15 días hábiles para abonar 5,4 millones de euros de fianza. Este es el plazo que ha acordado dar este miércoles el Tribunal de Cuentas a los 34 exdirigentes y funcionarios de la Generalitat en la causa por los gastos exteriores del procés. El órgano fiscalizador ha llegado a esta conclusión tras dos sesiones en las que ha escuchado las alegaciones de los encausados y las ha rechazado casi todas, fijando la fianza en 5.422.411,10 euros frente a los 5.422.879,48 comunicados este martes. Apenas 400 euros de diferencia.
Ahora los exaltos cargos, entre los que se encuentran los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Andreu Mas-Colell, Francesc y Raül Romeva tendrán un plazo de 15 días hábiles desde el momento en que reciban la versión definitiva del acta de liquidación provisional para depositar las fianzas requeridas. De no abonar el dinero se procederá al embargo de sus bienes. Las defensas pueden pedir más tiempo para depositar la fianza y recurrir una vez entregado el dinero. Fiscalía y Sociedad Civil Catalana, que también ejerce la acusación, tendrán después un plazo de 20 días para formular demanda.
Según fuentes jurídicas presentes en la sesión, el representante de la Abogacía del Estado ha guardado silencio después de que el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciara este martes que los servicios jurídicos del Gobierno no demandarían a los 34 encausados. Por su lado, el fiscal no ha avanzado futuros movimientos y se ha limitado a destacar la “profesionalidad” del Tribunal de Cuentas después de las críticas de las defensas, según las mismas fuentes.
El exconseller de Presidencia de la Generalitat y uno de los encausados y abogados de la causa, Francesc Homs, ha reprochado en declaraciones a la prensa a su salida del tribunal que la instructora del procedimiento no haya estimado sus alegaciones y ha criticado que la intervención de la Fiscalía en el acto de este miércoles haya sido de “naturaleza política” y no haya aportado alegaciones técnicas en favor o en contra del acta presentada por la instructora.
La nueva causa del Tribunal de Cuentas se suma a la que está pendiente de juicio por las gastos efectuados en Catalunya para el referéndum del 1-O, por la que el propio Puigdemont, sus exconsellers y una decena de exaltos cargos y funcionarios ya abonaron en enero de 2020 una fianza de 4,1 millones de euros. El procedimiento relativo a los gastos internacionales abarca casi una década de la acción exterior de la Generalitat, que según el Tribunal de Cuentas se extralimitó de las competencias que tienen todas las comunidades autónomas al dedicar fondos a “la promoción del proceso soberanista”.
La fianza es solidaria, por lo tanto si un exalto cargo no puede hacerse cargo de una de las partidas, el resto la deberá cubrir por él. De este modo, el Tribunal de Cuentas pretende asegurar el cobro del importe reclamado por si hubiera personas insolventes. La mayor suma se atribuye al exsecretario del consorcio público–privado Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,8 millones. Le siguen la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, con 3,1 millones; el exconseller Homs, con 3,1 millones; el expresident Artur Mas y el exconseller Mas-Colell, con 2,9 millones;
En el caso de dos de los indultados por el procés, el exvicepresident Junqueras y el exconseller Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,2 millones y 2 millones, respectivamente. Respecto a Puigdemont, su defensa estudia poner en conocimiento la causa del Tribunal de Cuentas ante el Parlamento Europeo habida cuenta de que a día de hoy el expresident tiene inmunidad como eurodiputado después de que la Justicia europea se la devolviera de forma provisional,