El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena de 21 años y nueve meses de cárcel impuesta al profesor pederasta de colegio religioso barcelonés de Maristas por abusar sexualmente de cuatro alumnos menores de edad entre 2006 y 2009. Los jueces avalan la declaración de las víctimas contra el docente y también que la fundación que gestiona el centro debe ser declarada responsable civil subsidiaria de las indemnizaciones.
Joaquín Benítez, que está en libertad a la espera de la ejecución de su condena firme, fue detenido en 2016 acusado de abusar de alumnos menores de edad a los que daba clase de gimnasia en el colegio de los Hermanos Maristas de Sants, en Barcelona. El centro llegó a reconocer 400.000 euros en indemnizaciones a 25 alumnos que denunciaban haber sufrido abusos por parte de profesores del centro, el primer caso en que una institución religiosa indemnizaba de esta forma a víctimas de pedófilos sin pasar por el juzgado.
El caso de Joaquín Benítez ha quedado sentenciado en firme con un relato de hechos probados que refleja cómo durante años abusó sexualmente de cuatro alumnos con la excusa, entre otras cosas, de darles masajes en la espalda tras las clases de educación física que impartía.
El Supremo no sólo confirma la condena de cárcel del pedófilo –que Benítez ha esperado en libertad– sino que la aseguradora del colegio se debe hacer cargo de las indemnizaciones de forma directa y la fundación privada que lo gestiona de forma subsidiaria. Explican los jueces que todos los ataques del pederasta tuvieron lugar en su centro de trabajo: “Los abusos sexuales se produjeron en el ámbito académico, dentro de las instalaciones y horario escolar, cuando el autor ejercía su condición de profesor de los menores, aprovechando su ascendiente sobre ellos y los medios y oportunidad que le ofrecía el ejercicio de su actividad académica”, explica el Supremo.
Benítez, dice el Supremo, usó su puesto y su posición dominante sobre los menores para perpetrar los abusos. “En todos los casos la acción se produjo mediante prevalimiento de la relación de dependencia y, a la vez, de ascendencia, existente entre los menores y el profesor”, reprochan los jueces. Fueron abusos cometidos “en el contexto de una relación escolar y en su mayor parte de forma clandestina cuando profesor y alumnos estaban solos”.