Laura Borràs, presidenta de Junts, no recuperará su asiento en el Parlament de Catalunya. El Tribunal Supremo ha rechazado su último recurso y ha confirmado la decisión de la Junta Electoral de retirar el escaño de la expresidenta del Parlament después de haber sido condenada a cuatro años de cárcel por trocear contratos para adjudicárselos a un amigo cuando estaba al frente de la Institución de les Lletres Catalanes. La política todavía está a la espera de saber si su condena penal es ratificada y si, como propusieron los jueces catalanes, recibe un indulto parcial.
Borràs, máxima dirigente del partido de Carles Puigdemont, fue presidenta del Parlament catalán entre marzo de 2021 y julio de 2022, cuando tuvo que dejar su acta de diputada y el sillón más alto de la cámara catalana. La razón fue la condena de cuatro años de cárcel impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.
Según declararon probado los jueces, Borràs troceó hasta 18 contratos de la ILC, dependiente de la Generalitat de Catalunya, por un valor de 335.700 euros para beneficiar a un amigo sin un concurso público. Lo hizo entre 2013 y 2017, según la sentencia condenatoria que le impuso cuatro años de prisión, 13 más de inhabilitación y que propuso un indulto parcial que podría evitar su entrada en prisión.
La orden de la Junta Electoral, que ahora confirma el Supremo en sentencia firme, llegó poco después. En los meses previos, Borràs había intentado sin éxito que los jueces mantuvieran su escaño de forma cautelar pero todas sus peticiones han sido rechazadas. El Supremo, explica en una nota “no tiene dudas” de que es constitucional que esta inelegibilidad sobrevenida venga por una sentencia condenatoria aunque aún no sea firme.
La sentencia sobre el caso de Borràs llega pocos días después de que el PSOE haya registrado una ley de amnistía que afecta a líderes independentistas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pero también a medio centenar de policías y guardias civiles investigados por las cargas del 1-O y, en total, cerca de 400 personas inmersas en procesos judiciales relacionados con el procés independentista catalán. Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental, no entra en esa ley y su condena tendrá que ser revisada por la sala segunda del Supremo.
Enfrentamiento con ERC
La retirada del escaño de Laura Borràs se tradujo en un enfrentamiento entre Junts y ERC cuando el partido de Oriol Junqueras, el PSC y la CUP votaron a favor de su suspensión como presidenta desde la Mesa de la cámara catalana, aplicando el artículo del reglamento que obliga a apartar a los diputados a los que se les abra juicio oral por corrupción.
El enfrentamiento de Borràs con los dos partidos independentistas representados en la Mesa venía de atrás. En el caso de la CUP, por suspensión del diputado Pau Juvillà. Con ERC, socio de Govern hasta octubre de 2022, las fricciones por la oposición interna de Junts al ejecutivo que lideraba Pere Aragonès se habían incrementado ya entonces por su asistencia a la mesa de diálogo con el ejecutivo central.
En su última comparecencia como presidenta de la cámara catalana en julio de 2022, Borràs cargó con dureza contra los parlamentarios que habían firmado su suspensión: “Estos diputados no han venido hoy vestidos de diputados sino vestidos de jueces hipócritas y me han suspendido los derechos y deberes”, afirmó.