El uso de espacios sanitarios públicos por parte de empresas privadas se enfrenta a una nueva regulación. El director del Servicio Catalán de la Salud podrá autorizar el uso de bienes inmuebles públicos por parte de entidades proveedoras de servicios sanitarios, ya sea de forma gratuita o a cambio de una contraprestación. Así se contempla en el anteproyecto de ley de medidas fiscales -la norma que acompaña a los presupuestos y que modifica unos ochenta artículos de diferentes leyes sectoriales- que el Gobierno prevé presentar a finales de mes.
En concreto, se propone una modificación de la ley 15/1990 de ordenación sanitaria (LOSC), que blindaría por ley el uso de inmuebles públicos por parte de varias entidades proveedoras de servicios sanitarios. Así según la propuesta, el CatSalut (el ente gestor de la sanidad pública catalana) podrá “autorizar el uso de bienes inmuebles de su patrimonio, ya sean propios o adscritos, vinculados a la prestación de servicios de salud para las entidades proveedoras de servicios sanitarios, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la red pública de salud”.
Si finalmente el Parlament da luz verde a la norma tal como está redactada en el anteproyecto de ley, esto autorizaría al director del CatSalut, David Elvira, a ser él quien haga esta cesión de espacios, dejando la puerta abierta a que sean entidades privadas las que acaben haciendo actividad dentro de los centros públicos.
Esto es así ya que la modificación de la ley presentada por el gobierno no establece a qué tipo de entidades -públicas o privadas- se pueden hacer estas cesiones de espacios ni con qué criterios se determinará si la cesión se hace de forma gratuita o a través de una contraprestación. Según la memoria de la ley, la utilización de los centros públicos se autorizaría “únicamente por las entidades proveedoras” del CatSalut, lo que deja un amplio margen de posibilidades. A día de hoy son proveedoras del CatSalut tanto empresas sin ánimo de lucro como empresas privadas, como el gran grupo privado Quironsalud -hasta hace un meses llamado IDCsalud.
Por otra parte el CatSalut también contempla ceder estos espacios a “otras administraciones o entidades públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro” siempre y cuando lo destinen a fines “de utilidad pública o de interés social complementarios de las actividades de salud”.
La memoria de evaluación de impacto del anteproyecto de la ley de medidas fiscales -donde se especifica cuál es la afectación en los ingresos y gastos públicos de cada una de las modificaciones de ley propuestas- no especifica cuál será el resultado de esta medida, y si tendrá o no impacto económico.
El Gobierno hace esta propuesta a pesar de que en mayo de 2015 el Parlament de Catalunya suspendió la resolución 5/2015 a través de la cual el Gobierno quería regular la actividad privada llevada a cabo dentro de centros sanitarios de la red pública. A pesar de la suspensión, la modificación de la ley que ahora propone el Gobierno permitiría regular este tipo de actividad en los centros públicos.