Carles Puigdemont lleva años viviendo en una contradicción difícil de solventar. Por un lado, desea mantener su aura de “president en el exilio”, lo que le obliga a actuar como líder del conjunto de los independentistas. Pero por otro lado, más allá de sus deseos, la realidad es que Puigdemont es el líder de un partido político, ni más ni menos. Es decir, una figura de parte, sin autoridad política más allá de sus correligionarios.
Este doble rol ha sido la razón por la que Puigdemont lleva ocho años dando bandazos. En el pasado congreso de Junts, en 2022, el expresident optó por no tomar ningún cargo de partido bajo la premisa de que se debía a organismos supuestamente más transversales, como el Consell per la República. Quería subrayar el rol neutral de president de todos. De hecho, Junts siempre ha aspirado a ser percibido como algo más que un partido al uso, a imagen de la coalición transversal que en su día fue Junts pel Sí.
Pero el dilema entre liderar el movimiento o el partido saltó por los aires tras las elecciones de julio de 2023, cuando los votos de Junts se convirtieron en la llave de la investidrua de Sánchez. Puigdemont, sin cargo orgánico, acabó con la ficción del president sin carnet de partido y se vistió con los colores de Junts para ponerse al frente de las negociaciones con el PSOE.
El congreso que Junts está celebrando este fin de semana en Calella es la ceremonia que oficializa ese aterrizaje en la realidad, después de casi ocho años de ficción. Puigdemont volverá a tomar el poder como presidente del partido y Junts pasará página a la estrategia de la transversalidad y la ideología blanda, para convertirse en un partido de centro-derecha independentista al uso.
Regreso al pactismo
A falta de la votación final que deberá respaldar la candidatura del expresident este domingo, los compromisarios han votado a lo largo del sábado las ponencias organizativa, política y estratégica. Las nuevas coordenadas en las que se moverá el partido se clarifican. La primera, Junts es ahora un partido pragmático respecto a los posibles pactos que le permitan conquistas gradualistas, aunque sin renunciar a la unilateralidad. Algo que rompe con toda una corriente de pensamiento, en su día mayoritaria en el partido, que consideraba una “traición” el camino emprendido por ERC.
Ahora Junts constata que “las relaciones políticas con el Estado son inevitables” y “no rechaza la negociación con el Estado”, aunque advierte que tampoco regalará sus votos solo para mantener el Gobierno de un determinado signo.
¿Cuáles son los objetivos políticos por los que Junts cree, ahora sí, que merece la pena llegar a acuerdos con fuerzas no independentistas? “Defender la democracia, acabar con la represión, acordar medidas que reconozcan la plurinacionalidad y conseguir competencias reales”, enuncian, en una línea que podría compartir un amplio abanico de formaciones, del PNV a ERC, pasando por Bildu y, por su puesto, también la antigua CiU.
El Junts que se presenta tras Calella es un partido más pragmático, pero también es una máquina mejor engrasada para hacer oposición, sobre todo al Govern de Salvador Illa. Para conseguirlo, la formación de Puigdemont defiende reforzar el municipalismo y la capilaridad, participar de todos los aspectos de la vida social catalana y tener un conjunto de ideas y propuestas abiertas pero más definidas que en la etapa anterior.
La nueva estrategia también sube el precio del apoyo a Sánchez, aunque sin retirárselo aún. La enmienda que reclamaba dar por roto el pacto de investidura en el Congreso ha sido rechazada y, por tanto, el mandato de la dirección de Junts es seguir apurando la negociación con la Moncloa. Con todo, el mismo texto recuerda que solo sostendrán el actual Gobierno en la medida que sea útil para sus intereses. En las últimas semanas se ha especulado con la posibilidad de que Junts pueda llegar a entendimientos con el PP, opción que la cúpula del partido niega.
