Los sindicatos piden al Govern instrucciones por escrito si involucran a funcionarios en el 1-O
Que queden todas las instrucciones registradas y por escrito. Esta es la demanda que los sindicatos trasladan el Govern de la Generalitat y a las administraciones locales si pretenden emplear a funcionarios públicos para tareas relacionadas con el referéndum del 1-O.
Ante la lluvia de citaciones judiciales y querellas de esta última semana, los representantes de los trabajadores lo tienen claro: “Si hay órdenes relacionadas con el proceso de votación, pedimos que sean por escrito”, defiende Manuel Fages, secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.
Lo que quieren evitar a toda costa es que empleados como los secretarios municipales, policías locales, conserjes de equipamientos públicos o funcionarios del Govern, muchos de ellos implicados en los procesos electorales regulares, se encuentren en la tesitura de tener que escoger entre las órdenes de un superior o las de un juez. “Los trabajadores públicos deben contar con garantías para no resultar perjudicados por la convocatoria electoral”, sostiene Encarna Fernández, secretaria general de empleados públicos de Catalunya de la UGT.
CCOO y UGT no son los únicos que piden al Govern instrucciones por escrito a los funcionarios, también lo reclama Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), aunque ellos, abiertamente partidarios del 1-O, no comparten el grado de preocupación de los otros sindicatos.
“Los funcionarios de la Generalitat deben su lealtad al Govern, son un cuerpo jerárquico”, defiende el portavoz de IAC, Luis Blanco. Por ahora no hay ningún apercibimiento concreto de la Fiscalía a los funcionarios para que eviten promover el referéndum.
Un consejo que no se reúne desde hace 7 años
Un elemento de preocupación añadido para CCOO y UGT es que el Govern no haya atendido todavía a sus peticiones de reunión. Ambos sindicatos registraron a principios de agosto una petición para reunir el Consejo Catalán de la Función Pública, un organismo consultivo que reúne a Generalitat, federaciones de municipios y representantes de trabajadores. De momento la Conselleria de Governació no ha dado respuesta a la demanda.
La última vez que se reunió en Consejo fue en 2010, durante el Tripartito, cuando el conseller de Governació era Jordi Ausàs (ERC). El organismo estaba tan en desuso que antes de pedir su reunión, los sindicatos renovaron a sus miembros porque el mandato de la práctica totalidad de ellos había caducado.
Fuentes de Governació defienden que, pese a que no ha habido un encuentro formal con los sindicatos para abordar el 1-O, sí se han mantenido contactos “constantemente” para “tranquilizarles”. En esas conversaciones, cuya existencia los sindicatos no niegan, el Govern les ha transmitido el mismo mensaje que ha difundido en público: “No se pondrá en riesgo a los funcionarios”.
Descartan a los directores de instituto
En la memoria de los sindicatos está también el papel de los directores de instituto para abrir los puntos de votación de la consulta del 9-N. Aunque no suelen intervenir en las jornadas electorales, a ellos les correspondió dejar a los voluntarios las llaves para abrir los colegios en la consulta soberanista, algo que el departamento de Enseñanza, sin embargo, no ordenó por escrito a aquellos directores que se lo pidieron.
Esta cuestión fue clave en el juicio contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega para dilucidar si el Govern siguió con el 9-N pese a la suspensión del Tribunal Constitucional. El TSJC condenó a Mas, Rigau y Ortega por desobedecer la suspensión del 9-N decretada por el TC, pero no apreció suficientes pruebas para condenarles por prevaricación, es decir, por haber dictado una orden a sus subordinados a sabiendas de su ilegalidad.
Esta vez, sin embargo, la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, ha repetido una y otra vez que los directores no deberán intervenir en ningún momento. “Los directores en concreto no intervienen en los procesos electorales”, insistió Ponsatí el mismo día en que asumió directamente la presidencia del Consorcio de Educación de Barcelona, que gestiona los 287 centros educativos de la capital catalana.
Este gesto fue interpretado en el marco de las negociaciones con el Ayuntamiento para habilitar puntos de votación el 1-O. La propia Ada Colau afirmó en Rac1 que cuando Ponsatí le comunicó los cambios le dijo que eran por “motivos obvios”.
