Con su propio ritmo de desescalada, la Justicia ha empezado este martes su fase 3 y se han incorporado el 100% de funcionarios en las oficinas. Tras desestimar la idea inicial de celebrar juicios en agosto, los juzgados han apostado por aumentar las sesiones por las tardes. Una solución de emergencia, con dificultades logísticas y que en el caso de la jurisdicción social de Barcelona, una de las más colapsadas de España, apenas contribuye a desatascarlas cuando ya se empiezan a notar las derivadas judiciales de la pandemia.
“Estamos llenos todo 2021, algunos juzgados incluso tienen señalamientos en 2022, y ya entran demandas de despido por la COVID-19”, comenta en medio de la pausa entre dos vistas este martes por la tarde el decano de los jueces sociales de Barcelona y titular del juzgado de lo social 3, Xavier Gonzàlez de Rivera. El magistrado, sin toga al igual que los abogados, permite a los letrados intervenir sin mascarilla, pero no deja quitársela al chapista que reclama una invalidez a la Seguridad Social. Preside su mesa en el estrado un gel desinfectante, que el juez se aplica a cada rato mientras revisa los documentos de las partes.
Para empezar, en Barcelona y otros muchos juzgados existe un problema de espacio: de las seis salas de la planta principal de los juzgados sociales de la capital catalana, solo se pueden celebrar juicios en tres para evitar las aglomeraciones en el edificio judicial. Además, entre vista y vista la sala se tiene que desinfectar.
Luego está la cuestión del personal. El Ministerio de Justicia ha evitado obligar a los funcionarios a trabajar por las tardes salvo que sea imposible guardar las distancias y cumplir con las medidas de seguridad por la mañana, por lo que el auxilio judicial que acompaña al juez durante la vista solo acude de forma voluntaria. Para intentar regular la cuestión, la Generalitat ha pactado con los sindicatos que cada hora trabajada por las tardes –generalmente las vistas se señalan de 15h a 18h.– se compensará con dos horas libres. Pero no todos los auxilios que se prestan voluntarios.
En el juzgado de Gonzàlez de Rivera todavía están cuadrando el calendario para encajar todas las vistas suspendidas a raíz del estado de alarma. El magistrado da cifras que muestran la dificultad para volver a la normalidad: de media, cada uno de los 33 juzgados de lo social de Barcelona ha dejado de celebrar 200 actos judiciales durante el estado de alarma, lo que arroja 6.600 vistas pendientes.
En las tardes del mes de junio solo están programados 190 juicios, y por la mañana, si antes cada juzgado celebraba una docena de juicios o más, ahora se han reducido a la mitad por la limitación de salas y espacio, y no todos pueden repartirse entre mañana y tarde porque dependen de la voluntariedad del auxilio.
Además, si en otras jurisdicciones como la penal el confinamiento ha reducido la delincuencia, y en la mercantil los efectos pueden notarse más hacia finales de año, en la social ya entran asuntos derivados de la pandemia como los primeros despidos, que hay que tratar con rapidez. “No se puede dar al ciudadano una respuesta en dos años o más”, zanja la magistrada Mar Serna, del social 23.
Por si fuera poco, la tormenta perfecta puede llegar en unos meses a los juzgados sociales cuando se incrementen todavía más las demandas por despido derivadas de la crisis de la COVID-19. Además, llegarán al juzgado las consecuencias del cierre de Nissan –los despidos colectivos irán a la Sala Social del TSJC, pero los individuales a los juzgados de Barcelona– y las demandas por todo lo relacionado con el Ingreso Mínimo Vital, así como las incapacidades derivadas de la pandemia.
“Necesitamos más jueces para poner al día los juzgados”, remarca Gonzàlez de Rivera. Para Serna, además de ampliar los juicios telemáticos –por ejemplo vistas de incapacidad en la que el perito médico que comparece en la sala puede remitir al juez un informe por escrito–, habría que crear un tribunal de instancia extraordinario, formado por magistrados de la Sala Social de los TSJ o recientemente jubilados, para encargarse de los asuntos urgentes derivados de la COVID-19.
Con todo, en los primeros días de vuelta a las vistas presenciales, Gonzàlez de Rivera sí ha detectado un aumento de las conciliaciones, esto es, los acuerdos previos al juicio entre las dos partes. Crear dos sesiones de conciliación antes del juicio es otra de las propuestas que el magistrado que serían útiles para intentar desatascar los juzgados.
Ministerio y Consejo trabajan en un plan de choque judicial que debería entrar en funcionamiento en septiembre, pero según se desprende de lo avanzado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, la semana pasada, los refuerzos pasarían por jueces recién salidos de la escuela judicial.
Si hay rebrote, teletrabajo solo para jueces y letrados
La pandemia del coronavirus ha cogido a los juzgados sociales en general, y a los de Barcelona en particular, todavía tiritando por la crisis económica de 2010: no se ha incrementado prácticamente la planta judicial pese al aumento de asuntos derivados de la última recesión. Además, a diferencia de otras jurisdicciones, en la social solo han podido teletrabajar el juez y el letrado de la administración de justicia porque no hay medios para que el resto de empleados de la oficina judicial trabaje desde casa.
“Igual que se dijo lo de agosto hábil como si fuera la panacea y no lo ha sido, lo de las tardes tampoco lo será. Entendemos la necesidad de sacar juicios pero tampoco se le puede pedir al auxilio que haga más horas que un reloj”, expresa Vicente Navarro, del sindicato de trabajadores de la administración de Justicia STAJ. “O se habilitan medios para el teletrabajo de toda la oficina o si viene un rebrote en octubre volveremos a estar igual”, advierte David Toribio, de CC.OO.