo dejó en el 25% en 2017. Pero esa cifra nunca se ha cumplido, ni siquiera de lejos. Una incapacidad para ejecutar la norma que el Govern ha arrastrado más allá del color político, de quien fuera el titular del departamento de Cultura o del momento que pasase el sector audiovisual.
El jefe de la oposición, Salvador Illa, recordó la semana pasada en el pleno del Parlament este amargo precedente para los grupos del Govern. “Señor Aragonès, la Ley 20/2010, del Cine de Catalunya, establece que el 25% de la oferta de cines debe estar doblada o subtitulada al catalán. Hoy apenas llegamos al 3%”, cargó el líder del PSC. “Nos tendrá siempre a su lado, estaremos en el pacto por el catalán, sin embargo, por favor, cumplan también ustedes las leyes que aprueba este Parlament en materia de defensa del catalán”, remachó Illa.
Las palabras del líder socialista volvieron a poner bajo el foco que la cuestión del catalán en el audiovisual es un problema con solera y que nunca se ha acabado de solucionar. Y que el último intento, la Ley del Cine catalán que llegó a abrir una guerra entre el Govern, las distribuidoras cinematográficas y los exhibidores, acabó con sonada derrota del primero. “Lo que quisimos remarcar es que no puedes exigir a los demás lo que tú no te autoexiges, no puede ser que pidamos unas cuotas allá y aquí ni cumplamos la ley del cine e incluso hayamos hecho una reducción presupuestaria”, explica la portavoz del PSC, Alicia Romero.
Ley del Cine catalán, el primer gran intento
Poder ver películas en catalán es una reivindicación casi tan vieja como el propio cine, pero no fue hasta el segundo 'tripartit', presidido por José Montilla, cuando apareció en el plan legislativo el compromiso de introducir por ley una cuota que obligase tanto a las distribuidoras –las grandes 'majors' de Hollywood o, mejor dicho, a sus filiales en España– como a las propias salas de cine a introducir el catalán en su menú. La ley, impulsada desde la cartera de Cultura que ocupaba el conseller de ERC Joan Manuel Tresserras, siempre fue polémica, pero consiguió salir adelante gracias a, entre otras cosas, el compromiso del propio Montilla.
La ley se aprobó en el último pleno de aquella legislatura, en julio de 2010. Era una norma ambiciosa y que obligaba a hacer unos cambios de calado en el sector. Y los problemas para hacerla cumplir comenzaron desde el primer momento, desde antes incluso de que fuera aprobada. Así recordaba el entonces secretario de Cultura, Eduard Voltas, los obstáculos que encontraron.
“Recuerdo la primera reunión con las 'majors'. Les explicamos nuestras intenciones y lo que queríamos hacer en materia de doblajes y de obligaciones, y nos dijeron: que sepáis que esta ley nosotros no la cumpliremos. Si la aprobáis, que lo ponemos en duda, la recurriremos a todas las instancias posibles y tenemos los mejores abogados. Pero incluso si no lo conseguimos judicialmente y la ley se debe aplicar, dejaremos de distribuir cine en Catalunya y punto”, explicaba Voltas en el congreso de la plataforma CatalunyaSí el pasado mes de julio.
Aunque son dos conceptos relacionados, no hay que confundir la producción con la exhibición; la producción original en catalán puede ayudar a aumentar la oferta en esta lengua, pero la mayor parte de las películas se consumen dobladas, por lo que para escuchar catalán en los cines es obligatorio que haya doblaje en catalán. Durante los primeros años de la década pasada, la producción catalana aumentó, con un récord de 96 películas en total en el año 2010, lo que suponía participación en hasta la mitad de los films rodados en España. Pero, aunque la cifra de la exhibición en catalán creció algo, quedaba años luz por debajo del 50% que exigía la ley.
Los acuerdos con las 'majors', insuficientes
La administración de CiU que entró en el Govern, con Cultura bajo las riendas del conseller Ferran Mascarell, cambió de óptica y apostó por hacer acuerdos estratégicos con las grandes compañías cinematográficas. “La negociación con las 'majors' empezó a funcionar. Había un buen nivel de debate con los representantes y se fueron seleccionando las principales películas que debían doblarse”, recuerda Mascarell, que apunta que cuando él llegó al Govern el porcentaje de películas exhibidas en catalán era del 1%. Pero el exconseller, ahora concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, rechaza que el doblaje sea una política suficiente para aumentar el porcentaje de productos audiovisuales en catalán.
“Si centramos el tema del catalán en el doblaje, estamos dejándonos la mitad del problema. Necesitamos producción, buena producción, prestigio de la lengua y financiación”, opina Mascarell. Con todo, el exconseller no recuerda que su departamento llegase a aplicar nunca el código sancionador que incorporaba la Ley del Cine catalán para poder llegar al 50%. “Siempre consideramos que las 'majors' estaban cumpliendo todos los acuerdos que habíamos hecho”, explica Mascarell.
El primer varapalo judicial a la ley fue temprano y llegó en 2012, cuando la Unión Europea dictaminó que la obligación de doblar al catalán el 50% de las películas extranjeras (es decir, no en lengua castellana) beneficiaba demasiado a los productos españoles. El dictamen era la antesala de un recurso judicial que el Govern sabía perdido, por lo que en el año 2014 se modificó la ley para excluir también de esa obligación a las películas europeas. Fue la primera gran rebaja de una ley que ya no se cumplía. La segunda llegó en el año 2017, cuando el Constitucional tumbó la cifra del 50% y la dejó en el 25%. Es decir, deben estar dobladas al catalán un cuarto de las películas no europeas y no rodadas en castellano. Un porcentaje que comienza a reducirse drásticamente, pero que ni con esas se cumple.
¿Una Generalitat incapaz o un Estado en contra?
En la batalla política por cómo garantizar que haya productos culturales en catalán las estrategias son tan diversas como en todo lo demás. La portavoz del PSC, Alicia Romero, considera que la Generalitat ha demostrado a lo largo de la última década una incapacidad para tirar del sector audiovisual y conseguir una mayor presencia de la lengua catalana. “Lo que está claro es que debe cumplirse la ley, pero hay muchas maneras. Nosotros somos partidarios de potenciar la producción y de hacerlo de acuerdo a las necesidades del sector. También de explorar vías como la subtitulación, que desde el sector señalan que es mucho más barato”, explica Romero. “Pero sobre todo estaría bien que no culpemos a otros de lo que podemos hacer aquí y no hacemos”, remacha la diputada,
Para Voltas, en cambio, la solución es otra. “El Estado español ha renunciado históricamente a ser el Estado de la lengua catalana y por tanto el catalán no tiene un estado que lo defienda y esto genera una indefensión que no tiene que ver con el tamaño del mercado, porque ahí están los ejemplos del danés o el islandés”, asegura el editor. “No está escrito en ningún sitio que quien defienda el catalán tenga que ser un estado independiente, lo podría hacer el actual. Pero en el debate sobre las plataformas se esta viendo que es imposible, porque para este Gobierno, que es en teoría el más favorable, poner unas cuotas para el catalán es como si le arrancaran una muela”, exclama el exsecretario de Cultura.