La comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa apoya la excarcelación de los condenados por el 1-O
La comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa (PACE) –una institución no integrante de la UE compuesta por medio centenar de países europeos–, ha aprobado este jueves, por 20 votos a 6, un informe que pide la excarcelación de los líderes independentistas condenados por el 1-O.
“Los políticos necesitan un nivel particularmente alto de protección de la libertad de expresión y la libertad de reunión, tanto en el parlamento como cuando hablan con sus electores, pero esa libertad de expresión no es ilimitada”, ha defendido este jueves la comisión de la PACE: “Todos, y en particular los políticos, tienen derecho a realizar propuestas cuya implementación requiera cambios en la constitución, siempre que los medios propuestos sean pacíficos y legales”.
En el debate del informe, titulado ¿Deberían enjuiciarse los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?, elaborado por Boriss CileviÄs (Letonia, SOC), la comisión se refirió específicamente a la situación en Turquía y España.
El informe, que será votado en el pleno a partir del 21 de junio pide a las autoridades españolas “reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición para que no permitan reinterpretar la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, pretendida por el Legislativo cuando abolió este delito específico en 2005, o dar lugar a sanciones desproporcionadas para transgresiones no violentas”.
El texto también insta a las autoridades españolas a “considerar la posibilidad de indultar o liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las manifestaciones masivas pacíficas relacionadas con él, y considerar la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos catalanes que viven en el extranjero y que son buscados por los mismos motivos”.
Así mismo, se llama a “retirar los enjuiciamientos restantes de los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017 y abstenerse de sancionar a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas simplemente expresando su solidaridad con los detenidos; y garantizar que la disposición penal sobre la apropiación indebida de fondos públicos se aplique de tal manera que la responsabilidad surja solo cuando se puedan establecer pérdidas reales y cuantificadas para el presupuesto público”.
Por otro lado, el documento aprobado pide “abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que repudien sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen carcelario más favorable o una oportunidad de indulto”.
“Sin embargo”, sostiene el documento, “se les puede exigir que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales”.
El informe, además, pide “entablar un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Catalunya, incluidas las que se oponen a la independencia, con el fin de fortalecer la calidad de la democracia española, uno de los Estados más antiguos de Europa, a través de la autoridad del Estado de derecho, el buen gobierno y total respeto de los derechos humanos, sin recurrir al derecho penal, pero en pleno respeto del orden constitucional español”.