El Parlament ha tumbado el decreto ley que regula los alquileres de temporada debido a los votos en contra de Junts y la abstención del PSC. El Govern de la Generalitat aprobó el decreto a dos días del inicio de la campaña electoral del 12M, pero era necesaria la aprobación definitiva por parte de la Diputación Permanente del Parlament. La intención de la conselleria de Territorio y Sostenibilidad, Ester Capella, era que esta norma pusiera fin al trasvase descontrolado de viviendas de alquiler convencional al de temporada, que ofrece menos garantías al inquilino y permite esquivar el límite de precios.
Durante la sesión, la consellera ha apuntado que la Ley de Vivienda aprobada en el Congreso abre la puerta a “un fraude de ley” al no regular ni los precios ni los supuestos en los que se puede realizar esta tipología de contrato. “La vivienda es un derecho, la especulación no”, ha remachado Capella. Desde el PSC, Alícia Romero ha reconocido que la ley española establece “una grieta por la que se puede colar mucha gente para hacer fraude de ley” y han coincidido en la necesidad de regular el alquiler de temporada. Pero han afeado al Govern que hayan optado por un decreto “que no se ha trabajado con los grupos parlamentarios”.
Romero ha considerado que el texto no da suficiente seguridad jurídica a la ciudadanía y ha considerado que “el próximo Govern lo podrá regular mejor”. Así, los del PSC han afirmado su abstención en la votación de normativa a la espera de conformar un nuevo ejecutivo que podría acabar en manos de Salvador Illa.
Junts ha votado en contra, asegurando que, si bien es necesario regular esta modalidad de alquiler, “no había que hacerlo así”. “No para conseguir votos, generando falsas expectativas, ni con normas que vayan a ser impugnadas por los tribunales”, han remachado los de Puigdemont.
La normativa entró en vigor a finales de abril en la modalidad de decreto ley, pero estaba pendiente de validación por parte de la Diputación Permanente del Parlament, que debía blindarla. La gran incógnita era el voto del PSC, puesto que se daba por hecho que Junts, Vox y PP no la apoyarían. Y que Comuns y la CUP sí lo harían. Y, una vez despejada la incógnita de los socialistas, el resto de predicciones han sido cumplidas.
Desde el grupo parlamentario de ERC han lamentado el sentido de voto de sus exsocios de gobierno y del PSC. “Es el resumen perfecto de esta legislatura. Una oposición descarada por parte de Junts, protegiendo a estos colectivos”, en referencia a los arrendadores que entran en fraude de ley aprovechando las “brechas” de la normativa. A Junts y el PSC les han afeado que promuevan “la indignidad”. “Lamentamos que, nuevamente la sociovergencia impida los avances del país”.
La nueva normativa modificaba la ley catalana de vivienda de 2007 para especificar que los alquileres de temporada se consideran vivienda habitual salvo si se demuestra que son para vacaciones o usos recreativos. Con esto, la Generalitat buscaba someter estos arrendamientos al índice de precios y a la prohibición de las subidas vigente para el resto.
Al margen de la regulación de los alquileres de temporada, el decreto ley incluía otras novedades de calado en materia de vivienda. Entre ellas, la aplicación del tope de precios también a los arrendamientos de habitaciones o el despliegue del régimen sancionador y otros detalles para supervisar la regulación de los alquileres en general.
Dudas sobre las competencias de la Generalitat
Con esta norma, Catalunya se adelantó a la comisión que mantiene en marcha el Gobierno central, y que se ha reunido dos veces, para poner coto exactamente a la misma casuística. El Govern consideró que la medida no puede esperar al veredicto de Madrid, más aún cuando asegura que tiene competencias en vivienda.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional estableció en 2020 que Catalunya no tenía competencias para regular los precios de los contratos. Sobre ello, el argumento del Govern es que no se interviene estrictamente en los precios, a pesar de que una parte de los alquileres de temporada pasen a estar sujetas a la limitación.
De esta manera, la puerta sigue quedando abierta a una futura nueva regulación. Pero esta deberá venir de la mano del nuevo Govern de la Generalitat. Con el calendario en la mano, y siendo que la consititución del Parlament tras las elecciones no será hasta el 10 de junio, el nuevo ejecutivo -en caso que haya acuerdo- no estará definido, como mínimo, hasta finales de junio. Con todo, la nueva normativa de los alquileres no podrá llegar hasta finales de año.