Sánchez y Aragonès acuerdan impulsar una ley que permitirá dirigirse en catalán a las administraciones del Estado

La negociación Estado-Generalitat se reactiva. Pedro Sánchez y Pere Aragonès han acordado este jueves volver a reunir la mesa de diálogo entre gobiernos durante el primer trimestre de 2024, para volver a tratar sobre el llamado el conflicto político en Catalunya. La nueva cita contará además con la presencia de ambos presidentes. “Debemos seguir avanzando en el diálogo como mejor manera de garantizar el bienestar y la convivencia y para mejorar la vida de la gente de a pie”, ha asegurado Sánchez durante su comparecencia.

Además, los presidentes del Gobierno y la Generalitat han cerrado varios acuerdos, entre los que destaca una ley orgánica de plurilingüísmo, que permitirá a la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado en lenguas oficiales diferentes al castellano. También han acordado la implantación en Catalunya de un centro tecnológico de producción de chips y el traspaso del Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros.

Esta batería de pactos se ha cerrado durante la reunión que Sánchez y Aragonès han mantenido en el Palau de la Generalitat en la que constituye la primera visita del jefe del Gobierno a un dirigente independentista desde que fue investido. “Se van cumpliendo los acuerdos y se va avanzando”, ha manifestado Aragonès, que ha asegurado que la amnistía está “haciendo posible la apertura de una nueva etapa”.

Respecto al reinicio de la mesa de diálogo, Sánchez ha asegurado que debe “devolverse a la política lo que nunca debió salir de la política”, para lo cual ha indicado que sirve la ley de amnistía. Sobre el referéndum, sin embargo, el presidente del Gobierno ha indicado que, si bien Aragonès ha reiterado su petición de un referéndum de autodeterminación.

“Ya saben cuál es la posición del Gobierno y la mía personal [sobre el referéndum]. Lo que tenemos que hacer durante los próximos cuatro años es avanzar por un acuerdo que refuerza el autogobierno de Catalunya”, ha remachado Sánchez.

Respecto a la posibilidad de acordad un pacto fiscal con Catalunya, posibilidad que propone ERC, Sánchez ha recalcado que al Agencia Tributaria catalana es una de las opciones que aparece en el Estatut, aunque lo ha enmarcado siempre en el marco de la negociación.

Por su parte, el president de la Generalitat ha anunciado también que el verificador pactado entre ERC y el PSOE será “internacional”, una condición que inicialmente no se había especificado, pero que emula al que ya se ha conocido entre el PSOE y Junts. Sin embargo, en el caso de los republicanos, no harán público, al menos por el momento, el nombre de esta tercera figura en las negociaciones para evitar la exposición pública.

Respecto a la “nueva etapa” en la negociación a la que se ha referido Aragonès, el president también ha señalado la necesidad de que haya presupuestos “en todas las administraciones”, para que haya nuevos recursos disponibles. Con esta frase, guiñaba el ojo a Sánchez para que trate de garantizar una mayoría favorable a las cuentas de la Generalitat en el Parlament que pase por el PSC.

Conexión renovada entre Sánchez y Aragonès

La última vez que Pedro Sánchez pisó el Palau de la Generalitat aún había restricciones por la COVID, los presos istas solo llevaban unos meses en libertad y, aunque la mesa de diálogo se reunió, tanto él como el president Pere Aragonès constataron que sus posiciones estaban “muy alejadas”. Este jueves en cambio el presidente del Gobierno ha visitado al de la Generalitat en Barcelona en un ambiente mucho más distendido y después de que ambos hayan abandonado los complejos para reconocerse como socio del otro.

En ese clima han firmado Sánchez y Aragonès varios acuerdos, la mayoría dando continuidad al documento con el que sus partidos sellaron la investidura, y que incorporaba la obligación de mantener y ampliar la mesa de negociación, el acuerdo para condonar un 20% de la deuda contraída a través del FLA o el traspaso de Rodalies a la Generalitat.

Sánchez y Aragonès mantienen diferencias de fondo sobre cuestiones como el referéndum, la financiación de la Generalitat o las grandes infraestructuras. Pero ambos son conscientes de que dependen del otro para conducir con estabilidad sus respectivos gobiernos. La prueba más clara son los presupuestos, tanto los Generales como los catalanes, ambos proyectos de ley que ahora comienzan a discutirse. ERC querría llegar a un acuerdo global en el Parlament y en el Congreso para sacar adelante ambas cuentas, pero en el lado socialista las cosas no son tan fáciles porque un intercambio de cromos así podría no agradar al PSC.

El calendario de reuniones entre Sánchez y los dirigentes independentistas ha sido un asunto difícil de gestionar para la Moncloa en las últimas semanas, ahora que el PSOE prefiere no hacerle feos ni a ERC ni a Junts. El equipo de Carles Puigdemont había tratado de cerrar una reunión con Sánchez la semana pasada, con motivo de su visita al Parlamento Europeo, pero al final se sustituyó por un inconcreto compromiso de los socialistas de agendar esa entrevista más adelante.

Sin embargo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, anunció que la reunión se realizará próximamente, una afirmación que desde Presidencia aplazaron hasta después de que se apruebe la amnistía, igual que con el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Ley de plurilingüísmo, un “nuevo paso” para el catalán

En su turno de comparecencia, Aragonès ha especificado los objetivos de la nueva ley orgánica sobre lenguas diferentes al castellano, de la que ha asegurado que tiene el compromiso de Sánchez de que se aprovará en el primer semestre de 2024.

Según ha indicado el president, esta nueva ley supone un “nuevo paso” para el catalán, que ya ha conseguido ser una lengua de uso habitual en el Congreso y está en pleno debate sobre su oficialidad en las instituciones europeas.

Esta nueva ley, según el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, debe servir para garantizar la plurinacionalidad en tres ámbitos. Por un lado, garantizar el derecho de toda la ciudadanía a dirigirse en catalán, gallego o euskera a cualquier administración. Por otro, blindar la inmersión lingüística en la escuela catalana, dando una nueva cobertura jurídica. Y finalmente, garantizar la presencia del catalán en los medios audiovisuales, con un nuevo impulso económico.