Protesta en la Delegación del Gobierno en Barcelona contra el juicio al fotoperiodista Albert Garcia
Un centenar de profesionales de la comunicación, en su mayoría fotógrafos, se ha concentrado ante la delegación del Gobierno en Barcelona en apoyo al fotoperiodista de El País Albert García, detenido por la Policía cuando cubría los disturbios por la sentencia del procés y para quien la Fiscalía pide 18 meses de cárcel en el juicio que se celebrará el próximo 14 de octubre.
La acusación de la Fiscalía se sustenta únicamente en el relato policial de los hechos, sin tener en cuenta el testimonio de los otros informadores que no vieron agresión alguna de Garcia. Además de mostrar su apoyo a Garcia, el gremio ha querido con la protesta denunciar su detención “injusta, desproporcionada y represiva”.
Los hechos se remontan a la noche del 18 de octubre de 2019 después de los graves altercados que se produjeron alrededor de la plaza Urquinaona de Barcelona. Garcia niega las acusaciones y asegura que estaba tomando fotografías de un joven reducido y golpeado por agentes de Policía cuando de los antidisturbios se situó frente a él y le tapó el campo de visión para evitar que captara fotografías del arresto.
“La Policía realizó un montaje policial usando su principio de veracidad para justificar aquella detención, que no se aguantaba por ningún sitio”, ha asegurado el fotoperiodista este jueves en la concentración.
En un comunicado, los sindicatos y federaciones de prensa y fotoperiodismo de Catalunya han expresado su apoyo a Garcia y han reclamado al Ministerio del Interior que desautorice la versión policial de los hechos contra el informador, así como que reconozca su “invención” y que la Fiscalía retire todas las acciones que se le atribuyen “por ser falsas”.
Los profesionales también han reclamado el respeto de las administraciones públicas al derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y contrastada, especialmente en situaciones de conflicto, y la derogación de la 'ley mordaza', que limita los derechos y libertades civiles y provoca una gran indefensión a los profesionales de la información.
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