Puigdemont planea quedarse indefinidamente en Bélgica y buscar fórmulas de delegar la presidencia

Carles Puigdemont, que en los últimos días de campaña reconocía que estaba cansado, ahora se siente fuerte y su próximo paso es intentar ser investido sin riesgo de ser antes encarcelado. O al menos intentarlo, porque es evidente que la justicia ha dado pruebas más que sobradas de que no le tiembla el pulso a la hora de encausar y encarcelar a dirigentes independentistas. Si esto fuera imposible, el president cesado ya sopesa un plan alternativo: quedarse indefinidamente en Bélgica y buscar una fórmula para delegar la presidencia.

El primer objetivo de Puigdemont, que a priori se antoja inverosímil, pasa por que Mariano Rajoy se avenga a alcanzar un pacto que comportaría que la Fiscalía no le pida cárcel a cambio de que él, previa entrega del pasaporte, se comprometa a no salir de España. “Se trata de conseguir un acuerdo que le permita volver con garantías”, resumen fuentes próximas al presidente cesado, que añaden que debe haber renuncias por ambas partes.

De momento cuando a Rajoy se le ha preguntado por la posibilidad de reunirse con Puigdemont ha respondido que la única reunión que podría mantener sería con la ganadora de las elecciones, Inés Arrimadas. El presidente sí ha dejado abierta la puerta a un diálogo con los independentistas pero, ha remarcado, “dentro de la ley”.

Renuncia a la unilateralidad

Junts per Catalunya no se plantea recuperar la estrategia de la unilateralidad. El tiempo de las declaraciones unilaterales de independencia ha pasado, aseguran. Ese es uno de los argumentos que esgrimirán, sobre todo en privado, para convencer al Gobierno central de que hay que sentarse a negociar.

En las filas independentistas se apunta la posibilidad de que el lehendakari, Íñigo Urkullu, de nuevo pueda ejercer un papel de mediador entre ambas partes, como ya hizo cuando intentó que Puigdemont convocase las elecciones a cambio de que el Gobierno central no aplicase el artículo 155.

El PNV interpreta el resultado del 21D como una prueba de que Rajoy debe cambiar de estrategia porque, en opinión de los nacionalistas vascos, “el 155 no ha servido de nada”. “Se ha obtenido una foto política de Catalunya muy similar a la de hace dos años, a pesar de todos los acontecimientos y conflictos vividos en este tiempo. Si la foto electoral es la misma, lo que queda claro es que hace falta una forma distinta de encarar el conflicto político catalán”, interpreta la dirección del PNV. 

En manos de Artadi y Rovira

En el caso más que probable de que Puigdemont no consiga arrancar el compromiso de la Fiscalía para que no pida su ingreso en la cárcel, Junts per Catalunya y ERC deberán negociar la composición del nuevo Govern, empezando por la presidencia. En ERC insisten en que ellos están dispuestos a votar a Puigdemont pero que si él no puede regresar habrá que ver quién puede sustituirle. Hoy por hoy reiteran que en ese caso el jefe del Ejecutivo podría ser Oriol Junqueras en tanto que era el vicepresidente del Govern que se pretende restablecer.

Los republicanos esgrimen el informe jurídico firmado por el catedrático Joan Vintró que argumenta que aunque el líder de ERC esté en la cárcel debería poder someterse a la sesión de investidura. De todos modos, igual que parece más que complicado que Puigdemont pueda regresar a Catalunya para ser investido, tampoco es mucho más sencillo que quien pueda ser votado como presidente sea Junqueras, a no ser que el Supremo decida excarcelarlo.

Situados en este escenario, emergen dos nombres, el de Elsa Artadi, estrecha colaboradora de Puigdemont, hasta hace dos días una desconocida en la política catalana y que puede apuntarse el triunfo de haber dirigido la exitosa campaña de Junts per Catalunya. Ella y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, serán las encargadas de dirigir las conversaciones entre ambas candidaturas.

Otro de los nombres que estará presente en las negociaciones y que en algún momento se ha apuntado incluso como posible presidenciable es el exconseller Jordi Turull. En su contra juega que esté en libertad provisional y bajo la vigilancia permanente del juez Llarena.