El Tribunal Supremo ha puesto en marcha el proceso para decidir si imputa o no a Carles Puigdemont por terrorismo tal y como ha pedido el juez Manuel García Castellón. La Sala ha dejado en manos del magistrado Juan Ramón Berdugo la decisión final de abrir o no una causa contra él y ha pedido a la Fiscalía, que se ha opuesto a este movimiento en la Audiencia Nacional, que informe sobre si deben investigar por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic al expresident catalán, a Marta Rovira y a diez personas más.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se dirigió al Tribunal Supremo a finales del pasado mes de noviembre para solicitar la imputación por terrorismo del expresident en el marco del caso Tsunami: la investigación a las manifestaciones multitudinarias que protestaron en 2019 contra la sentencia condenatoria del procés. El instructor optó por el terrorismo al entender que el fallecimiento de un hombre, que los Mossos desvincularon de la protesta, permite acusar por ese delito.
Según el instructor, además, existen pruebas suficientes para entender que Carles Puigdemont, para entonces ya desde hacía dos años fuera de España, jugó un papel protagonistas en esas protestas y, por tanto, se le puede responsabilizar de los resultados. Hace unos días, después de un recurso de la Fiscalía, el juez se reafirmó en esos argumentos y aseguró, incluso, que en estos meses los indicios contra el eurodiputado de Junts eran todavía mayores.
Ahora será la Fiscalía ante el Tribunal Supremo la que informará sobre si los jueces, además de declararse competentes por el aforamiento de Puigdemont, deben abrir una causa contra él. Hasta la fecha, en la Audiencia Nacional, la Fiscalía se ha opuesto a la posible imputación del expresident, llegando a acusar a García Castellón de manipular y tergiversar las pruebas para forzar la imputación de Puigdemont: “Aquí no hay grupo ni organización sino un perfil en las redes y postrearamente una app para teléfonos móviles”, dijo el Ministerio Público, enfrentado al magistrado por este asunto. La decisión final estará en manos del juez Juan Ramón Berdugo.
Negociaciones para la amnistía
El desarrollo de esta causa ha avanzado en paralelo a las negociaciones entre Junts y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez con la futura ley de amnistía en el centro de las negociaciones. La posible imputación de Carles Puigdemont por terrorismo en el casi Tsunami, junto con la inclusión o no de este delito en la amnistía, se ha convertido en uno de los principales escollos de las negociaciones.
Por el momento, el borrador presentado por el PSOE rechaza amnistiar a condenados en firme por terrorismo, lo que abre la puerta a que imputaciones o condenas de la Audiencia Nacional podrían quedar protegidas por esa futura ley.