La falta de acuerdo entre el PSOE y Junts a 24 horas de una de las votaciones claras amenaza con aplazar la negociación final de la ley de amnistía. El Congreso se posicionará este martes en el pleno sobre la última versión de la ley de amnistía, una medida tan esperada por el independentismo como torpedeada, antes de nacer, desde diferentes instancias judiciales. A la ya conocida imputación de Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo, lo que podría dejarlos fuera del olvido penal, se le ha sumado, este lunes, la reactivación de la causa que investiga un juzgado de Barcelona sobre la trama rusa del procés. En estas pesquisas se apunta a un posible delito de alta traición que la ley de amnistía, tal y como está ahora, deja fuera.
En este contexto de fuego a discreción las formaciones independentistas, en especial Junts, están apretando al PSOE en el intento de que la mayoría del Gobierno acepte algunas de sus enmiendas que aún quedan vivas, bajo la amenaza de hacer volver el texto a la comisión para volver a debatirlo. En concreto, Junts reclama eliminar completamente de la ley el artículo que excluye de la amnistía los delitos de terrorismo, pero también los de traición y contra la defensa nacional, pensados para las posibles imputaciones que podrían llegar en la llamada trama rusa. Pero el Gobierno lo rechaza y, de hecho, ya ve posible que Junts acabe rechazando el texto y lo devuelva a la comisión de Justicia.
La inclusión de todos los delitos de terrorismo y traición en la amnistía es el principal de los cambios que aún promueven Junts y ERC, que este martes exprimirán la oportunidad para incorporar sus propuestas al texto final. Además, debido a que se trata de una ley orgánica, deberá ser aprobada en una votación específica y no le valdrá una mayoría simple, sino que necesitará contar con 176 votos afirmativos. De esta forma, si uno solo de los socios del Gobierno se quedan en la abstención, la ley no podría aprobarse.
“Negociaremos hasta el final”, resumen fuentes de Junts, que admiten que encaran una de las negociaciones más complicadas de los últimos meses, ya que ven sus enmiendas como absolutamente necesarias para evitar que la amnistía embarranque en los tribunales. Por esta razón, la formación no descarta ningún escenario, incluido votar en contra del dictamen, lo que retornaría la proposición de ley a la Comisión de Justicia y a un nuevo debate de enmiendas parciales. Junts, con todo, tiene un interés evidente en que la ley no decaiga y esta posibilidad de retorno solo puede ejercerse una vez; si tras volver a la comisión la ley se enviase de nuevo al pleno y no obtuviera mayoría absoluta, decaería definitivamente.
Por su parte, ERC se muestra más comedida y considera que, se añadan o no las enmiendas que mantienen vivas, la aprobación de la ley sería un hito que habría que celebrar. Para subrayar ese apoyo a la ley, Oriol Junqueras y la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, han confirmado su presencia en el Congreso.
Por su parte, desde las filas socialistas aseguraban este lunes que no había cambios en la postura que ya manifestaron en la comisión de Justicia, cuando votaron contra las enmiendas particulares presentadas por Junts y ERC. Con todo, también indicaban que hay contactos permanentes con los grupos sobre una de las votaciones más importantes de este arranque de la legislatura.
De esta forma, la negociación entre el PSOE y Junts se augura de nuevo agónica, porque desde los socialistas se niegan a introducir más cambios. Recuerdan además que ya pactaron una serie de salvedades a la exclusión del delito de terrorismo, con el objetivo de evitar que un juez pueda calificar de terrorismo actos que no son vistos así bajo la legislación europea.
Un segundo frente judicial a la amnistía
Hasta ahora la negociación entre los partidos miraba de reojo los pasos que daba el juez García Castellón, instructor de los casos del Tsunami Democràtic y los CDR. Pero el frente judicial para driblar la amnistía no lo ocupa ya en solitario las causas que se siguen en la Audiencia Nacional. Desde este lunes se le ha sumado un caso que permanecía casi en el olvido en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, el relativo al intento de Rusia de influir en 2017 en la independencia de Catalunya para desestabilizar a la Unión Europea.
El juez Joaquín Aguirre ha decidido prorrogar otros seis meses la pieza política de la trama rusa del procés –la empresarial ya se archivó. Según informan fuentes fiscales, el magistrado no solicitó informe previo a la Fiscalía –que ha tenido varios encontronazos con el juez a lo largo de la instrucción del caso– antes de decidir si prorrogaba las pesquisas.
