La celebración de un evento privado en un club de cannabis de Barcelona ha tenido graves consecuencias para los responsables de la asociación que regentaba el local. El Tribunal Supremo ha condenado a la presidenta, al secretario y al tesorero de uno de estos espacios a tres años de cárcel por haberlo cedido para una fiesta en la que se distribuyó cannabis a personas que no eran miembros de la entidad.
El evento se celebró a principios de marzo de 2018, coincidiendo con la celebración de la feria Spannabis, considerada la más relevante del sector y que reúne en Barcelona a buena parte de los empresarios, activistas y trabajadores del sector de la marihuana de todo el mundo.
El local de esta asociación, situado en el centro de la ciudad, fue cedido para un evento privado en el que se iba a promocionar el libro de Mila Jansen, una octogenaria que inventó diversas técnicas para elaborar hachís y revolucionó las resinas que se obtienen de la marihuana. Los socios habituales del local fueron avisados de que, debido a un evento privado, el local permanecería cerrado ese día entre las 13 y las 20h.
El evento también formaba parte de una suerte de “copa cannábica” por 28 locales de este tipo en la ciudad, también coincidiendo con la feria Spannabis, para el que se podía comprar un pase que permitía visitar distintas asociaciones y probar y valorar los productos que se presentaban a concurso.
El día de esta celebración privada, tres agentes de la Guàrdia Urbana de paisano interceptaron en la salida del local a diversos asistentes que no eran miembros de la asociación y habían obtenido cannabis en su interior. Muchos de ellos eran extranjeros que estaban esa semana en Barcelona debido a la mencionada feria y habían acudido al evento, cuyas entradas se podían comprar a través de una conocida plataforma de venta de tickets.
Al haberles denegado la entrada al local, la Guàrdia Urbana obtuvo una orden de registro para el día siguiente e incautaron diversas sustancias con THC, el principio activo del cannabis, así como diversos productos de merchandising de la fiesta del día anterior. También se identificaron, de nuevo, turistas en el interior de la asociación a los que habían asignado un número de socio “dispar e irregular”, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.
A diferencia de otras ocasiones, en las que el Alto Tribunal ha estimado los recursos de los clubes de cannabis y ha anulado las condenas por asociación ilícita, el Supremo considera que en esta ocasión sí que concurre este delito porque, entre otros aspectos, a ese local accedieron y adquirieron cannabis distintos consumidores que no eran miembros de la asociación en presencia de los responsables del club.
“Con la fiesta organizada en la sede (...) los acusados permitieron y promovieron la distribución de marihuana dentro del local de la asociación a personas que no eran socias”, reza la resolución del Supremo que desestima los recursos de los responsables del club.
El fallo, que no se puede recurrir, condena a los responsables a un año de prisión por un delito contra la salud pública y a dos por el mencionado de asociación ilícita. Los condenados también deberán pagar más de 22.000 euros de multa cada uno y parte de las costas. El Supremo les ha inhabilitado para cualquier empleo o cargo público durante un año y también ha acordado la disolución de la asociación.
Hasta la fecha el Tribunal Supremo había rebajado buena parte de las penas de cárcel a las que habían sido condenados los impulsores de diversos clubes de cannabis, entre ellas la del primero que se abrió en Barcelona en 2006. En esta ocasión, sin embargo, el Alto Tribunal ha confirmado la condena y las conclusiones a las que llegaron el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y la Audiencia de Barcelona.
La sentencia del TSJC que intentó ser recurrida por este club también tuvo en cuenta que algunos de los interceptados en el interior del local aseguraron a los agentes que habían llegado a la asociación a través de captadores de clientes en las calles más céntricas de la ciudad.
El fallo, fechado a finales de octubre, muestra de nuevo el abismo entre la percepción social de un sector de la ciudadanía —que prácticamente ve el cannabis como una sustancia legal que se puede comprar en estos locales, en los que incluso se celebran concursos donde se valoran diversos tipos de marihuana— y las graves consecuencias legales a las que todavía se enfrentan las personas que regentan las asociaciones de fumadores.