¿Corrupción a gran escala o una irregularidad administrativa? En esta disyuntiva se sigue moviendo el caso Bomberos de la Generalitat. La testigo clave, la abogada de la conselleria de Interior que alertó del presunto fraude, no ha despejado demasiadas incógnitas en su declaración como testigo de este lunes. Según fuentes presentes en la comparecencia, la letrada ha dicho desconocer si se pagaron comisiones a la empresa Iturri a cambio de las reparaciones en los vehículos del cuerpo de Bomberos.
Ante la jueza de Barcelona que investiga a siete cargos de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya por supuestamente hinchar facturas en el mantenimiento del parque móvil han testificado este lunes la letrada que denunció el caso y su jefe, el responsable de la asesoría jurídica de Interior, Francesc Claverol, quien pilotó una información reservada al respecto que derivó en una denuncia de la propia conselleria ante la Fiscalía. La causa judicial está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, fraude en la contratación y falsificación de documento público, pero no -por ahora- cohecho.
La abogada de Interior, han explicado fuentes jurídicas, ha relatado a la jueza que el anterior director de Bomberos de la Generalitat, Manel Pardo, fue a verla el año pasado y le pidió hablar con su superior, Francesc Claverol. Sin embargo el abogado jefe no estaba. Entonces fue el propio Pardo quien le dio a la letrada un documento donde se detallarían un reguero de irregularidades en la facturación con Iturri y una anotación de “+2%”. Ese porcentaje “asustó” a la letrada, han precisado las fuentes, que decidió poner la situación en manos de Claverol.
En su testifical de este lunes, Claverol ha explicado que tras recibir la denuncia de la letrada trasladó el caso a la secretaria general del departamento en la etapa de Sàmper, Elisabet Abad, quien formalizó la apertura de una información reservada. En esa investigación interna se descubrieron facturas de revisiones realizadas varias veces en el mismo vehículo, reparaciones a vehículos con matrículas que no se correspondían y facturas sin conceptos.
¿Es el 2% una rebaja del clásico porcentaje ligado a la corrupción convergente? Sin llegar a este extremo, los antiguos responsables del departamento de Interior, empezando por el exconseller Miquel Sàmper (Junts), sí vieron que algo no cuadraba, y derivaron el caso a la Fiscalía. Los actuales titulares de la conselleria, capitaneados por el republicano Joan Ignasi Elena, rescindieron el contrato con Iturri, pero al mismo tiempo restan relevancia al caso.
Lo que no está en discusión es que al menos desde al menos el año 2014 hasta el pasado año el dinero que entregaba la Generalitat a Iturri tras formalizar el contrato era insuficiente, por lo que se recurrió al llamado mecanismo de reconocimiento extrajudicial de crédito, figura que no está en la ley de contratos, pero sí en el Código Civil, para pagar las reparaciones una vez se terminaba el dinero. El gasto extraordinario no lo decidía el departamento de Interior, sino que debido a su excepcionalidad lo aprobaba el Consell Executiu del Govern.
El actual departamento de Interior alega que no hay “ningún indicio” de que altos cargos de los Bomberos de la Generalitat se beneficiaran económicamente de los contratos del cuerpo que investiga la justicia, pero admite “episodios de insuficiencia de crédito” por “disfunciones” en los procesos de licitación. Iturri lleva más de una década ganando los concursos, incluso después de que el tribunal que los arbitra los anulara tras la denuncia de una empresa rival. Es en esta falta de liquidez en la que las defensas del caso enmarcan el 2% anotado en un papel.
Ese porcentaje, siempre según las defensas, se refiere al recargo que, por contrato, la Generalitat estaba obligada a abonar a Iturri por gastos de gestión. Según los pliegos del contrato que este diario ha podido consultar, el porcentaje de recargo podía llegar hasta el 9,5%. Previsiblemente esa será la versión que mantengan los investigados del caso, entre ellos el actual responsable de los Bomberos, Joan Delort; o el delegado de Iturri en Catalunya, Eduardo D. Todos ellos declararán ante la jueza entre febrero y abril.