El auto por el que el instructor prorroga otro medio año más la instrucción es un compendio de documentos y declaraciones del caso que ya se conocían. La principal novedad es una nota anónima que llegó al juzgado a finales del año pasado y que viene a confirmar aspectos que ya habían apuntado las pesquisas así como investigaciones periodísticas. En otras palabras: novedades, pocas. El juez solo apunta a la necesidad de prorrogar la instrucción porque todavía tiene que analizar varios documentos e informes de la Guardia Civil.
A diferencia de la causa de Tsunami, en la que el juez García Castellón imputó por sorpresa a Puigdemont en noviembre, los elementos que vinculan al expresident con la trama rusa ya formaban parte del caso Voloh desde hace meses. El juez Aguirre no ha explicitado la imputación del expresident, pero ha dejado un reguero de frases que conducen hacia ella. La más reveladora es la que expresa que había “alguna persona” en posiciones de poder que autorizaba los contactos con agentes rusos.
El juez, en su resolución de este lunes, no hace sino reiterar conversaciones y documentos a los que había hecho mención en autos de los años 2019 o 2020 y a declaraciones de investigados y testigos que se celebraron en 2022.
La clave del caso son los contactos entre el exdirigente de Convergència Víctor Tarradellas y ciudadanos rusos en las fechas críticas del procés en 2017. De todo ello dieron cuenta al juzgado el propio Tarradellas y Elsa Artadi, exalto cargo del Govern de Puigdemont que confirmó hasta tres encuentros con los rusos presentados por Tarradellas. Los encuentros versaron sobre criptomonedas y su posible uso para financiar una Catalunya independiente.
A partir de ahí las versiones difieren. Mientras Artadi aseguró que Puigdemont no dio credibilidad a la oferta rusa sobre criptomonedas ni ordenó seguir con los contactos, Terradellas –que está imputado en el caso– fue menos rotundo sobre la negativa del president. Terradellas explicó que Puigdemont no instó a negociar con el Kremlin, sino que tan solo aceptó la invitación de Terradellas para recibir a los supuestos emisarios rusos.
En esta compleja trama en la que se mezclan supuestos agentes de la inteligencia del Kremlin y oportunistas en busca de negocio, queda por desentrañar el papel de Jordi Sardà, el supuesto traductor de las reuniones con los rusos de 2017 con un pasado de denuncia por estafa por haber negociado falsamente en nombre de Gas Natural una operación en Ucrania.
Otra línea de investigación que sigue abierta en la trama rusa afecta al jefe de la oficina de expresident de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y se refiere a la supuesta continuación de los contactos rusos para las criptomonedas a través del empresario Jaume Cabaní. El juez pidió hace meses a Alemania colaboración judicial para indagar en las cuentas abiertas en ese país por el informático.
También están bajo sospecha del juez los mensajes que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, habría intercambiado con el jefe de la oficina de expresident, Josep Lluís Alay, y que según el instructor revelan “de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin”, dado que señalaban que el exjefe del Govern no debía criticar a Vladimir Putin por el caso del disidente Navalny ni al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko.
Inicio del periplo de la amnistía en el Senado
Pese a las desavenencias sobre las enmiendas y las posibles carreras de última hora para pulir el texto, todas las partes esperan que este martes la ley de amnistía reciba el aprobado definitivo en el Congreso. De ser así, supondrá una reválida fundamental para la ley, pero no definitiva, debido a que aún le queda el periplo en el Senado, donde la derecha cuenta con mayoría absoluta.
La Cámara Baja no puede en ningún caso vetar una ley del Congreso, pero sí en cambio dilatar su trámite. Inicialmente, una propuesta que llegase calificada con el procedimiento de urgencia debía ser debatida y aprobada o devuelta en 20 días. El PP sin embargo cambió el reglamento para que fuera el propio Senado quien calificase si la tramitación era o no urgente, lo que podría hacer que los trámites de la amnistía se extendiesen durante más tiempo, hasta los dos meses.
Pasados los dos meses naturales, el Senado devolvería al Congreso la ley de amnistía y ahí solo quedaría que la Cámara Baja revalidase el texto para que acabase publicada en el BOE.