La explosión del sector turístico en Barcelona ha hecho florecer negocios insospechados. Algunos crecen sin una normativa clara que los regule. En estas situaciones los trabajadores son los que se llevan la peor parte.
Isaac Salinas es un conductor de rickshaw, esos triciclos que muchas veces contratan los turistas para desplazarse por diferentes lugares de la ciudad. Isaac ha sido despedido por exigir sus derechos. Su caso ha desvelado un mundo de negocios soterrados y poco conocidos.
El joven Isaac hace cuatro años que circula en rickshaw en Barcelona. Antes lo había hecho en Berlín. El primer trabajo en Barcelona en el sector la consiguió en una compañía que, “como la mayoría, se basa en el trabajador autónomo al que una sociedad le hace un contrato de cesión del vehículo para su explotación comercial”. Esto hace que la vinculación laboral tenga un rango inferior al contrato mercantil. Pero es que a Salinas le consta, además, que algunos chóferes trabajan sin ningún tipo de contrato.
En cualquier caso, “la relación real se basa en la cesión de un vehículo a cambio de un alquiler, en la mayor parte de los casos. El conductor obtiene la diferencia entre lo que recauda paseando turistas y dicho alquiler. A cargo su van la seguridad social, impuestos y el seguro ”, explica el conductor.
Un elemento distintivo es que lo que se puede cobrar al turista está estipulado por las empresas. La tarifa se suele publicitar en los vehículos y, curiosamente, no la fija el trabajador que asume el riesgo y que finalmente pedalea.
Ocurre también que el alquiler que fija la empresa es semanal y alguna vez al inicio de la temporada se comunica un precio y luego sobre la marcha las empresas lo suben porque afirman que hay más demanda, o con cualquier otro pretexto.
Otro elemento que en la práctica se ha impuesto en el sector es que las empresas, que formalmente no hacen más que alquilar un vehículo, fijan los días y las horas en los cuales que el triciclo tiene que estar en la calle, afirma Isaac, aunque este requisito no es uniforme.
El conductor de rickshaw tiene claro que las circunstancias citadas, a pesar de la simulación de formar parte de una relación entre empresas, lo que muestran en realidad es la existencia de una relación laboral encubierta. “Por todo ello, y fruto de mi despido, que entiendo que es una represalia por la actividad sindical, he presentado una denuncia judicial, que lleva el Col·lectiu Ronda, por entender que realmente mi caso y el de otros es el de un falso autónomo ”, asegura Salinas.
Permisos
Por las calles de Barcelona circulan por lo menos 60 triciclos, aunque hay empresas que tienen en marcha dos turnos, lo que supone la existencia de un centenar de conductores. Si se hace una media anual, con puntas en la temporada turística alta, un conductor puede vivir en Barcelona de esta actividad.
Para circular, hasta 2014, se requería obligatoriamente homologar los triciclos. Este documento sólo certificaba que el vehículo técnicamente podía rodar, no presuponía permiso para su actividad empresarial. Pero en la práctica, explican los conductores, se tomaba una cosa por la otra. “Además el documento de homologació que el vehículo podía circular por donde fuera autorizado”. Y con la presunción de permiso el consistorio repartió inicialmente las zonas de trabajo entre las dos empresas iniciales, una en el centro turístico y la segunda --no había más-- desde la calle Marina hasta el Forum.
La reacción de los conductores de las empresas que no accedieron a la zona turísticamente más productiva fue derivar su actividad, poco a poco, hacia la zona del Puerto de Barcelona. Y aquí empezó el conflicto.
Multas de 1.000 euros
En el puerto de Barcelona se da una superpoblación de visitantes y también de empresas que ofrecen servicios a los turistas. En este territorio la policía que tiene competencia es la portuaria. “La reacción de la policía para hacernos marchar de la zona ha sido cosernos a multas. El año pasado al menos en cuatro ocasiones se pusieron sanciones de mil euros. Este año han bajado en cuantía: son de 150 euros, pero se han multiplicado en número”, explica Isaac. En el mismo sentido, pero sin tanta incidencia, la Guardia Urbana también multa cuando entiende que los triciclos circulan fuera de su zona.
Los conductores, que son los que reciben las sanciones, decidieron autoorganizarse para reclamar a “sus” empresas que se implicaran para encontrar una solución a lo que tildan como “persecución o acoso policial”, ya que las actuaciones que las compañías habían hecho anteriormente no solucionaban sus problemasm, opinan los conductores. Más bien, en algunos casos, los empeoraban.
Una asamblea de conductores decidió constituir una nueva sección sindical de la Federació d'Altres Activitats (FAA) de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), a fin de tener una voz propia en defensa de sus intereses. También acordó “discutir y buscar soluciones a lo que pasa en la calle y también constituirse sindicalmente” explica Isaac. Dando un paso más allá, algunos pensaban que había que crear una cooperativa u otra figura empresarial para trabajar con más estabilidad.
Finalmente la assamblea se realizó. Se habló de la situació de las multas a los conductores i del interés por crear un ente aún por determinar. Con sorpresa los conductores vieron que en la asamblea acudieron unas 25 personas que trabajan para cinco empresas del sector. Lo hicieron a pesar de las amenazas de represalias recibidas desde alguna empresa, por ejemplo, en la que trabajaba Isaac.
Amenaza y despido
Al enterarse de la iniciativa de autoorganización, al menos el jefe de una de las empresas amenazó explícitamente sus conductores con el despido si participaban en la reunión. El resultado fue el despido de Isaac por convocar la asamblea. Su caso está ahora en territorio judicial. Isaac intenta demostrar documentalmente la relación laboral que tenía con la empresa que lo despidió.
La reacción empresarial puede haber llegado tarde porque, en contraste lo que había pasado antes, no quedó sin respuesta. Con el apoyo del sindicato se hizo protesta frente al local de la empresa a la que acusan de ejercer represión. Además, en sólo dos semanas se calcula que se han afiliado a IAC unos 40 conductores, un grado de vinculación insólito en cualquier otro ámbito.
Precisamente la agrupación sindical ha sido la que ha tomado la iniciativa de dirigirse a las instituciones del área de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de que los conductores de rickshaw sean escuchados en el proceso de regulación del sector y conseguir un marco más favorable para su actividad laboral.
“De momento nos hemos reunido con el área de movilidad. El próximo paso es dirigirnos a la autoridad portuaria para abrir otro diálogo sobre las multas”, dice Isaac. “Tenemos muchos frentes abiertos. Frenar las multas es una cuestión de urgencia. Pero, aparte, los conductores hemos realizado un análisis del sistema de autorizaciones y observamos contradicciones legales que queremos ayudar a solucionar. Tenemos muchas propuestas”, asegura.
Los conductores quieren cambiar el sistema de autorizaciones de movilidad para que se otorguen a ellos y no a las empresas, como ha ocurrido hasta ahora. “Esto nos equipararía a otras ciudades europeas como Amsterdam o Copenhague, y sería un paso importante para acabar con la precariedad y la explotación laboral del sector, ya que empodera a los choferes para encontrar sus marcos organizativos”, explica Isaac Salinas.
Los conductores son más ambiciosos: quieren establecer un precedente que ayude a dignificar las condiciones laborales del sector turístico, que tiene un peso enorme en Barcelona y ocupa cerca de 120.000 trabajadores.
El grupo que apoya a Isaac y sus compañeros ha creado perfiles en las redes sociales para difundir su lucha y sus progresos. En Twitter son @RickshawDigne y en Facebook en la página “Rickshaw Dignitat”.