La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha fijado el criterio que utilizará el gobierno de Barcelona en los diversos casos judiciales en que, como ocurre con los huelguistas de Sant Andreu, está el consistorio personado en la causa penal. La idea expresada es considerar la vía penal como excepcional y usar en los casos en que haya destrozos materiales, la vía civil para recuperar los productos que se hayan podido dañar en las protestas cívicas.
Si ayer el consistorio afirmaba no tener opinión sobre el caso de Sant Andreu, justo después de haber anunciado que se retiraba del proceso penal contra Isma y Dani, este miércoles, sin definirse claramente sobre el asunto, Colau ha fijado la posición del gobierno local respecto a asuntos similares a los mencionados.
Según la alcaldesa “los expedientes se están revisando dada su excepcionalidad”. Sin embargo, aclaró que la idea de su equipo es no presentar acusaciones penales. “Estas acciones deben ser el último recurso”. En todo caso, la alcaldesa sería más partidaria de presentar, una vez se hubieran juzgado los casos, reclamaciones para recuperar para el erario municipal los daños que se puedan haber causado en las acciones reivindicativas o protestas ciudadanas para reclamar aspectos como los relacionados con la huelga general de 2012. En todo caso, la línea general sería considerar la vía penal como excepcional y usar habitualmente la vía civil.
El caso de los dos huelguistas del barrio de Sant Andreu, en Barcelona, se juzgará el 30 de junio. Los dos vecinos están afectados por una petición de cárcel que en conjunto supera los ocho años. Los hechos ocurrieron, al igual que en el caso de Isma y Dani, del que el consistorio de Colau ha retirado este martes la acusación, durante la huelga general del 29M de 2012.
El lunes el gobierno municipal de Barcelona respondió positivamente a las peticiones que desde diferentes sectores ciudadanos se hacían para que retirara su acusación particular en el caso de los dos estudiantes que fueron detenidos durante la huelga general y contra los que el consistorio se presentó como acusación particular.
En el caso de Sant Andreu, las penas que pide el ayuntamiento, las que reclama la Generalitat, y las que pide Fiscalía suman más de ocho años. Seis corresponderían a uno de los acusados, Roger S., de conocida militancia independentista de izquierdas y dos años más se piden a Saturnino Mercader, un dirigente del sindicato CGT de los autobuses metropolitanos.
Concretamente, la petición de penas hecha por el Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Xavier Trias, reclamaba 2 años y seis meses a Roger S, por dos delitos tipificados en el artículo 315.3 del Código Penal contra los derechos de los trabajadores, es decir, 5 años de prisión.Un año más se le pide por el delito contemplado en el artículo 556 del Código Penal, que castiga la resistencia a la autoridad. A esta petición habría que sumar también una falta contra el artículo 626 del Código Penal, de deslucimiento de bienes inmuebles, que equivaldría a seis días de localización permanente.
A Mercader, el ayuntamiento le pide un año de prisión por un delito contra el artículo 556 del Código Penal, es decir, por resistencia a la autoridad.
A las peticiones mencionadas habría que añadir las que pide Fiscalía y las que pide la Generalidad. En total serían seis años por Roger S y dos años para Saturnino Mercader.
Los hechos varían si se hace caso de la denuncia de la Guardia Urbana, o si se escucha la versión de los dos acusados. En el primer caso se dice que Roger formaría parte de un piquete que durante 29 M habría realizado pintadas en varios escaparates y que habría obligado a bajar las persianas de dos establecimientos comerciales. Y que cuando lo quisieron detener se habría resistido.
A Saturnino Mercader, se le acusa de formar parte de un piquete junto con Roger, del que se habría separado. Más tarde, al ver que se detenía Roger S. Mercader habría intentado impedirlo, resistiéndose él mismo a la autoridad.
Según los acusados, que serán juzgados el 30 de este mes. Roger admite formar parte de un piquete informativo pero no reconoce haber realizado actividades contrarias a la ley y dice que no se resistió. En todo caso, considera que lo relevante no es quien realizó unas acciones u otras sino que ve absurdo que se quiera acusar una persona de impedir el derecho al trabajo cuándo las huelgas se hacen para conseguir que haya trabajo digno para todos.
Por su parte, Mercader, una persona muy conocida en el barrio, donde están las cocheras de los autobuses barceloneses, explica que después de realizar su tarea, como componente de un piquete informativo, iba a comer cuando vio un altercado con cuatro guardias encima de una persona. Dice también que fue a pedir que le dejaran y que uno de los guardias se le encaró le dijo: «yo a ti te conozco». Afirma además que acompañó al grupo hasta el ayuntamiento del barrio donde ingresaron a Roger, y más tarde fue a su casa, y que no fue hasta el día siguiente cuando recibió una llamada cuándo se enteró de que le acusaban de resistencia a la autoridad.
En todo caso, los presuntos delitos a los que se enfrentarían los dos acusados, vecinos muy conocidos en el barrio de San Andrés, serían de mucho menor importancia de los que el Ayuntamiento de Barcelona acusaba a Isma y Dani, y de los que la alcaldesa ha decidido retirar la acusación.
Sea como sea, además de la acusación del consistorio barcelonés, quedan en pie dos acusaciones más, la de la Generalitat y la de Fiscalía.