El 10 de octubre de 2019 la eurodiputada de ERC Diana Riba y otros 38 eurodiputados escribieron al entonces presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Le hacían una solicitud de amparo de la inmunidad de Carles Puigdemont y Toni Comín, que entonces eran eurodiputados electos pero sin escaño. Sassoli se lo pensó, y el 10 de diciembre les respondió rechazando esa solicitud de amparo. Cuatro días después de que Riba enviara la carta, se publicaba la sentencia del procés, y, como consecuencia de ella, el juez instructor del Supremo Pablo Llarena emitió una orden de detención para Puigdemont y Comín.
En la vista de este jueves la defensa, desempeñada por Gonzalo Boye, Paul Bekaert y Simon Bekaert, ha defendido que aquella negativa de Sassoli es el origen de muchas de las cosas que ocurrieron después. ¿Por qué? Porque entienden que si Sassoli hubiera atendido la solicitud y hubiera dado curso al caso, pasándolo a la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, automáticamente habría bloqueado la posibilidad de que Llarena emitiera su euroorden, a raíz de la cual se produjeron las detenciones en Alemania, Bélgica e incluso Italia.
En frente, han estado los representantes legales del Parlamento Europeo, Niklas Görlitz, y la Abogacía del Estado, representada por Andrea Gavela. Ambos han reclamado al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que rechace el recurso de Puigdemont y Comín contra esa carta de Sassoli de diciembre de 2019.
Así, Görlitz ha defendido, en la línea de lo manifestado por el Parlamento Europeo en la documentación previa, que la carta del ex presidente de la Eurocámara “no tenía ningún efecto jurídico” y no podía haber sido “vinculante” para la Justicia española, en contra de lo defendido por Boye, cuya tesis es que las euroórdenes de Llarena podrían haberse evitado si la Eurocámara hubiera amparado su inmunidad en otoño de 2019, informa Efe. La tesis de Boye es que si Sassoli hubiera atendido la solicitud, no se podrían haber emitido las euroórdenes hasta la resolución del Parlamento Europeo –en este caso la comisión JURI– sobre la inmunidad de Puigdemont y Comín.
El viernes, el suplicatorio
Si la vista de este jueves ha versado sobre la carta de Sassoli del 10 de diciembre de 2019, la del viernes tiene que ver con el proceso del suplicatorio que terminó aprobado en el pleno del Parlamento Europeo el 9 de marzo de 2021. En este caso, la defensa de Puigdemont argumentará, entre otros asuntos, que el procedimiento no fue imparcial –como vienen a deslizar las cautelares del TJUE en relación con el presidente de JURI, Adrián Vázquez, y el ponente, el ultraderechista búlgaro Angel Dzhambazki–; que hay una persecución política contra los líderes independentistas –en este caso, Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí–, hasta el punto, sostiene la defensa, de emprender una reforma legislativa del delito de sedición con el objetivo de allanar el camino a las euroórdenes.
Asimismo, argumentarán, en la línea de lo reconocido por la Justicia belga en el rechazo a la euroórden del ex conseller de Cultura Lluís Puig, que el Tribunal Supremo no es el competente para reclamar el suplicatorio, porque el caso debería haber sido llevado por el Tribunal de Justicia de Catalunya..