Las luces del Parlament se han apagado para Laura Borràs este jueves. La Mesa ha suspendido como diputada –y presidenta– a la líder de Junts, tal y como establece el reglamento para los representantes a los que se ha abierto juicio oral por corrupción. Acaban así semanas en las que Borràs se ha atrincherado en el cargo señalando como “inquisidor” a cualquiera que abogara por contradecir sus tesis.
Sin aportar más pruebas que su propia palabra, Borràs ha mantenido que la acusación de fraccionar contratos para beneficiar a su amigo Isaías H. cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018 es un caso de persecución política. Se ha negado a explicar los correos electrónicos y los audios que la incriminan, y se ha molestado cuando prensa y oposición le han preguntado por ellos.
Borràs ha convertido sus últimos días en el cargo en una petición de adhesión incondicional que ha levantado críticas en su propio partido. Varios dirigentes de Junts han pedido que se apartara para no comprometer a la institución. “Si me quieren muerta, tendrán que matarme y mancharse las manos”, ha sido la respuesta de Borràs antes de su caída, el último capítulo de una obra que empezó en 2017 y de la que todavía le queda un epílogo en forma de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
I – Los “trapis” con “la jefa”
Noviembre de 2017. La Generalitat, por primera vez en la historia, está intervenida en virtud del artículo 155 con el que el Gobierno del PP descabezó el otoño soberanista catalán. Borràs dirige desde 2013 la ILC y vive, en sus propias palabras, el nacimiento de su vocación política a raíz de las cargas policiales del 1-O. Isaías H. no sabe que los Mossos d'Esquadra escuchan lo que dice por teléfono y confiesa a un amigo su inquietud por el momento político catalán:
Yo tengo una de marrones, buff. Yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí. Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora [de la ILC]
Isaías H. hacía años que conocía a la entonces directora de la ILC: habían compartido grupo de investigación sobre literatura digital y clases en la Universidad de Barcelona. En la charla, Isaías H. no sabe cuál será el futuro político de Borràs por el 155, pero prefiere ver el vaso medio lleno: “Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre”.
Por aquel entonces Isaías H. estaba investigado en unas pesquisas distintas que, como tantas otras causas, arrancaron por casualidad. El 31 de octubre de 2017 en la oficina postal de Castellbell i el Vilar (Barcelona) se interceptó un sobre dirigido a un apartado de correos de Isaías H. con veinte billetes falsos de 50 euros. Los Mossos pincharon teléfonos, confirmaron sus sospechas y en diciembre registraron la casa de Isaías H., donde se hallaron más de 100 comprimidos de MDMA y 80 gramos de marihuana.
En noviembre 2019, Isaías H. pactó una condena con la Fiscalía de cinco años de prisión por falsificación de moneda, fraude en el fluido eléctrico y tráfico de drogas, con la atenuante de drogadicción. El ingreso en prisión se suspendió.
II – Los correos y su hallazgo
Los Mossos empezaron a investigar, bajo secreto de sumario, la gestión de Borràs en la ILC a raíz de la charla interceptada en 2017 a Isaías H. El 27 de noviembre de 2018, con Borràs ya en el Govern como consellera de Cultura, registraron la sede de la ILC y el domicilio de Isaías H. En varios discos duros de Isaías los investigadores hallaron todos los presupuestos y facturas de los 18 contratos a dedo investigados. Una de las carpetas tenía el nombre de “presupuestos-LAURA”.
Además de los presupuestos, los Mossos hallaron los correos que ponen contra las cuerdas a Borràs. Son dos intercambios de correos con su amigo de 2013 y 2014. “Como tienen que hacerse tres presupuestos para cada una de las personas o empresas diferentes, yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro y solo ganas uno, el más económico de la serie (...). El resto se podría hacer con la empresa de Andreu [el tercer acusado] y quizá con la cooperativa de Madrid”, dice Borràs a su amigo. “Envíame a mí los conceptos e importes aproximados y si conviene ya lo haré yo”, apostilla Borràs.
La cuestión es fraccionar
“Hola Isaías (...) En cuanto a los temas pendientes: el presupuesto tiene que quedar detallado como si fuerais profesionales independientes para los totales que no se pueden superar, como sabes, los 18.000 + IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diversos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente”, asevera Borràs en otro correo.
