Las iniciativas hasta ahora llevadas a cabo por los ayuntamientos, la Administración de la Generalitat y las entidades sectoriales del comercio para encontrar una solución a la venta ambulante “se han demostrado escasas e insuficientes”. Esta es una de las principales conclusiones de un informe del Síndic de Greuges de Catalunya publicado este lunes en el que aunque reconoce las iniciativas de las distintas administraciones, carga contra éstas por considerar que deben hacer más y pide que se coordinen para abordar el fenómeno de un modo integral.
“La inactividad y la falta de actuacioÌn decidida y continuada en el tiempo de las administraciones puÌblicas hacia el 'top manta' conllevan una serie de consecuencias que no se pueden rehuir”, reza el documento. El síndic Rafael Ribó reivindica una actuación “decidida” que incluya “si procede” alojamiento, formacioÌn ocupacional y medidas para regularizar la situacioÌn administrativa de los vendedores de “top manta” que lo requieran.
Según la información que recoge, algunas de las consecuencias del 'top manta' son dejar desatendido a un colectivo de personas (los vendedores) que se encuentra en una situación social “muy precaria o de exclusión total” o cronificar una actividad ilegal que solo beneficia a las tramas mafiosas o las redes de crimen organizado.
El informe analiza las respuestas de las distintas administraciones públicas implicadas en el abordaje de este fenómeno, ya sea por el comercio, el uso de la vía pública, los efectos tributarios o los servicios sociales con los vendedores, entre otros. En este sentido, los municipios a los que se le ha requerido esta información -Barcelona, Roses, Salou, Sitges y El Vendrell- señalan que más allá de llevar a cabo un control genérico del cumplimiento de las ordenanzas de ocupación de la vía pública, también intentan enfocar el fenómeno desde una óptica transversal. Desde el mundo local se recuerda también que la presencia policial preventiva en las zonas donde se concentra la venta ambulante significa actuar sobre “el último eslabón de la cadena”, hecho que, señalan, “en el fondo no resuelve las causas”.
El Ombudsman sugiere crear una Mesa
Ribó recomienda la creación de una Mesa que analice el fenoÌmeno y permita una actuacioÌn coordinada de las diferentes administraciones implicadas (estatal, catalana y local, pero tambieÌn judicial y de la fiscaliÌa) desde el punto de vista de la lucha contra la criminalidad organizada.
En esta misma línea el Ombudsman reclama más implicación a las Administraciones de la Generalitat y del Estado para llevar a cabo actuaciones policiales de forma coordinada en todo el territorio “puesto que las tramas mafiosas o redes de crimen organizado no se circunscriben al aÌmbito municipal”. En este sentido matiza que esta actuación debe dirigirse esencialmente a los puntos de distribucioÌn mayorista de los productos falsificados que se venden en el 'top manta'.
La Mesa además debe servir, según el Síndic, también como vía para difundir las buenas prácticas de consumo, analizar las repercusiones sociales y encontrar una salida para los vendedores -para lo que sugiere que se incluya a representantes de este colectivo-. Así, de crearse esta Mesa podría incluirse a representantes del primer sindicato de 'manteros', el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, creado el pasado mes de Octubre.
En cualquier caso el Síndic clarifica también que esta hipotética Mesa no debe ser utilizada para regular la actividad, que recuerda que es ilegal. “En ninguÌn caso se deberiÌa permitir que se continuaran vendiendo productos falsificados en el espacio puÌblico”, añade.
Quién ya creó una mesa para abordar el fenómeno es el Ayuntamiento de Barcelona. El pasado mes de diciembre se celebró la primera reunión la Taula de la Ciutat, impulsada por Barcelona en Comú y ERC para profundizar en medidas de autoempleo y emprendimiento para dar una salida legal a los manteros.