Un juez de Manresa (Barcelona) ha admitido a trámite la querella del fiscal coordinador de delitos contra el medio ambiente y urbanísticos, Antoni Pelegrín, contra un empresario por demoler el molino protegido de Cal Cots en Navàs (Barcelona), fechado en el siglo XVI, y un yacimiento de la época romana y medieval, aprovechando las actuaciones que llevaba a cabo para limpiar el campo donde estaban situados.
En su querella, el coordinador de la Fiscalía contra el Medio Ambiente y Urbanísticos de Barcelona, Antoni Pelegrín, pide al juez que cite como imputado al dueño de la compañía –lo que ocurrirá previsiblemente en las próximas semanas– y a su empresa, por dos delitos contra el patrimonio histórico, castigados con hasta seis años de cárcel. Les acusa de causar un daño “incalculable” y “pérdidas irreparables” en el patrimonio histórico.
Los hechos se remontan a la primavera de 2019, cuando la empresa del querellado, aprovechando que tenía un permiso forestal para limpiar el campo, derribó el molino con maquinaria pesada, y demolió dos caminos en la zona, en los que había el yacimiento de Vilamorós, con restos del bajo imperio romano y de la etapa medieval, entre los años 284 y 1492.
Los agentes rurales descubrieron los destrozos en agosto de 2019, tras lo que Pelegrín abrió unas diligencias que han desembocado en la causa judicial. El molino de Cal Cots, un bien cultural protegido por el plan especial urbanístico de masías y casas rurales, quedó convertido en una “simple acumulación de piedras”, pese a que disfrutaba de una “protección total” que obligaba a preservar toda la construcción por “singularidad, relevancia arquitectónica, paisajística e histórica”, recuerda el fiscal.
La actuación del empresario también provocó que el yacimiento sufriera daños de un valor “incalculable” que tendrán que valorarse con una intervención arqueológica. En su inspección, los Agentes Rurales localizaron en los terrenos seis fragmentos de cerámica del yacimiento que habían quedado esparcidos por la zona tras la actuación del empresario.
El empresario querellado provocó supuestamente estos daños en el patrimonio aprovechando un permiso del que disponía para limpiar los campos adyacentes al molino y al yacimiento. Se trata del permiso que se concede para limpiar campos que luego se usarán para plantar cultivos o crear cortafuegos para prevenir incendios.
No obstante, en el permiso concedido por la Administración se hacía constar expresamente la negativa para actuar en el terreno que ocupaba el molino debido a que formaba parte del patrimonio protegido así como en una tumba del yacimiento de Vilamorós “por la afectación visual”.
Además, en caso de querer actuar en el resto del yacimiento, la Generalitat precisó que antes debía llevarse a cabo una intervención arqueológica preventiva, rebajando el subsuelo vegetal de las áreas afectadas bajo control y excavando zanjas para conocer la dimensión de todos los restos y proponer así medidas correctoras. El empresario lo obvió y echó la maquinaria por la calle de en medio. Ahora tendrá que explicar por qué al juez.