La Inspección de Trabajo se ha presentado este miércoles en el matadero de Le Porc Gourmet, ubicado en Santa Eugenia de Berga (Barcelona), para investigar las condiciones laborales de sus trabajadores. La inspección responde, entre otros motivos, a la denuncia del colectivo 'Càrnies en Lluita' tras el despido de 28 personas el pasado 3 de febrero y la supuesta amenaza de hacer lo mismo con otras 500 que trabajan en la planta.
Los inspectores de trabajo han acudido al matadero de Le Porc Gourmet, propiedad del Grupo Jorge (una de las mayores cárnicas de España, especializada en el sector porcino), acompañados por un dispositivo de la Policía Nacional. Fuentes de la Inspección han confirmado a eldiario.es que la actuación busca garantizar el cumplimiento de la normativa laboral tras las denuncias de trabajadores y supervisar las subcontrataciones de cooperativas.
Se da el caso que las condiciones laborales en Le Porc Gourmet fueron denunciadas recientemente en el programa Salvados de La Sexta. Varios de sus trabajadores explicaron cómo no les pagan las horas extras, ni las vacaciones, ni material necesario como los cuchillos, ni las bajas cuando se cortan.
La batalla contra las “falsas cooperativas”
El sector cárnico ha sido objeto en los últimos años de numerosas denuncias por las condiciones de precariedad e inseguridad de sus trabajadores. En Catalunya, ahora la insistencia de los sindicatos es combatir las “falsas cooperativas”, a las que están afiliados muchos de los trabajadores y a través de las cuales algunas cárnicas contratan sus servicios sin tener que garantizarles protección social. Pese a fichar cada mañana en el matadero, a la práctica son como autónomos.
Para evitar estas prácticas, el Parlament reformó el pasado marzo la ley de cooperativas de 2015. Así, cuando las cooperativas ofrecen servicios a terceros, como sucede a menudo con las cárnicas, lo deben hacer en condiciones “equivalentes” a las del convenio colectivo del centro de trabajo principal.
En el caso de los 28 despedidos, sus abogados denuncian que Le Porc Gourmet, que les empleaba a través de la cooperativa Clavial, con sede en Vic, les presionó para que se afiliaran a una cooperativa gallega, Auga, para esquivar la nueva legislación. Ellos se negaron y por ello se les despidió, denuncian. Ahora, además, temen que suceda lo mismo con otras 500 personas de la misma cooperativa, que aprobó en su última asamblea estar sujeta a la legislación catalana.