Un partido más de derechas
Esa redefinición ideológica tiene que ver con el reproche que los sectores más alienados con la antigua Convergència han hecho a los nuevos políticos que han poblado Junts en los últimos años. Si Laura Borràs era capaz de manifestarse contra los Centros de Internamiento de Inmigrantes y Quim Torra daba luz verde a un aumento del impuesto de sucesiones bajo su presidencia, los veteranos creían que esa indefinición les restaba credibilidad ante determinados sectores alineados con las propuestas más liberales y conservadoras.
Pero ahora, además, Junts ya no es un partido que esté solo en el espectro de la derecha independentista, donde la extrema derecha de Aliança Catalana ha comenzado a competir, de momento tímidamente, pero con potencial para expandirse.
Por eso las ponencias aprobadas este fin de semana dan un giro en temas como la fiscalidad, la seguridad y la inmigración. Respecto a lo primero, la idea que defiende Junts es una rebaja generalizada de los tributos, que desea poner “en la media europea”. Además, propone una “reducción justa de impuestos como el de sucesiones y del IRPF”.
La seguridad también ocupa una parte importante del documento programático de Junts, donde se argumenta a favor de aumentar la dureza del Código Penal, de dotar con más recursos económicos los juzgados para evitar su colapso y de poner atención a las nuevas tecnologías, habida cuenta de que los delitos de estafa electrónica son los que más crecen. El partido rescata además el clásico “reforzar el principio de autoridad”, gracias a lo que introduce por sorpresa en el apartado de la seguridad la necesidad de “valorar el trabajo de los profesores”.
Menos evidente es el “modelo catalán de integración” que propone Junts respecto a la inmigración. Esta cuestión es importante para el partido, que reclama todas las competencias en materia migratoria y que querría ejercerlas a través de una “agencia catalana de inmigración”, convirtiendo la Generalitat en la única institución de referencia para la población sin nacionalidad española que vive en Catalunya.
Más allá de la necesidad de que la población que llega se integre en la catalanidad, con especial énfasis en la adquisición de la lengua catalana, Junts no especifica si quiere imponer criterios más o menos duros que los actuales para la adquisición de la residencia o de la nacionalidad, ni define exactamente a qué se refiere con los “deberes” que quiere aparejar al derecho básico de aparecer en el padrón del municipio donde uno habita.
Turull continúa comandando el partido
En Junts han querido escenificar que el congreso de Calella servía para integrar diversas tradiciones y sensibilidades en el partido. Fruto de ello es el acuerdo de fusión con Demòcrates de Catalunya, la formación de los independentistas que salieron de Unió en 2015 y que ahora se verán representados por la vicepresidencia de Toni Castellà.
Pero, pese a que es innegable la entrada de caras nuevas en las más de 25 personas que componen la nueva ejecutiva, hay un elemento de continuidad de mucho más peso: la secretaría general de Jordi Turull. Desde el año 2022, este veterano que aún atesora muchos más trienios en Convergència que en Junts, ha sido quien ha dirigido la formación.
La gestión de Turull se ha caracterizado a la vez por la mano izquierda y la conciliación entre sensibilidades, lo que no ha impedido que haya acabado orillando a los partidarios de Laura Borràs, hasta dejarlos este sábado fuera de la ejecutiva.
Pese a la llegada de Puigdemont a la presidencia, se espera que Turull siga siendo el hombre fuerte del partido en el día a día. Lo hará acompañado de unos vicepresidentes de probada lealtad a su sector, como son Míriam Nogueras, Josep Rius o Mònica Sales.
Si entre 2017 y 2021 Carles Puigdemont y los suyos emprendieron una carrera para alejarse todo lo posible de la sombra de Convergència, de la que renegaban abiertamente, en los últimos dos años han emprendido el camino inverso. Un regreso a los orígenes que ahora se hace oficial en Calella y que tiene el reto de desempolvar la estrategia del nacionalismo tradicional pero con la mitad de fuerza parlamentaria de la que solía disponer en tiempos de Jordi Pujol.