Durante esa jornada de registros empezaron las sospechas de injerencia política en la investigación. El caso estaba todavía bajo secreto de sumario y Borràs puso en aprietos al entonces conseller de Interior, Miquel Buch, al asegurar en una entrevista en RAC-1 que el responsable de la policía catalana le había dicho que no la investigaban. Tal fue el enfado de la jueza instructora por las declaraciones de Borràs que retiró el caso a la policía catalana y se lo encargó a la Guardia Civil. Borràs ha alegado que ese cambio se produjo porque los Mossos no hallaron ningún delito, pero la realidad es que se debió a su traspié radiofónico.
A lo largo de las pesquisas, los investigadores de los Mossos del caso Borràs –cuyo responsable fue relevado con el nuevo Govern de Aragonès– llegaron a esconder archivos para que no fuesen controlados a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), la empresa pública que gestiona todo el servicio informático de la Generalitat. Y tuvieron problemas para encontrar en los servidores de la ILC los correos con Isaías H.
III – El funcionario da la puntilla
El avance de la investigación corrió en paralelo al meteórico ascenso político de Borràs. En noviembre de 2019 la jueza de Barcelona lo tuvo todo listo y envió la causa al Supremo, donde Borràs estaba aforada porque era la jefa de filas de Junts en el Congreso. La líder del Junts ha acusado a la jueza de Barcelona de investigarla pese a su condición de aforada, pero la ley exige a los jueces de instrucción que recopilen indicios antes de pedir al Supremo que impute a un diputado.
Así lo hizo la instructora: además de los documentos, testificó una funcionaria de contabilidad de la ILC que expresó sus dudas sobre los contratos a dedo, así como varios responsables de las cooperativas de las que presuntamente se sirvió Isaías H. para presentar falsas ofertas a la ILC y enmascarar así que solo era él quien aspiraba a los contratos.
Los administradores de las cooperativas rechazaron haber presentado las ofertas, de lo que se desprende que Isaías H. –que era socio de varias de ellas– se sirvió de esa condición driblando a los responsables de las mismas. Los investigadores también descubrieron que el dinero de los 18 contratos –aunque solo seis se dieron directamente a dedo a Isaías H. y el resto a varias cooperativas y a un conocido suyo– terminó en las cuentas de Isaías H. Un total de 330.442,65 euros.
Borràs se acogió a su derecho a no declarar en el Supremo, y siguió cuestionando los correos que escribió. Llegó a asegurar que se habían “manipulado”, pero no llegó a formalizar ninguna denuncia por falsificación documental. Al encabezar la lista de Junts a la Generalitat en 2021 y alcanzar al presidencia del Parlament, la causa viajó de vuelta a Barcelona hasta el Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC).
Con el juicio cada vez más cerca, un funcionario imputado del caso quiso evitar a toda costa una inhabilitación que le costaría la carrera y se salvó del juicio aportando más munición a la Fiscalía contra Borràs, en forma de documentos y audios. El funcionario entregó los correos previos y los informes internos de la Generalitat de 2014 –tres años antes del audio de “los trapis”– que cuestionaban la gestión de Borràs. En suma, no fue la Guardia Civil ni, en este caso, ninguna cloaca. Fue la Intervención de la Generalitat la que alertó de que Borràs daba demasiados contratos a dedo en la ILC.
La puntilla fueron los audios que Borràs envió al funcionario, desvelados por elDiario.es, en el que la política pide al empleado público todos los contratos de la ILC con Isaías H. y solicita que la avise –pese a que ya no dirigía la entidad– si volvían los Mossos.
IV – O conmigo o contra mí
Con estos mimbres, el procesamiento y la posterior acusación de la Fiscalía y apertura de juicio oral por corrupción eran más que previsibles. Cabe resaltar que todos los correos y documentos del sumario, salvo los aportados a última hora esta primavera por parte del funcionario, ya formaban parte del caso cuando Borràs aceptó ser presidenta del Parlament en febrero de 2021. Es decir, la posibilidad de que terminara suspendida por un juicio por corrupción no era una quimera, sino algo bien real, tal y como advirtieron a Borràs algunos grupos del Parlament al inicio de legislatura.
Borràs ha hecho caso omiso de todos los avisos. A medida que su caída se convertía en inevitable, reafirmaba su creencia de que es una víctima de persecución política y se negaba a comentar los correos del caso. El nerviosismo en su entorno iba en aumento. Ajena a la autocrítica, Borràs se ha ido del Parlament llamando “hipócritas” a sus compañeros de Mesa.