La causa contra los políticos catalanes pendientes de juicio por el procés ha pisado el acelerador. El juez Pablo Llarena ha dictado este martes un auto concluyendo el sumario contra la exconsellera Clara Ponsatí, dejando su caso por un delito de desobediencia en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo que en la práctica implica el paso previo a la presentación de acusaciones y celebración del juicio.
Ponsatí fue detenida ayer en Barcelona y puesta en libertad después de prestar declaración desde un juzgado de la ciudad. El magistrado instructor había ordenado su búsqueda y captura dentro de España después de que no se presentara a su anterior citación tras volver a España después de casi un lustro fuera del alcance de los tribunales. Su acusación inicial, tras la derogación del delito de sedición, quedó en un delito de desobediencia.
Se trata del segundo movimiento en torno a la causa judicial contra el procés independentista catalán después de que ayer los fiscales del caso pidieran al juez Llarena que moviese ficha también en torno a Carles Puigdemont. Después de que el Tribunal General de la Unión Europea confirmase que el expresident catalán no está protegido por la inmunidad de su puesto como europarlamentario, el Ministerio Público solicitó al instructor que volviese a ponerle en búsqueda y captura internacional y que se preparase para activar de nuevo el proceso de extradición.
Clara Ponsatí es una de las exconselleras del Govern de Puigdemont que abandonó España poco antes de ser llamada a declarar por primera vez y no regresó hasta finales del pasado mes de marzo. En esa ocasión, Ponsatí no compareció en el Tribunal Supremo cuando fue llamada por Llarena para su declaración indagatoria y también fue arrestada en las calles de Barcelona.
Su situación procesal ha cambiado mucho en el último año. Originalmente fue procesada en 2018 por el Tribunal Supremo por un delito de rebelión junto con Puigdemont y otra decena de altos cargos de la Generalitat. Su procesamiento bajó al delito de sedición cuando la Sala de lo penal rechazó la acusación de la Fiscalía y optó por condenar por ese segundo delito, y quedó en desobediencia después de la reforma legal que eliminó este artículo del Código Penal.