El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha presentado una querella ante el juez de guardia de Manresa (Barcelona) –partido judicial de la prisión de Lledoners– en la que pide “identificar a los responsables” del “mensaje amenazador” que, a su juicio, envió el Tribunal Supremo al advertir de que si los funcionarios de prisiones catalanas excarcelaban a los presos del procés por el coronavirus podrían incurrir en un delito de prevaricación.
La semana pasada la Generalitat comunicó a la prensa que las Juntas de Prisiones catalanas empezarían a estudiar la excarcelación temporal mientras durara la pandemia de un centenar de presos, entre ellos los del procés, clasificados en segundo grado –el ordinario– pero que antes del estado de alarma podían salir ente semana de la cárcel para trabajar. Inmediatamente fuentes del Supremo replicaron que permitir la excarcelación podría ser delictivo y finalmente las juntas de prisiones de las tres cárceles donde permanecen los presos del procés descartaron dejarles pasar el confinamiento en casa.
A criterio de Junqueras, el aviso que mandó el Supremo a los funcionarios de prisiones catalanas supone una “amenaza o coacción” que debe ser investigada judicialmente para comprobar “quién promovió, confeccionó y emitió el mensaje”. En caso de hallar indicios de que el promotor del mensaje hubiera sido un magistrado de la Sala Segunda del Alto Tribunal, Junqueras indica al juez de Manresa que debería inhibirse al Tribunal Supremo por la condición de aforados de los magistrados.
El líder de ERC solicita una batería inicial de diligencias “urgentes” al juez de instrucción de Manresa: requerir el teléfono del servicio de prensa del Tribunal Supremo por el que, según Junqueras, el Alto Tribunal envió el mensaje, y citar como testigos a los responsables de prensa del Supremo “para que expliquen qué personas y en qué circunstancias se confeccionó y determinó el envío del mensaje así como para que den su consentimiento, si fuera necesario para acceder al mensaje original, para el examen judicial del mismo”.
Junqueras argumenta que el mensaje del Supremo “tuvo la voluntad de afectar la toma de decisiones libres de los funcionarios de las Juntas de Tratamiento”, formadas por el director, jurista, psicólogo y educador social de las respectivas cárceles.
Además, Junqueras indica que mantener a los presos con 100.2 en la cárcel va en contra de las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Ambos organismos internacionales, remarca el líder de ERC, instaron a las autoridades nacionales a “reducir el número de población reclusa, dejando en libertad a los perfiles bajos de peligrosidad”, con el objetivo de evitar la masificación en las cárceles y contener el avance del virus.