El juez declaró nulo el desahucio, pero su casa ya estaba destrozada: así dejó una inmobiliaria el piso de un anciano

Francisco Sánchez salió a hacer unas gestiones una mañana de febrero y desde entonces este octogenario de Barcelona vive un calvario que lleva ya casi un año. Ese día se quedó sin casa a pesar de tener un contrato indefinido de renta antigua y estar al corriente de todos sus pagos. Un fondo inversor, que quería echarle para reformar el edificio, logró expulsarle en su ausencia. Tras recurrir el caso, un juez declaró nulo el desahucio el pasado octubre y ordenó que regresara a su vivienda. La que fue su casa durante décadas, sin embargo, está ahora completamente destrozada.

Según alega el propio fondo inversor que lo expulsó, Sánchez no puede volver a su casa porque está en “estado de ruina potencial”. Tras echarle del domicilio cuando este anciano salió a renovar el bono social de los suministros, la inmobiliaria le destrozó completamente el piso para “evitar que fuera ocupado ilegítimamente por terceros ocupas”, según alega la empresa en un escrito al juez al que ha tenido acceso elDiario.es

Para apoyar sus alegaciones, la inmobiliaria adjunta en su escrito al juez una veintena de fotografías que ilustran hasta qué punto destruyeron el domicilio de este camarero jubilado.

Abrieron boquetes en las paredes, en los techos y suelos. Rompieron puertas, cristales y azulejos. Inhabilitaron suministros y dejaron el piso inhabitable. A pesar de que el juez estableció que debe regresar, ahora mismo Sánchez no puede hacerlo debido a las actuaciones llevadas a cabo por el fondo inversor UPL-Gràcia S.L, que no ha podido ser localizado para hacer comentarios.

“Se dan las condiciones básicas de deterioro grave de elementos estructurales, no reúne las condiciones de habitabilidad y seguridad y el coste de rehabilitación del edificio supondría seguramente un valor muy superior al 50% del valor actual del inmueble”, señala el informe remitido por la inmobiliaria al juez, con el que pretenden evitar la obligación de que Sánchez pueda regresar a su casa.

Este anciano ya aseguraba en octubre, cuando este periódico publicó el caso, que su domicilio había sido destrozado por parte de la inmobiliaria. Sin embargo no había podido corroborar hasta qué punto lo habían destruido porque no podía acceder al inmueble. Las fotografías que la propia inmobiliaria ha enviado al juez le han sentado como un mazazo. 

“Me sentó como una patada en el estómago”, admite este anciano en conversación telefónica. “Ver todos mis electrodomésticos tirados y rotos, todo lo que invertí para tener mi casa en buen estado al garete... Me parece surrealista”.

Según Lluis Humet, el abogado defensor de Sánchez, el fondo inversor no dispone de la licencia de derribo correspondiente y el Ayuntamiento de Barcelona le ha abierto un expediente por el caso de este domicilio situado en la calle Maignon. El letrado ha solicitado que devuelvan a Sánchez su propiedad y la arreglen para que pueda residir en su piso de una vez.

Un periplo por culpa del 'mobbing' inmobiliario

Desde que le echaron por sorpresa de casa, Sánchez ha vivido un periplo que le ha llevado por pensiones, hoteles y casas de distintos familiares en plena pandemia. No ha podido volver a entrar a su domicilio desde ese día de febrero en el que salió con lo puesto a hacer unos trámites. Le cambiaron la cerradura y ni siquiera le permitieron acceder personalmente a recoger sus objetos personales, que estuvieron guardados en el almacén de un bar en el que solía desayunar.  

“En ese piso se quedó parte de mi vida”, asegura desde Madrid, donde reside instalado en casa de un hermano. “El 80% de todo lo que tenía se quedó ahí: electrodomésticos, muebles, recuerdos...” Insiste, además, en que su deseo es vivir en el barrio de Vallcarca de Barcelona, el sitio que él considera su casa. “He vivido medio siglo allí, lo que quiero es volver de una vez y dejar tranquilo a mi hermano”.

A sus 80 años, Sánchez ha ido de lado a lado durante meses. Los problemas, sin embargo, comenzaron en 2018, cuando la inmobiliaria empezó a presionar para expulsarlo de lo que había sido su domicilio durante 45 años. El fondo compró el edificio por 450.000 euros en 2017 y en 2018 pretendía venderlo por 1,8 millones. A pesar de que en el inmueble seguía viviendo este anciano, la empresa aseguraba en sus anuncios que vendía el edificio “libre de inquilinos”.

Para lograr echarlo, la inmobiliaria aprovechó que un mes se retrasó ocho días en pagar el alquiler para iniciar un proceso de desahucio. No se le notificó correctamente y por esto le acabaron expulsando un día en el que ni siquiera estaba en su domicilio.

Francisco asiste ahora atónito a su situación actual: la justicia ha ordenado que regrese a su casa pero ya no tiene casa. Quién le ha destrozado su domicilio tampoco quiere compensarle de ninguna manera. “Cuando yo salí de casa esa mañana de febrero el piso y el edificio estaban en perfecto estado”, rememora ahora. “No consigo entender que haya ganado el caso en la justicia y que nadie haga nada para arreglar la situación”.