La Fiscalía considera que los 19 acusados que se han sometido esta semana a las primeras sesiones del juicio en la Audiencia Nacional por su participación en la acción Aturem el Parlament “provocaron un fundado temor en la seguridad de los parlamentarios”. Sin embargo, los diputados de CiU han sido los únicos que han declarado que tuvieron miedo intentando acceder al Parlamento el 15 de junio de 2011.
La acusación ha llamado a declarar a diputados de diversos colores políticos. Aparte de los convergentes, comparecieron diputados del PSC, ICV-EUiA, Solidaritat (SI) y Ernest Maragall, que entonces era diputado por el PSC pero ahora es el número dos de las listas de ERC para las europeas. Todos ellos coincidieron al asegurar que no pasaron miedo ese día, lo que contrasta con la “pesadilla” descrita por los parlamentarios de CiU a lo largo de las sesiones del juicio.
El diputado Josep Maria Llop (CiU), invidente, asegura que escuchó amenazas de muerte y que sufrió “empujones, escupitajos y acoso”. Considera que cuando se sentó en el Parlament “fue como si hubiera sido una pesadilla”. Su compañera de partido Ana Isabel Marcos explicó durante el juicio que sufrió una crisis de ansiedad, por la que recibió atención médica una vez en el Parlament, y habló de la agresividad y el miedo que sufrió. Jordi Turull, portavoz del grupo parlamentario de CiU, afirma que sintió “desconcierto y miedo porque no sabía cómo acabaría”.
En la misma línea declaró el entonces diputado Gerard Figueras, también de CiU: “Sentí miedo, me sentí coaccionado, sufrí agresiones verbales y físicas, a pesar de no comprender lo que estaba sucediendo”. Figueras puntualizó que iba acompañado de Alfons López Tena, entonces representante de SI, durante parte de su recorrido, pero éste narra su experiencia de una manera muy diferente.
“No temí en ningún momento por mi integridad”
López Tena aseguró que no sufrió ninguna agresión física. “No me empujaban, sólo hacían una barrera con los cuerpos para que no pudiera pasar”, declaró. “No temí en ningún momento por mi integridad”, remarcó.
Entre los miembros de grupos de la oposición, la más contundente con los concentrados fue Montserrat Tura, y sin embargo, aseguró que no sintió miedo, pero sí vio alterada su libertad y su derecho a ejercer sus funciones parlamentarias. También repitió que ha renunciado a pedir indemnizaciones por las pintadas que recibió en la gabardina por parte de uno de los manifestantes.
Por parte de ICV estaban llamados a comparecer el diputado Salvador Milà y el exdiputado Joan Boada, que, junto a López Tena, han sido los únicos que han rechazado la posibilidad de declarar por videoconferencia. Milà declaró que no observó “ningún tipo de agresión ni de maltrato” y que, personalmente, no tuvo “ninguna incidencia ni física ni moral”. Además, a diferencia de Tura, remarca que no vio impedido el ejercicio de sus funciones.
Boada, por su parte, describe una experiencia más desagradable. En su declaración explica que algunos manifestantes lo insultaron, le lanzaron pintura al cuello y una botella vacía, pero aún así rechazó calificar la situación como peligrosa.
Ernest Maragall, que declaró en la última sesión hasta que se reanude el juicio el próximo 25 de abril, aseguró que el proceso contra los acusados es “desmesurado, en el planteamiento que se formula en términos penales”, cuando cree que los hechos “podrían calificarse como faltas en el peor de los casos, pero no como delitos”. El ex conseller socialista señaló que se trataba de una protesta legítima y que no le faltaron el respeto. De la misma manera que los representantes de ICV y López Tena, considera fuera de lugar que el caso se haya llevado a la Audiencia Nacional.
Críticas a la actuación policial
Joan Boada, que fue secretario general de Interior durante el tripartito, fue muy crítico con el despliegue policial de ese día. “Era un desastre de dispositivo policial y parecía que había una cierta intención de hacerlo tan mal para que los diputados nos sintiéramos perjudicados en esta situación”, aseguró.
Desde CiU, Jordi Turull no quiso criticar la actuación, pero opinó que los Mossos se vieron “sobrepasados” por la cantidad de gente y la tensión del momento. El presidente Artur Mas, por su parte, cuando se le preguntó por el operativo respondió que el Departament de Interior era el encargado de decidir el dispositivo policial bajo su “estricta responsabilidad”.
López Tena coincidió en la crítica a la policía catalana y en concreto al entonces conseller Felip Puig. Remarcó el hecho de que estuvieran cerrados por parte de la policía todos los accesos menos uno al Parlament y que se tuviera que acceder a pie. Estos elementos “dieron como resultado una ratonera montada por el señor conseller de Interior”, aseguró.