PSOE y ERC llegan a un acuerdo para rebajar las penas de la malversación sin ánimo de lucro

El PSOE y ERC han encauzado la rebaja de la malversación y han pactado que el nuevo Código Penal castigue con hasta tres o cuatro años de cárcel, frente a los ocho del actual, el delito en los casos en que no haya ánimo de lucro. Así consta en la enmienda transaccional que ambos grupos han registrado en el Congreso.

El nuevo Código Penal rediseña el delito de malversación después de que el PP, en 2015, elevara y equiparara las penas tanto para los casos en que se sustraían fondos públicos para usos privados como los que el dinero se destinaba a un gasto público, pero prohibido o distinto al previsto.

Con la nueva redacción del Código Penal, la malversación más grave se mantiene penada con hasta ocho años de cárcel y hasta 20 de inhabilitación. Pero la conducta que castiga se limita a la apropiación “con ánimo de lucro” del patrimonio público.

El PSOE y ERC introducen dos nuevos artículos para castigar otros tipos de malversación: el primero castiga a la autoridad o funcionario que “sin ánimo de apropiarse” del patrimonio público, lo destine a “usos privados”. Este tipo queda en una pena de seis meses a tres años de cárcel e inhabilitación de uno a cuatro años. Pero si no se reintegran los “elementos del patrimonio público distraídos” a los diez días siguientes del inicio del caso, se podrá castigar con hasta ocho años de cárcel, igual que la malversación con ánimo de lucro.

El tercer artículo del nuevo Código Penal relativo a la malversación castigará a la autoridad o funcionario que dé al patrimonio público “una aplicación pública diferente a la que estuviere destinado”. En este supuesto las condenas podrán ir de uno a cuatro años de cárcel e inhabilitación de dos a seis años si existe un “daño o entorpecimiento grave del servicio” público, pero el condenado evitará la pena de cárcel y solo podrá ser inhabilitado de uno a tres años y pagar una multa si el juez considera que no se ha dañado gravemente el patrimonio público.

Pese a que el texto es pactado y común para los dos grupos, PSOE y ERC hacen interpretaciones diferentes sobre cómo podría afectar a diferentes casos, como los líderes del procés ya juzgados. Para los socialistas, el referéndum del 1-O en ningún caso se despenaliza sino que se enfrentaría a una pena de hasta cuatro años, correspondiente al grado máximo introducido para los delitos no lucrativos de malversación.

En cambio, fuentes de ERC consideran que, si bien sus cargos no han cometido a su parecer delito alguno, en todo caso la Justicia podría aplicarles el tercero de estos artículos sobre la malversación y en su grado rebajado, por lo que las condenas podrían quedar en una inhabilitación y multa. En el peor de los casos, añaden estas fuentes, la pena de prisión sería de 1 a 4 años y no de 8 a 12, como sucede actualmente al aplicarse el tipo más agravado.

La negociación entre los dos grupos sobre los delitos de malversación se ha encauzado gracias a una enmienda transaccional pactada pese al desmarque de Unidas Podemos, que este mismo lunes ha anunciado que no forma parte de las conversaciones para la reforma, aunque no se opondrá a su aprobación. PSOE y ERC consideran que con el nuevo redactado hilan fino para evitar que haya sorpresas inesperadas y que de la reforma se beneficien personas encausadas por tramas de corrupción.