31 de enero de 2023. Será la fecha en que se conocerá una de las decisiones clave de la Justicia europea de cara a la eventual extradición de Carles Puigdemont: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicará la sentencia sobre las cuestiones prejudiciales que envió el magistrado Pablo Llarena para evitar que Bélgica impida la extradición del expresident.
Según ha podido saber elDiario.es, la vista pública para la lectura de la sentencia se celebrará el próximo 31 de enero a las 9.30h. en la sala de audiencias del tribunal con sede en Luxemburgo.
En su sentencia, los jueces europeos responderán a las preguntas formuladas por el juez Llarena tras la negativa de Bélgica a extraditar a Puig, que dejó tocadas las opciones de entrega de Puigdemont al afectar a un aspecto fundamental de la causa: la competencia del Tribunal Supremo para reclamar a los líderes catalanes en el extranjero. Es una cuestión que, a juicio de las defensas, vicia la causa del procés desde su inicio, ya que para los líderes independentistas el caso debía haberse seguido en el TSJ catalán y no en el Supremo al haber ocurrido los hechos en Catalunya.
El magistrado español también pidió una respuesta sobre si se puede denegar una entrega en base a la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, un dictamen que el Supremo desdeña al no ser de obligado cumplimiento para España pero que los jueces belgas tuvieron en cuenta para concluir que la extradición de Puig vulneraría sus derechos fundamentales.
El juez Llarena ha recibido en este procedimiento dos espaldarazos de relevancia tras sus intentos, hasta ahora fallidos, de extraditar a los independentistas catalanes. Primero el Abogado General de la UE, cuya opinión no vinculante pero sí influyente en el TJUE, avaló que no se requiere de un análisis concreto de la posible violación de derechos fundamentales en Puig al no haber riesgo sistemático de vulneración de derechos en España. A la misma conclusión llegó la Comisión Europea en la vista del pasado mes de abril.
Además de la causa sobre las prejudiciales del juez Llarena, el futuro de Puigdemont y los otros dos eurodiputados de Junts, los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, depende de un segundo procedimiento en instancias europeas. Se trata del que versa sobre su inmunidad como europarlamentarios.
De la resolución de ambas causas depende la reactivación de los procesos de extradición paralizados en los tribunales de Bruselas y Sassari (Cerdeña). No será inmediato, ya que en el caso de la causa sobre la inmunidad la sentencia del Tribunal General de la UE (TGUE), que también se espera para principios del año que viene, es recurrible ante el TJUE.
Todo ello mientras, en España, la derogación de la sedición y la reforma de la malversación llevarán al juez Llarena a tener que analizar si las peticiones de extradición que emitió en 2019 contra Puigdemont tras la sentencia del procés pueden mantenerse o deben sufrir cambios para adecuarse al nuevo Código Penal.