Este jueves fueron Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. Y este viernes ha sido el turno para Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. El expresident de la Generalitat y los políticos de Junts han pedido al Tribunal Constitucional que dos de sus nuevos magistrados, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, se aparten de los recursos sobre la causa del procés por su “estrecha relación” con el PP.
En sendos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de los políticos de Junts, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, enumera los motivos por los que, a su juicio, Arnaldo y Espejel carecen de la imparcialidad necesaria para formar parte de las deliberaciones del Constitucional sobre el procés.
Recuerda Puigdemont que Arnaldo y Espejel han sido propuestos como magistrados por el PP, un partido cuyo presidente, Pablo Casado, “ha manifestado un interés notorio” en el encarcelamiento de los políticos independentistas encausados. En estas circunstancias, abundan los escritos, “resulta imposible de sostener” que Arnaldo y Espejel “puedan tener apariencia alguna de imparcialidad”.
Con las recusaciones planteadas por los políticos independentistas, las dudas sobre la idoneidad de Arnaldo y Espejel, que llegó a ser apartada del juicio de Gürtel por su proximidad al PP en su etapa en la Audiencia Nacional, vuelven a primera plana pocos días después de que PP y PSOE cerraran el acuerdo para renovar el Constitucional. Los del procés son los primeros, pero pueden no ser los únicos procedimientos en los que las partes piden apartar a Arnaldo y Espejel por el mismo motivo: su cercanía al PP.
En el caso de Arnaldo, Puigdemont y los políticos de Junts agregan que firmó, en septiembre de 2017, un manifiesto llamado 'Parar el golpe', en el que se pedía que cayera “todo el peso de la ley” sobre el Govern por el referéndum del 1-O, lo que añade otro motivo de pérdida de imparcialidad.
También señala Puigdemont que Arnaldo consideró “enfermos del sectarismo” a quienes discreparan de la decisión de Fiscalía de interponer una querella por delito de rebelión contra los políticos catalanes en 2017. La defensa afirma que son “innumerables” las veces que Arnaldo ha puesto de manifiesto su “absoluta carencia de imparcialidad” sobre la causa.
Otro de los motivos de recusación aducidos por la defensa es que existe una relación de “amistad” entre el juez Arnaldo y el fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien interpuso las querellas por rebelión en 2017, así como con el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, el magistrado de la misma Sala Antonio del Moral, y el letrado de la Junta Electoral Central, Manuel Delgado-Iribarren.
Respecto a Espejel, el escrito apunta su anterior condición de presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, cargo durante el cual tuvo una participación directa o indirecta con algunos pleitos de las causas que afectan a los recusantes. Menciona también la “estrecha vinculación” con el PP y su afiliación a la Asociación Profesional de la Magistratura, que a su juicio ha demostrado una “beligerancia desmedida” contra los políticos independentistas.
Es más, Puigdemont sitúa como motivo de recusación el voto particular que Espejel firmó en su etapa en la Audiencia Nacional favorable a la condena por sedición contra el major Josep Lluís Trapero, si bien no pide que se aparte el magistrado que fue ponente de su absolución, Ramón Sáez, también ascendido al Constitucional tras su reciente renovación.
El Constitucional ya había vivido un episodio similar de recusaciones de de dos magistrados que se habían pronunciado en actos públicos sobre el procés. Tras las recusaciones de los políticos independentistas, los magistrados Cándido Conde–Pumpido y Antonio Narváez se abstuvieron de las sentencias que avalaron la instrucción, el juicio y la condena del Supremo, con el voto particular de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que consideraron desproporcionadas las penas de cárcel.