Jordi Montull ha vuelto este martes a una sala de juicios. El segundo de a bordo del Palau de la Música, condenado por expoliar el auditorio junto a su jefe, Fèlix Millet (ya fallecido), se ha sentado otra vez en el banquillo, esta vez acusado de ocultar 31.500 euros que cobró alquilando un chalé para no devolver lo robado.
La Fiscalía pide dos años de cárcel para Montull y su mujer, Mercedes Mir, por alzamiento de bienes (ahora el delito se llama frustración de la ejecución) con el objetivo de evitar devolver las indemnizaciones al Palau a las que fueron condenados. Su defensa, en cambio, pide la absolución al entender que en ningún momento quisieron esquivar sus responsabilidades.
En una breve declaración, Montull, que camina con bastón, no ha recordado varios de los detalles sobre el alquiler, toda vez que fue su esposa quien firmó el contrato y se relacionaba con el inquilino de la casa. Se ha limitado a negar que quisiera ocultar su renta ya que, según su versión, tenía “prisa” para devolver todas las indemnizaciones al Palau.
Por su lado, Mir, ha recalcado que nunca quiso engañar a la Justicia. “Nunca tuve intención de hacer ninguna trama”, ha dicho, además de indicar que siempre actuó aconsejada por sus abogados. También ha alegado que no se lucró con el alquiler, ya que los ingresos fueron destinados al pago de impuestos y a la conservación de otras fincas “para tenerlas bonitas y no se metieran okupas”.
Al acogerse a su derecho de contestar solo a las preguntas de su defensa, ambos acusados no han respondido sobre el documento clave del caso: el “plan de pago” que Montull ofreció al Palau, desvelado por este diario en junio de 2020, en el que el saqueador mantuvo que sus únicos ingresos provenían de su pensión de jubilación.
No informó en ese plan Montull de que desde diciembre de 2019 obtenía un alquiler de la finca de El Masnou objeto de juicio, lo que para las acusaciones demuestra su voluntad de ocultar ingresos a la Justicia para eludir las indemnizaciones. No fue hasta que Montull declaró el alquiler en su declaración de la renta del año 2020 que el Palau se enteró de ese alquiler.
Sea cual sea la sentencia, la cantidad en cuestión que se reclama a los Montull (31.500 euros que cobraron de alquiler entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021) es irrisoria en comparación con los alrededor de diez millones de euros que todavía quedan por cobrar del caso Palau. Según el último recuento, la Justicia ha logrado recuperar casi 14 de los 23 millones expoliados por Millet y Montull.
Anticorrupción solicita dos años de cárcel para Montull y Mir por eludir la devolución del saqueo ocultando a la Justicia el cobro de 31.500 euros de alquiler de una de las fincas embargadas.
En su informe, el fiscal Abel Andrade se ha reafirmado en su petición de pena y ha subrayado que los acusados urdieron el plan porque “necesitaban ‘cash’”, esto es, dinero en efectivo para sus gastos diarios mientras tenían todos sus bienes embargados por el caso Palau.
“No se reprocha su capacidad para arrendar sus fincas, sino que no entregaran las rentas a la Justicia”, ha aseverado Laura Parés, letrada del Palau de la Música. La defensa de los Montull, ejercida por Laura Bardají y Alberto Rocha, ha negado cualquier conducta “reprochable” de sus clientes, de quienes ha remarcado que estaban “deseosos de pagar” las indemnizaciones al Palau una vez condenados. En especial Montull, ya que era la vía para obtener más rápidamente el tercer grado, que obtuvo el año pasado tras más de dos años en prisión.
No es la única causa pendiente por alzamiento de bienes que les queda a los Montull. Un juzgado de Barcelona les mantiene imputados por un caso similar sobre alquileres y derechos de compra de fincas embargadas a su hija Gemma para eludir presuntamente las indemnizaciones. En esta causa están imputadas también las hijas de Millet, que viven en el extranjero y todavía esperan que el juzgado las cite para declarar por videoconferencia.